El debate sobre el fracking en Colombia sigue ‘al rojo vivo‘. A la reciente decisión del Consejo de Estado de mantener suspendido el marco jurídico que regula el uso de esta técnica en el país y el debate realizado sobre este tema en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, se suma otra arista.
Se trata del incidente de desacato que presentaron la Corporación Podion y la Alianza Colombia Libre de Fracking por el aparente incumplimiento del Gobierno a la medida cautelar proferida por el Consejo de Estado, tras considerar que estaban siendo vulneradas dichas normas por parte de la multinacional Drummond, compañía que se encuentra explotando 15 pozos de gas en mantos de carbón, en su proyecto Caporo Norte del bloque La Loma, ubicado entre los municipios de Chiriguaná y La Jagua (Cesar).
Según estas dos organizaciones, la extracción se viene realizando en un yacimiento no convencional que se encuentra reglamentado en el Decreto 3004 de 2013 y hace parte de la normatividad suspendida por el Alto Tribunal.
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Sobre el particular, la empresa de origen estadounidense, a través de Pablo Urrutia, vicepresidente de asuntos públicos, recalcó que no se encontraba realizando fracking en el país. "Es mentira que la extracción de este tipo de gas se haga mediante el uso de esta técnica. Para lograrlo se realiza una perforación vertical y los pozos son mucho más panditos. Se les hace una estimulación hidráulica como la que se ha hecho en este país desde los años 50 en campos tradicionales como el Cusiana. Es una práctica normal que se adelanta en el mundo entero", manifestó Urrutia, para quien la información difundida por las organizaciones antifracking es imprecisa y carece de veracidad.
El directivo afirmó, además, que la decisión del Consejo de Estado de suspender las actividades de yacimientos no convencionales en el país, no cobijaba las actividades específicas asociadas a mantos de carbón.
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El vocero sostuvo que todas las actividades que implementa la empresa se han llevado a cabo bajo las regulaciones existentes, las licencias ambientales necesarias y el contrato suscrito inicialmente en 2004. "Nosotros tenemos dos contratos, el original que se dio para exploración y producción de hidrocarburos, ya fueran convencionales y no convencionales, el cual está vigente, y otro adicional que se encuentra suspendido", comentó. Urrutia se refiere al contrato adicional que fue establecido el 21 de diciembre de 2016, en el que se especificaba que se trata de yacimientos no convencionales de hidrocarburos.
La Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, entró a reforzar los argumentos de la Drummond al señalar que el proyecto denominado "Producción de Gas Asociado al Carbón, Área de Desarrollo Caporo Norte”, no utiliza la técnica de fracking y que el mismo fue radicado ante la Autoridad el 1 de diciembre de 2014, soportado en las normas vigentes para la época (Decreto 2820 de 2010), con el fin de desarrollar actividades con técnica convencional para un yacimiento de gas asociado a mantos de carbón.
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"De allí que, si bien el gas metano asociado al carbón está catalogado dentro del segmento de los yacimientos no convencionales, la técnica que se aplica para este proyecto específico es la perforación en forma convencional y vertical utilizada por el sector hidrocarburos, que es distinto de una perforación horizontal multietapa definida como fracking, a la que hace referencia el auto del Consejo de Estado y la opinión pública en general", destacó la Anla a través de un comunicado.
Según la Anla, esa entidad viene haciendo un seguimiento riguroso a ese proyecto y da cuenta que se trata de extracción convencional como la que viene siendo aplicada por el sector hidrocarburos desde años atrás. "Es muy diferente a la utilización de fracturamiento hidráulico con perforación horizontal de multietapa o comúnmente llamado fracking y al que hace referencia el auto del Consejo de Estado", enfatiza la Anla.
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