Hoy más que nunca: ¡infraestructura verde!

Por Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura

El cambio climático es una realidad y sus consecuencias las estamos viviendo actualmente en Colombia, con la ola invernal que hasta el momento ha dejado 765 municipios afectados, más de 200 personas fallecidas y la declaración de desastre nacional por parte del presidente Gustavo Petro.

Entre los múltiples efectos por causa de las intensas lluvias, se han generado daños en la infraestructura del país, en puentes, acueductos, alcantarillados y se han afectado más de 2.000 vías, producto de emergencias viales como taponamientos, deslizamientos, pérdidas de banca, entre otras.

Teniendo en cuenta estas nefastas consecuencias, desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura, gremio que contribuye al desarrollo de la infraestructura física del país y el cual presido, apoyamos la necesidad de implementar medidas inmediatas de mitigación y adaptación para hacer frente al cambio climático, en los proyectos a nivel nacional, departamental y municipal.

Al respecto, celebramos el trabajo que se ha venido desarrollando en el país desde el año 2010, en relación con la estrategia de adaptación al cambio climático, y en el cual ha participado conjuntamente el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento Nacional de Planeación, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Instituto Nacional de Vías, entre otras entidades del Gobierno, con la colaboración de la academia, organizaciones no gubernamentales y el sector privado.

Resaltamos la incorporación de la variable de cambio climático en las concesiones de quinta generación, así como el diseño de los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial, que incluye medidas y criterios tendientes a que la infraestructura de transporte, en todas las fases de los proyectos, contribuya a la mitigación del cambio climático y a la gestión del riesgo.

Considerando lo anterior, y con el fin de reducir la vulnerabilidad del país a los efectos del cambio climático, es importante que se fortalezcan las políticas y el marco normativo sobre este tema y se consolide el relacionamiento interinstitucional, incluyendo otros actores como las entidades territoriales, el sector asegurador y el financiero, especialmente para la implementación de los lineamientos de infraestructura verde.

De la misma manera, es necesario que se inviertan recursos para el diseño, construcción y mantenimiento de nueva infraestructura resiliente y se planifiquen y ejecuten programas de mejoramiento, rehabilitación y/o mantenimiento para que la infraestructura existente pueda adaptarse a las condiciones de variabilidad y cambio climático.

Igualmente, es importante que el componente socioambiental se siga incorporando desde la estructuración de los proyectos para que la infraestructura sea funcional y así mismo garantice su sostenibilidad y resiliencia frente a eventos asociados al cambio climático. Por esta razón, es necesario fortalecer el trabajo mancomunado entre los equipos socioambientales y técnicos, así como la interrelación entre autoridades ambientales, comunidades, dueños de los proyectos y empresas contratistas.

Con el fin de apoyar la implementación de estrategias de infraestructura verde en los proyectos, como aporte al crecimiento económico, la inclusión social, la protección del medioambiente y la resiliencia al cambio climático, el gremio continuará con su disposición y compromiso en aunar esfuerzos para promover la participación de sus afiliados y ser facilitador en el relacionamiento de los distintos grupos de interés.

Colombia ha avanzado significativamente en la construcción del marco normativo para el desarrollo de la infraestructura sostenible, un concepto amplio que contempla aspectos ambientales, sociales, institucionales y financieros. Así lo explicó Agustina Calatayud,  especialista líder de Transporte en la División de Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El país, como el resto de América Latina, está llamado a saldar la brecha de infraestructura vial y cumplir con los compromisos de reducción de emisiones. En esa dicotomía, advirtió Calatayud, hay que tener claro que la infraestructura y los servicios de transporte son clave para que las sociedades sean más inclusivas y sostenibles.

Sin embargo, precisamente por el contexto medioambiental que hoy rige al mundo, para la región esto supone un doble desafío que no tuvieron que enfrentar los países líderes cuando alcanzaron los altos niveles de cobertura y de calidad que hoy tienen. El reto, reflexionó esta especialista, está en emitir la menor cantidad de emisiones en la fase de construcción.

