Financiación de grupos paramilitares es un crimen de lesa humanidad

Los empresarios bananeros señalados de haber financiado el paramilitarismo, ya no tienen el tiempo a su favor. En una trascendental decisión, este jueves la Fiscalía señaló que la entrega voluntaria de dineros a los grupos al margen de la ley debe considerarse como un delito de lesa humanidad. 

Carlos Fidel Villamil, director de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional, señaló que la decisión se tomó después de una compulsa de copias con ocasión de las declaraciones que dio Raúl Emilio Hasbún Mendoza, alias Pedro Bonito, excomandante de Bloque Arlex Hurtado del Bloque Bananero.

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De acuerdo con el postulado, empresarios bananeros -cuyos nombres dio en versión libre ante la Fiscalía de la zona de Urabá- financiaron el grupo paramilitar entre 1996 y 2004. Ese dinero, según el ente investigador, llegó a través de las Convivir cuando eran legales.

Raúl Hasbún fue el cerebro de la paraeconomía. Sirvió de enlace con el gremio bananero y utilizó las Convivir como fachada para que los empresarios le dieran plata a los paramilitares.

Uno de los hechos en los que se basa el ente investigador para tomar la decisión ocurrió el 7 de noviembre de 2001 cuando la terminal de carga del puerto de Urabá, de propiedad de la comercializadora Banadex -antigua filial de Chiquita Brands- se cargaron y almacenaron 3.400 fusiles AK-47 y cuatro millones de cartuchos 7.65, un cargamento de armas y municiones que venía desde Nicaragua.

Incluso, Carlos Castaño se referiría al ingreso de este contrabando como su "mejor gol" y como uno de los hechos decisivos para imponerse militarmente. Esto sucedió en la zona aduanera especial que por años controló Banadex y que obtuvo gracias al pago de un soborno a funcionarios de la Dian. 

El caso de Chiquita inauguró las revelaciones sobre la responsabilidad del sector privado y el alcance del dominio paramilitar en grandes zonas del país. Así como hubo una ‘parapolítica‘, este caso puso sobre la mesa cómo ha existido un ‘paraempresarismo‘. De ahí que para la Fiscalía los empresarios incurrieron en el delito de concierto para delinquir, que fue declarado como un crimen de lesa humanidad.

"Si bien en esta resolución no se analiza en particular responsabilidad de ninguna persona, surge diáfano que el empresariado bananero financió de forma voluntaria un grupo armado ilegal con el fin específico de garantizarse seguridad sin importar el precio y método utilizado lo que lleva a la Fiscalía a sostener que existió ese acuerdo de voluntades necesario para la tipificación de la conducta punible de concierto para delinquir", advierte el ente investigador.

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Que la Fiscalía haya tomado esa decisión significa que las conductas en las que incurrieron estos empresarios bananeros serán imprescriptibles. Es decir, que seguirán siendo investigadas sin que haya riesgo de que los procesos de archiven por la prescripción de los delitos.

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Se estableció que efectivamente con esos dineros aportados por los bananeros no sólo "se garantizó el financiamiento, permanencia y crecimiento del grupo armado en la zona, sino que con dichos recursos se compraron las armas que posteriormente fueron utilizadas para ejecutar toda clase de delitos como reclutamiento ilícito, torturas, desaparición forzada de personas y desplazamiento de la población civil".

La Fiscalía agregó que "a través del grupo armado al margen de la ley se metió un control social ilícito territorial y de recursos que no sólo permitió que se cooptara el movimiento sindical sino que prácticamente se eliminó el derecho a la protesta social en la zona bananera de Urabá".

En muchas partes del país, los empresarios aducen que por años, ante la debilidad del Estado, se vieron forzados a pagar ‘vacunas‘ al grupo armado ilegal que controlaba la zona. Este argumento termina siendo muy similar al de los políticos que aseguran que su relación con los paramilitares fue algo que les tocó. Sin embargo, en uno y en otro caso el argumento queda cojo al comprobarse que muchos de ellos, al contrario, buscaron ponerse siempre del lado de las instituciones.

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Durante el período en que Chiquita financió a las AUC, este grupo cometió miles de asesinatos en la zona, y muchas de sus víctimas fueron trabajadores bananeros a los que supuestamente la multinacional buscaba defender. De otro lado, la empresa también perdió. No sólo tuvo que abandonar su rentable operación en Colombia y tendrá que pagar una cuantiosa multa, sino que le será muy difícil quitar la mancha de sangre de su marca.

Ante la decisión de la Fiscalía, la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) se pronunció por medio de un comunicado. Aseguran que colaborarán con las autoridades en las investigaciones, sin embargo aclaran que siempre han actuado conforme a la ley.

"Afirmar equivocadamente que los bananeros colombianos patrocinan a los paramilitares pone en riesgo no solamente a los más de 22.000 empleos directos, a los más de 120.000 indirectos y a la economía de toda una región, sino que además genera un gran daño al comercio exterior en Colombia", explicaron en la comunicación los bananeros.

Explican, además, que se vieron "prácticamente obligados a hacer aportes a las Convivir" bajo la presión social y la urgencia de acciones que permitieran salir de la crisis de inseguridad que había, pero que "una vez fueron desactivadas (las Convivir) retiramos nuestra participación en las mismas".

Hace poco más de un año una Corte de Estados Unidos rechazó las demandas de un grupo de colombianos contra empresa Chiquita Brands. Según argumentó el alto tribunal en ese momento, no corresponde a la justicia de ese país discutir sobre lo que advertían los denunciantes.