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Entre otros cargos, a Rodrigo Rato se le acusa de haber falseado las cuentas de Bankia, la entidad financiera que dirigió entre 2010 y 2012. Hoy la institución le reclama 133 millones de euros. | Foto: A.P

ESPAÑA

España: problemas para Rato

Rodrigo Rato, un personaje del más alto nivel en España, protagoniza el nuevo escándalo que profundiza la crisis de credibilidad de sus partidos tradicionales.

18 de abril de 2015

“Este es un tema personal y creo que no tenga obligación de hacer declaraciones sobre el asunto”, dijo el jueves Rodrigo Rato, exvicepresidente del gobierno español, exdirector del Fondo Monetario Internacional (FMI), exministro de Economía y exprospecto presidencial del Partido Popular. Reaccionaba así ante la presencia de periodistas al salir de  su residencia del lujoso distrito de Salamanca, en pleno centro de Madrid, detenido por  policías de la Agencia Tributaria de Madrid.

Pero el asunto va mucho más allá de lo que quiere aceptar el acusado. Los cargos que motivaron su arresto de ocho horas son de gran calado e implican dineros públicos, por lo que el escándalo ha trascendido el ámbito político para impactar de lleno la actualidad política española. En efecto, mientras una docena de agentes lo sacaba de su apartamento para conducirlo a una patrulla, varios manifestantes lo abuchearon, tratándolo de “ladrón” y “sinvergüenza”. La noticia corrió como pólvora y se convirtió en un nuevo motivo para los indignados de España, cuya economía no levanta cabeza desde la crisis de 2008 y su tasa de desempleo es la más alta de Europa después de Grecia.

En concreto, la Fiscalía acusa a Rato de fraude fiscal, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes (es decir ocultación de propiedades que podrían servir para pagar deudas). Las autoridades llegaron a esa conclusión tras examinar los documentos aportados durante la amnistía fiscal de 2012, a la que se acogieron cerca de 32.000 evasores. De ellos, cerca de 705 políticos y funcionarios de muy alto nivel (como ministros y parlamentarios) habrían incurrido en delitos no incluidos en la amnistía, y podrían correr una suerte similar a la  de Rato.

Los problemas del exministro comenzaron en noviembre de 2011, cuando era director de Bankia. En esa fecha, la entidad financiera salió a la bolsa en un proceso con múltiples irregularidades, por lo que a Rato se le acusa de apropiación indebida de bienes y de haber estafado a sus 350.000 accionistas por suministrarles información contable falsa. Bankia tuvo que ser recapitalizada un año más tarde por 23.000 millones de euros, en lo que la prensa llamó el “el rescate más caro de la historia de España”.

Los hechos de esta semana ponen contra la pared a quien fue uno de los colaboradores más cercanos del gobierno de José María Aznar (su ministro de Economía entre 1996 y 2004) y una antigua esperanza de la derecha española. De hecho, Rato estuvo a punto de ser candidato a presidente del gobierno por el Partido Popular (PP) en 2007. Además, ha redoblado la presión ciudadana sobre esa agrupación política, que aún está tratando de reparar los daños de megaescándalos de corrupción como el caso Gürtel, que implicó la entrega de grandes sumas de dinero negro en sobres a los dirigentes del partido. El viernes, varios colectivos convocaron una manifestación contra la corrupción frente a la sede nacional del PP bajo el lema: “No son manzanas podridas, es una mafia”.

Y es que el escándalo de Rato trasciende al exministro e implica a toda la clase política ibérica. Si a la izquierda tradicional del socialista PSOE le ha hecho un daño enorme el ascenso de Podemos (la formación populista liderada por Pablo Iglesias), en los últimos meses al PP le ha salido una competencia similar en su propio campo. Hoy, el derechista Partido de la Ciudadanía –o simplemente Ciudadanos– roza el 20 por ciento de la intención de voto, y le está pisando los talones. Pese a los intentos de Rato de hacer pasar el caso como un asunto “privado”, los españoles están al acecho para cobrárselo al establecimiento político.