Empresas Públicas de Medellín (EPM) se encuentra en su peor situación de riesgo. Con la dimisión de la antigua Junta Directiva y las dificultades para hallar miembros que integren una nueva, pareciera que nadie quiere hacerse cargo de la decisión sobre la demanda que el grupo instauraría al consorcio de Hidroituango, impulsada por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
PanAm Post tuvo acceso a la matriz de riesgos construida por la Dirección de Ingeniería de Riesgos de EPM. La matriz muestra que EPM se encuentra en una situación de riesgo extremo.
En el mapa de riesgos, los funcionarios de EPM lograron identificar 14 riesgos de máximas consecuencias para el grupo. Siete de ellos tienen una “muy alta” probabilidad de ocurrencia y cuatro una “alta” probabilidad de ocurrencia.
Uno de los nuevos riesgos identificados, calificado como extremo, sería la “pérdida de confianza del sector asegurador, posible revocatoria de la póliza de directores y administradores y dificultades en las renovaciones de las demás pólizas del programa de seguros del Grupo”.
Básicamente lo que el equipo de riesgos de EPM identifica es un potencial riesgo de que el grupo deteriore su relación con las aseguradoras. De esta se derivan coberturas cambiarias, seguros, contratación de peritazgos en caso de siniestros, etc.
Otro riesgo extremo identificado por el equipo de riesgos es la “pérdida de confianza y restricción de fuentes de crédito, incluidas las garantías bancarias”. Esto quiere decir que, en estos momentos, EPM corre el riesgo de enfrentar restricciones a sus líneas de crédito, lo que implicaría un incremento en su costo de financiación, endurecimiento de las condiciones de préstamos a futuro e incluso la posible aceleración del pago de obligaciones financieras del grupo.
Otro escenario que se materializó fue la reducción de la calificación de riesgo del Grupo a BBB- por parte de Fitch. Esto dejó al límite al Grupo EPM en la categoría de inversión y categoría grado especulativo, e implicaría una deuda futura más alta, y las exigencias de nuevos covenants financieros para emitir bonos internacionales.
Pero posiblemente el riesgo más grande es la posibilidad del retraso del proyecto Hidroituango. La entrada de este proyecto es esencial para el plan de expansión de la capacidad generadora del país. En caso de que el proyecto no esté operando para el 30 de noviembre del 2022, EPM tendría que pagar la garantía asociada a su Obligación de Energía Firme, por US$169 millones, y perdería la asignación de las obligaciones de energía firme por US$59 millones durante 17 años, según el documento conocido por PanAm Post.
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