La resaca de Cataluña

Carles Puigdemont, expresidente del gobierno catalán, pasó de ser el prócer de la independencia a un político pedido en extradición por el gobierno español. Este jueves, José Manuel Maza, fiscal general español, pidió que se busque y capture internacionalmente a Puigdemont y a cuatro de sus exministros, quienes volaron a Bélgica el pasado lunes a pedir el apoyo de la Unión Europea. Bruselas tiene la palabra final, pues un juez deberá decidir si extradita o no a los catalanes.

La salida de Puigdemont de Cataluña levantó todo tipo de críticas. Aunque es la cara más visible del movimiento independentista, no se quedó en España para afrontar las consecuencias políticas del referendo ilegal del 1 de octubre. La Fiscalía General lo acusó (al igual que a gran parte de sus exministros) de rebelión, secesión y malversación de fondos públicos.

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Puigdemont, que llegó a Bruselas el lunes 30 de octubre, se negó a asistir a la citación de la Audiencia Nacional, pues aseguró que dicha “Causa es política y sin fundamento jurídico”. Su negativa contrasta con la decisión de ocho de sus exministros, que no solo se quedaron en España para responder ante la Justicia, sino que aceptaron la orden de la jueza Carmen Lamela de ir a la cárcel antes de que comience el juicio. Solamente los exministros de las carteras de Cultura, Salud, Alimentación y Educación acompañan a Puigdemont en su atrincheramiento belga.

Al parecer, la Generalitat no hizo los cálculos adecuados. El expresidente catalán pensó que la Unión Europea iba a cambiar de parecer en algún momento, aunque todas las señales fueron contrarias: ninguno de los mandatarios europeos apoyó su postura. Obviamente, hubo reparos en la manera como Rajoy ha actuado (¿por qué reprimió con tanta violencia las votaciones del 1-O si de todas maneras eran ilegales?), pero la posición ha sido unánime: la Unión Europea privilegia la soberanía de sus Estados miembros.

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Por eso, en la rueda de prensa que Puigdemont ofreció en Bruselas el pasado martes, el silencio de la comunidad internacional fue arrollador cuando pidió que “Europa reaccionara” a favor de Cataluña. El único que se pronunció al respecto fue Charles Michael, primer ministro belga, quien a través de un comunicado aclaró que “el señor Puigdemont no está en el país ni por invitación ni iniciativa del gobierno belga”. Por el momento, el expresidente contrató a Paul Bekaert, abogado experto en derecho de asilo, pero Bruselas no ha dado señales de considerar a Puigdemont como un perseguido político.

Aunque el líder del independentismo ha buscado comparar esta situación con la del gobierno alterno catalán en la época del franquismo (a cargo de Josep Tarradellas en su exilio francés), nadie ve en Puigdemont a un héroe que se refugió en Bruselas para contraatacar “la opresión española”. Más bien se ha mostrado como un político que tiró la piedra del independentismo y luego corrió para no afrontar las consecuencias legales. Es bastante diciente que el expresidente, al igual que miembros del cesado Govern, no hayan descartado la idea de participar en las elecciones que el propio Rajoy, por medio del artículo 155, anunció para el próximo 21 de diciembre.

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Mientras tanto, los catalanes de a pie intentan recobrar, entre la confusión y la incertidumbre, sus rutinas diarias. “Si tuviera que definir la situación en una palabra, diría que hay nerviosismo. Como nunca se había aplicado el artículo 155, no sabemos lo que va a pasar. La gente no habla de otro tema”, le dijo a SEMANA Ana Cruz Calpe, profesora en un colegio de educación básica en Barcelona.

En todo este enredo, los catalanes que, por motivos culturales o históricos, querían llevar a cabo un proceso independentista pacífico y fundamentado, bebieron el trago más amargo. Con este precedente, un proceso de separación con todas las de la ley parece más lejano que antes. Las instituciones españolas han dejado claro que los promotores de un referendo ilegal terminan o en el extranjero o tras las rejas.