Una mujer en Chicago tenía un pleito con una aseguradora. El caso ya estaba conciliado. Un día subió a ChatGPT las comunicaciones de su propio abogado y le hizo una sola pregunta: “¿Mi abogado me está manipulando?” La máquina le dijo que sí.
Ella despidió a su abogado. Intentó reabrir el caso. Y con ChatGPT redactó 44 mociones, memoriales y solicitudes. Una de ellas citaba casos inexistentes. En marzo de este año la aseguradora demandó a OpenAI ante un tribunal federal, entre otras causas, por ejercicio ilegal de la abogacía.
El 23 de septiembre, la Universidad del Rosario realizó el foro “Hacia dónde va el derecho en la era de la inteligencia artificial”, y salí de allí, luego de dar una charla sobre el futuro de las firmas y de los abogados en la era de la inteligencia artificial, con la certeza de que la conversación que tenemos no es la correcta. Seguimos discutiendo si la máquina puede redactar como nosotros. Esa discusión, para efectos prácticos, ya la perdimos.
La defensa de OpenAI en ese pleito es jurídicamente sólida: ChatGPT no es una persona y una herramienta estadística que predice la siguiente palabra más probable no puede ejercer la abogacía. Estoy de acuerdo. Pero esa respuesta abre la única pregunta que importa: si la máquina no es abogada, ¿qué hace un abogado que la máquina no hace? Redactar, redacta. Investigar, investiga. Citar, cita, aunque a veces invente.
En el entretanto, la estructura del oficio se mueve en sus cimientos más profundos. El modelo de las firmas es una pirámide: pocos socios en la cima y una base amplia de asociados jóvenes que generan volumen. Ese volumen nunca fue solo un negocio; también fue escuela. Aprendimos a distinguir lo que sirve de lo que no después de revisar el contrato o la demanda número doscientos. Aprendimos a desarrollar estrategia a punta de ensayo y error, no solo a partir de la información que necesitamos para armarla. Y resulta que ese volumen es exactamente lo que la inteligencia artificial hace mejor.
Esa pirámide, entonces, se achata. Se le vacía la base. Los primeros recortes ya llegaron a firmas como Baker McKenzie, Clifford Chance y Freshfields, por ahora en el personal de soporte. El siguiente lugar donde cabe esperar presión es la base de abogados jóvenes, porque buena parte de su trabajo es precisamente el que la IA está aprendiendo a absorber. El problema no es el empleo de hoy: es el criterio del mañana. Si el juicio se construye mediante la repetición y esta se automatiza, ¿quién entrena al abogado que supervisará a la máquina? Si nuestro trabajo ahora consiste en detectar y corregir lo que ella no hace o hace mal, y en el proceso nos olvidamos de los equipos de base, porque ya no los necesitamos, ¿quién formará a los abogados del futuro?
Hay una segunda grieta, más incómoda porque toca el bolsillo de las firmas. Cobramos por hora: todavía hoy, nueve de cada diez dólares que factura el mercado jurídico estadounidense se liquidan así. El problema salta a la vista. Si una tarea que tomaba diez horas hoy toma una, el mejor trabajo se traduce en una factura más pequeña. El cambio que se espera es cobrar menos, y ahí está el problema: si la firma no baja el precio, llegará otra que sí lo haga y se quede con el cliente; si lo baja, sacrifica su propio margen. La hora facturable premia el tiempo, justo lo que la máquina elimina. Nos quedamos con una unidad de medida que castiga a quien hace mejor su trabajo.
También se mueve la propiedad del negocio. En Estados Unidos y en varios países rige una regla, que ya comienza a eliminarse, que prohíbe que un no abogado sea titular de una firma. Por eso el capital entra por los bordes. Harvey y Legora no son firmas: son plataformas que las firmas licencian y, entre ambas, superan los 21.000 millones de dólares de valoración en un mercado que hace cinco años no existía. Norm Ai fue más lejos y fundó su propia firma afiliada, Norm Law, presidida por el expresidente del comité ejecutivo de Sidley Austin. Su modelo no tiene pirámide de asociados —los abogados experimentados supervisan a agentes— y no cobra por hora, sino por resultado.
Al mismo tiempo, paradójicamente, se forman gigantes entre la vieja guardia: la fusión de Hogan Lovells con Cadwalader creó una firma con 3.600 millones de dólares en ingresos. Pero también se escinden equipos de élite que sienten que su trabajo, por ahora, es menos vulnerable. Christensen lo llamó el dilema del innovador: las empresas líderes pueden fracasar precisamente porque perfeccionan el modelo que las hizo exitosas cuando el mercado empieza a premiar otra cosa. En derecho, el riesgo es especialmente perverso: cuanto más rentable sea hoy la pirámide de horas, más difícil resulta desmontarla voluntariamente.
También aparece trabajo que hace cinco años no existía: regular la inteligencia artificial, construir lo que consume —energía, agua, centros de datos— y litigar contra ella, con qué se entrenó el modelo y quién responde cuando causa un daño. Este año, Anthropic acordó pagar mil quinientos millones de dólares por haber aprendido a partir de libros descargados de sitios piratas.
Nuestra región llega con un problema propio. En una década Colombia duplicó el número de egresados de derecho. Seguimos con la fábrica encendida, con el mismo plan de estudios, y formamos abogados para un mercado que ya no existe.
Durante toda mi carrera, creí que mi trabajo consistía en conocer la ley, emitir opiniones y redactar bien. Hoy una máquina hace todo eso, a veces más rápido que yo.
Pero mi trabajo nunca fue producir textos. Fue responder por lo que decía. La máquina genera; yo respondo. Y aunque algún día razone mejor y más rápido que yo, seguirá sin poder asumir mi responsabilidad, y voy a seguir siendo la única a quien un cliente puede mirar a los ojos y preguntarle: “¿Usted me garantiza que esto está bien?”
El futuro no es del abogado que sabe más. Es del abogado cuya palabra vale más que la de una máquina.
Catalina Hoyos, socia de Godoy