En este sentido cobra especial relevancia el concepto de cero emisiones netas, “que desde el punto de vista de la infraestructura significa que debemos considerar el ciclo de vida de la obra: la construcción, su operación y mantenimiento”.

De acuerdo con Mauricio López, director ejecutivo de la Red Colombiana del Pacto Global de las Naciones Unidas, “la infraestructura está siendo sometida a inmensas presiones naturales y sociales. Por eso hay que insistir en el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad. El diseño y la construcción deben tener en cuenta estas variables con mayor detalle. Ya hay proyectos que incluyen estos factores: viaductos, túneles, dársenas, entre otros, con un alto componente de reforestación y prácticas ambientales”.

Para avanzar en este sentido, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con el apoyo del BID, trabajó en elaborar unas guías que permitan incluir criterios de sostenibilidad en la infraestructura concesionada. Además, avanza en pilotos con nuevos materiales y en la incorporación de lo que se llama capital natural, para emitir menos Gases de Efecto Invernadero (GEI) cuando se reparen las vías.

Al respecto, Calatayud destaca tres aspectos en los que Colombia reporta avances significativos: “En principio se encuentran las acciones que se están implementando en materia de movilidad sostenible, fomento de transporte público, uso de la bicicleta y de los vehículos eléctricos, y de la construcción de la infraestructura necesaria para esa movilidad”. La especialista consideró novedosa, en el contexto latinoamericano, la política del pico y placa solidario para incentivar un uso más eficiente de la infraestructura disponible desde el punto de vista de la demanda de tráfico, “y mitigar la congestión vial, y sus costos económicos y sociales asociados”.

Sobre el segundo aspecto, destacó la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica para impulsar la transición hacia vehículos de cero emisiones. De hecho, Colombia se comprometió a incorporar 600.000 vehículos eléctricos en su flota para 2030 en todo el territorio nacional. “Estructurar fondos, desarrollar normativas para construir una arquitectura que incentive la renovación de la flota de transporte público y privado, y el despliegue de la infraestructura de recarga son iniciativas que desde el BID estamos apoyando para tener un transporte más sostenible”, precisó Calatayud. En este proceso es clave reforzar el mantenimiento de las vías, “porque si la infraestructura que utilizan los vehículos es de mala calidad, estos consumen más combustible”.

El país también ha avanzado en el desarrollo de políticas e instrumentos para promover modos de transporte menos contaminantes como el ferrocarril y la navegación fluvial, que permiten conectar con centros educativos, de salud y oportunidades de trabajo a poblaciones ubicadas en zonas remotas, puntualizó la especialista. “Con estos tres puntos, junto con otros avances, entre ellos, en los sectores de agua, saneamiento y de energía, se está contribuyendo a que el país pueda avanzar en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.

Calatayud recordó que Colombia cuenta con una normativa que señala al transporte férreo como uno de los pilares de la transformación del sector para ser más sostenible. “Dentro de todas las prioridades de inversión que existen en materia de infraestructura, el transporte férreo es una de las principales”. Adicionalmente, ya se tienen identificados los corredores férreos hacia donde se tendrían que destinar recursos.

El BID viene trabajando de la mano del Ministerio de Transporte para evaluar el piloto del modelo de los caminos comunitarios para la paz total, que se quieren construir en todo el territorio para mejorar la cobertura y calidad de la red terciaria, con un alto impacto social y económico. “Es muy importante mejorar lo que es la primera milla logística. Existen muchísimas deficiencias que incrementan los costos en esa primera milla y que contribuyen a la pérdida de producto”, señaló Calatayud.

Mejorar las vías terciarias les permitirá a muchas poblaciones incursionar en nuevos mercados a un menor costo, y optimizar los tiempos de acceso a servicios básicos de salud y educación. Para la especialista del BID esta es una “oportunidad histórica para las regiones que tienen un menor nivel de desarrollo socioeconómico. Y esto no es solamente a través de las vías, sino también del desarrollo fluvial en zonas en donde normalmente no se llega en carretera, y las comunidades se transportan a través de los ríos”. En este sentido, destacó la visión que tiene el Gobierno de un desarrollo que potencie los diferentes modos de transporte, según las necesidades, vocación y características de cada lugar.