OPINIÓN
El gran negocio de los cigarrillos uruguayos
Hace cuatro años uno de cada ocho cigarrillos era de contrabando. Según la encuesta de Invamer publicada la semana pasada por la Federación Nacional de Departamentos, la cuota de mercado ilegal siguió subiendo, para 2019 ya es de uno de cada tres cigarrillos.
El contrabando de cigarrillos es una de las formas favoritas que tiene el narcotráfico para repatriar capitales. A los narcos les pagan afuera y en dólares (o euros), pero necesitan gastar acá y en pesos. Por eso detrás de todo narco siempre hay un contrabandista que le “baja” los dólares y se los “voltea” a pesos, y que también se los “lava” con facturas falsas y después se los “plancha” con empresas fachadas. El contrabando es un negocio más viejo que la misma república, solo que ahora tiene proporciones inéditas.
Hay una regla de la economía criminal: el narcotráfico y el contrabando crecen en la misma dirección y con similares proporciones, sin narcotráfico no es rentable el contrabando y viceversa. Con más de 200.000 hectáreas sembradas de coca, el contrabando tiene un superávit de capital de inversión. Al usar los contenedores de cigarrillo como moneda de cambio de la criminalidad, se bajan-voltean-lavan-y-planchan unos 230 millones de dólares por año, esa cifra incluye también lo que entra por acá y se vende en Ecuador.
Hace cuatro años uno de cada ocho cigarrillos era de contrabando. Según la encuesta de Invamer publicada la semana pasada por la Federación Nacional de Departamentos, la cuota de mercado ilegal siguió subiendo, para 2019 ya es de uno de cada tres cigarrillos. En algunos departamentos de la costa Caribe, el porcentaje de ilegalidad es del 90%. De seguir la tendencia, dentro de tres años, se venderán igual cantidad de cigarrillos legales que de ilegales.
Quienes invierten en cigarrillos de contrabando, multiplican el capital ilegal varias veces y en poco tiempo, la diferencia entre el precio de compra al por mayor en puertos ($500 pesos por cajetilla de 20 unidades) y el de venta en la calle (que promedia los $3.300 pesos), aumenta cada año. Este amplio margen de utilidad se lo reparten varios intermediarios y la tajada más grande es para quienes compran contenedores repletos, los entran, los desconsolidan y luego los venden por pacas en los sanadresitos.
Hace un par de años observamos que los contenedores de cigarrillos piratas venían de China y se compraban en Panamá (Zona Libre de Colón), entraban por los puertos principales y de allí se movían por las carreteras principales, usando papeles trocados de zonas francas. Esto se llama contrabando técnico, y así se mueven dos de cada tres contenedores contaminados. Los grandes hitos geográficos del contrabando como Paraguachón en La Guajira o la Parada en Cúcuta, quedaron en segundo plano desde hace más de una década. El contrabando es hoy un negocio de escala, de organizaciones bien montadas que usan los puertos y las vías principales.
Los datos y evidencias de los párrafos anteriores hacen parte de una investigación sobre el “El Contrabando de Cigarrillos y el Crimen Organizado en Colombia y Ecuador” que realizamos con Daniel Wiesner y Francisco Giraldo, para el Instituto de Ciencia Política (ICP). En las 60 páginas del informe final (que por consideración, está resumido en un video de seis minutos en YouTube:
Se recogen los testimonios de las autoridades, las empresas afectadas y las observaciones en las visitas de campo. No es una investigación criminal, ni tiene pretensiones de denuncia judicial, este trabajo es un análisis de cómo las políticas públicas han fortalecido y blindado esta renta criminal desde hace años.
Con los colegas del ICP, llegamos a una conclusión: Colombia tiene un sistema aduanero lleno de excepciones y gabelas que facilitan el delito. La solución no está en poner más policías y fiscales a perseguir y encarcelar contrabandistas, tampoco está en inventarse más trámites aduaneros y mucho menos en sumarles años de cárcel a los conductores de las tractomulas capturados en flagrancia. La solución consiste en crear normas con sentido común, que armonicen los principios de la seguridad nacional con el comercio exterior y la política aduanera. Suena lógico y hasta sencillo, pero al deber ser, se le atraviesan intereses políticos regionales y nacionales, tan grandes como los buques que traen el contrabando.
Volviendo al informe de Invamer-FND, hay una novedad muy interesante, que muestra una condición diferente a la que nosotros observamos. Es el importante ascenso de las tabacaleras uruguayas en el mercado negro de los cigarrillos. De las más de cincuenta marcas ilegales que se venden en Colombia, la uruguaya “Rumba” está llevándose por delante a los cigarrillos legales y también a los ilegales, sustituyendo a los cargamentos que antes llegaban de la China, India y Corea.
Según las cifras que se conocieron, “Rumba” a pesar de ser ilegal, es la marca líder en cinco departamentos, ganándole a las marcas tradicionales como Marlboro, Lucky Strike, Rothmans o Derby. Para ganar posicionarse en estos mercados tan competidos no es suficiente con tener mejores precios ($2.600 pesos menos por cajetilla al consumidor final), también se requiere de una amplia red logística y administrativa de mercadeo informal, distribución y almacenamiento, para llegar a cada esquina y cada tienda, y hacerlo sin que las autoridades intervengan. No hay que confundirse, esto es mucho más complejo que una decisión de subir o bajar los impuestos del cigarrillo, es una decisión de cómo enfrentar el crimen organizado y una de sus mejores fuentes de ingresos.
Las realidades de los dos extremos de la cadena criminal narcotráfico-contrabando no podían ser más distintas. Mientras acá ponemos los muertos, la pobreza y la deforestación que genera el crecimiento de la coca, en el otro extremo están las tabacaleras uruguayas (Compañía Industrial de Tabaco Montepaz S.A.) y sus comercializadores en Panamá, disfrutando las mieles de una bonanza construida sobre ilegalidades, coimas y alianzas criminales.
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Declaración de conflicto de interés: El estudio “El Contrabando de Cigarrillos y el Crimen Organizado en Colombia y Ecuador” citado en esta columna, dirigido por mí y publicado por el Instituto de Ciencia Política en diciembre de 2018. Fue realizado por encargo de Phillip Morris International. Una segunda versión del estudio que incluye un análisis de Panamá y la región Caribe, está próxima a ser publicada.
