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El presidente Barack Obama ha tratado de superar la polarización política, pero varios sectores exigen investigar el comportamiento del gobierno de George W. Bush en su guerra contra el terrorismo

ESTADOS UNIDOS

El retrovisor

Aunque el presidente Barack Obama se ha dedicado a mirar hacia adelante, tres investigaciones sobre los excesos de la era Bush prometen meter en serios problemas, entre otros, al ex vicepresidente Dick Cheney.

18 de julio de 2009

Estados Unidos está a punto de entrar en un período de polarización política. El clima de diálogo entre los demócratas y la oposición republicana, anunciado por el presidente Barack Obama desde su llegada a la Casa Blanca, se puede hacer trizas en los próximos días. La razón es el creciente número de voces, entre ellas la del fiscal general, Eric Holder, que piden investigar si tras los atentados del 11 de septiembre la CIA violó los derechos humanos en su lucha contra Al Qaeda. Lo más grave del asunto es que uno de los que se podrían ver implicados directamente es nada menos que Dick Cheney, el vicepresidente en tiempos de George W. Bush.

Cuando Obama tomó posesión de la Presidencia, mucha gente creyó que el clima de radicalización de la era Bush había llegado a su fin. Él mismo lo anunció ese 20 de enero en una mañana fría. "Hoy venimos a proclamar el final de las disputas insignificantes y las falsas promesas, de dogmas gastados que por mucho tiempo han estrangulado nuestra política", dijo en su discurso. Pero las cosas han cambiado, Obama no sólo ha echado reversa, sino que desde entonces han surgido tres iniciativas para examinar los excesos del gobierno Bush en su guerra contra el terrorismo. El propio Presidente puso en marcha la primera de ellas al solicitarle al Consejo de Seguridad Nacional que aclare si las milicias locales de Afganistán, partidarias de Washington, asesinaron a varios prisioneros de Al Qaeda poco después de la invasión a ese país a finales de 2001. Eso aún está en investigación.

La segunda es la más seria. Se produjo poco después de que Obama publicó, a principios de abril, una serie de memorandos internos del gobierno Bush en los que se detallaban los métodos de interrogación a los sospechosos de terrorismo. Ahí consta que la CIA sometió al menos 266 veces en la base de Guantánamo a dos supuestos líderes de Al Qaeda, Jalid Sheikh Mohammed y Abu Zubaydah, a la tortura del waterboarding, que es un horrendo ahogamiento simulado. No fue fácil publicar los documentos. Antes de hacerlo, los funcionarios del gobierno de Obama, temerosos de que la noticia dificultara el reclutamiento de nuevos agentes para la CIA, consultaron a Eric Holder. "Si no los publican, ustedes quedarán como si estuvieran de acuerdo con esos métodos", les contestó.

Pero el fiscal Holder, nombrado por Obama y confirmado por los senadores, fue aun más allá y el 11 de abril informó que estudia abrir una investigación sobre si los miembros de la central de inteligencia sobrepasaron los límites que el gobierno de Bush les había puesto para interrogar a los detenidos. "Es que lo que vi en esos memorandos me provocó dolor de estómago", le confesó el Fiscal a la revista Newsweek, cuyo artículo de carátula de su más reciente edición se titula 'Holder vs. Bush'.

Sus palabras no extrañaron a quienes lo conocen. Holder es un eminente abogado de la Universidad de Columbia y luego, en la Secretaría de Justicia, le hizo la segunda en los años 90 a su jefa, la fiscal general Janet Reno. Para él, el respeto a los detenidos es clave. Por eso ha dicho que admira a George Washington, que trató con dignidad a los prisioneros en la guerra de independencia. Pero Holder tiene puntos grises, y algún republicano le sacará esos trapos al sol en los días que se avecinan: fue abogado de Chiquita Brands cuando se le acusó de apoyar al paramilitarismo en Colombia, y diseñó el perdón judicial al evasor de impuestos Marc Rich, firmado por Bill Clinton el último día de su gobierno.

De momento, muchos dudan si Holder llevará adelante la investigación contra la CIA. Newsweek afirma que el alto funcionario prefiere nombrar un fiscal independiente similar a Patrick Fitzgerald, quien acusó a Lewis 'Scooter' Libby, ex jefe de gabinete de Cheney condenado a 30 meses de cárcel por haber filtrado que Valerie Plame, esposa de un diplomático norteamericano, era agente de la CIA. Para ello ha entrevistado a más de 10 candidatos y espera decidir en las próximas semanas. ¿Involucrará este caso a pesos pesados como el entonces director de la agencia, George Tenet? En principio, parece que no. Como le dijo a SEMANA Tom Malinowski, el director de la oficina de Washington de la ONG Human Rights Watch, "lo más seguro es que si se abre el caso, se investigue los excesos de los que interrogaron a los detenidos".

Mucho más grave que todo eso pinta la noticia sobre un tercer tema que ocupó la primera plana de la gran prensa estadounidense la semana pasada. Según informaron periódicos como The New York Times y The Wall Street Journal, desde finales de 2001 la CIA tuvo un plan para enviar comandos al exterior con el objeto de asesinar a los líderes de Al Qaeda. Aunque nunca se llevó a cabo, la agencia debió haberles informado del programa a los comités de Inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes, cosa que no hizo por orden del entonces vicepresidente Dick Cheney. Fue el nuevo director de la CIA, Leon Panetta, quien el pasado 23 de junio reveló la historia en una audiencia privada con esos comités, donde también dijo que había cancelado el plan. El lío, sin embargo, es que si se investiga y se establece que Cheney dio esas órdenes, el ex vicepresidente pudo haber violado la National Security Act (Ley Nacional de Seguridad), y eso es un delito grave.

El interrogante a estas alturas es si Obama está dispuesto a resistir las presiones de quienes le piden que saque el retrovisor y les meta el diente a estos procesos. Algunos creen que sí. Dicen que si bien sus copartidarios demócratas controlan el Congreso -en el Senado ocupan 60 de los 100 escaños, lo que les da la mayoría suficiente para hacer y deshacer-, el Presidente necesita que el Capitolio le apruebe la reforma al sistema de salud, que es su plan bandera, por lo cual no quiere agitar las aguas del Legislativo, donde siempre hay tiburones hambrientos, dispuestos a engullirse al Presidente, así sea del mismo partido.

Otros, en cambio, consideran que Obama terminará por ceder ante los que le exigen que lleve a Cheney y a los agentes culpables de la CIA ante los tribunales. "El Presidente se ha negado a abrir una investigación total por las muchas leyes que se violaron bajo el gobierno de Bush. Pero debería cambiar de opinión. Una revisión total del tema es la única manera de asegurar que estos abusos no se repetirán", opinó The New York Times en su editorial del viernes. Y le recordó: "Una vez el equipo de Bush se acostumbró a violar la ley, eso se convirtió en su modo de operar: ordenó a los agentes que torturaran prisioneros; envió a otros países a ciudadanos inocentes para ser torturados, y creó prisiones secretas para encarcelar personas sin haber sido acusadas".

Un tercer sector se muestra moderado. Un ejemplo es David Ignatius, prestigioso columnista de The Washington Post, para quien "en el exterior debemos parecer locos por investigar de ese modo el servicio de inteligencia". Ignatius piensa que la CIA no se puede convertir en una pelota que todos patean como si fuera un balón de fútbol. Pero la agencia no ha sido una pera en dulce ni Cheney un adalid de la transparencia, y lo más probable es que de este escándalo salgan bastante mal parados.