¿Qué pasará con los colegios que le negaron el cupo a Emiliano, el niño con Síndrome de Down?

La primera decisión del Gobierno departamental es atender prioritariamente la situación del niño para garantizar que pueda ejercer su derecho de ser escolarizado y asistir normalmente a clases, según le confirmó a SEMANA la secretaria de Educación de Cundinamarca, Marcela Sáenz.

“Nosotros haremos el acompañamiento para que la oferta educativa le llegue; importante siempre hacer el llamado a los padres de Emiliano y a todos los que tienen niños en situación de discapacidad o que requieren una atención particular: nuestros colegios oficiales del Departamento cuentan con la posibilidad de atender a los niños; a la fecha tenemos más de 5.200 niños con algún tipo de condición que requiere un apoyo especial”.

Pero la funcionaria aseguró que irá más allá y revisará, caso por caso, cada uno de los diez colegios que se negaron a recibir al pequeño para que expliquen cómo y por qué tomaron la decisión.

“A través de nuestra Dirección de Inspección y Vigilancia propiciaremos reuniones con los establecimientos educativos para mirar las causas que produjeron esa decisión”, reveló la secretaria, quien, además, señaló que, a la luz del decreto 1421 de 2017, todos los colegios públicos y privados están en la obligación de recibir a estudiantes en condición de discapacidad.

Por eso, la entidad no descarta que -luego de recordarles a los colegios sus deberes legales y de adelantar las averiguaciones del caso, respetando el debido proceso- pueda adoptar decisiones drásticas por la negativa a que Emiliano pueda entrar a cursar kínder.

“De no atenderse eso, pues desde la Secretaría se toman las acciones respectivas, en términos de actos administrativos y demás; hay que revisar cada caso puntual, pero los trámites administrativos, de sanciones, de multas y demás, existen y se adoptan una vez se haya identificado una causa o un caso de incumplimiento de los lineamientos que nos da el decreto”.

De hecho, la secretaria confirmó que ningún colegio puede negarse a recibir a un niño en condición de discapacidad, y que tampoco tiene autorizado hacer cobros adicionales por el proceso de admisión o una pensión más elevada.

“El decreto nos señala la obligatoriedad de recibir estudiantes, independientemente de su condición y de incorporar el enfoque de educación inclusiva. Así que, ¿esto qué significa? Los costos no están asociados a la atención específica de una población, sino que están asociados a la garantía de la educación”, explica Sáenz.

Frente a la denuncia de los padres de Emiliano en el sentido de que algunos colegios estarían siendo muy selectivos a la hora de escoger algunas discapacidades más manejables, pues les implica un menor costo en adecuaciones y contratación de maestros, la funcionaria fue contundente.

“No es una cuestión de costo, sino de identificación puntual de la necesidad del estudiante; el establecimiento educativo debe contar con docentes de apoyo para la población educativa con necesidades especiales, población con discapacidad, dependiendo del tipo puntual que se requiera”; y también recalcó que es “muy importante para poder acoger a los niños en el establecimiento educativo que se dé formación al equipo docente del colegio”.

Por ahora, Emiliano puede ir alistando maleta y lonchera, porque, según Sáenz, más allá de si el colegio es público o privado, “en Cundinamarca tenemos una política inclusiva y una política educativa en la cual atendemos a nuestros niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad”.