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| 10/28/2017 10:15:00 PM

¿Se rompe España?

Ante la declaración de independencia del parlamento catalán, se abre un periodo de incertidumbre de consecuencias insopechadas.

Puigdemont proclamó la independencia de Cataluña y Rajoy aplicó el artículo 155 El viernes, el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, aplicó el artículo 155 de la Constitución. Foto: AP y AFP

La última escena del circo independentista concluyó con fiesta y aplausos en Barcelona cuando el Parlamento regional, controlado por los partidos separatistas, declaró a media tarde del viernes la independencia, pero 45 minutos después el Senado en Madrid aprobó la aplicación del artículo 155 para poner fin al espectáculo de los secesionistas. Mientras en Barcelona muchos festejaban una independencia falsa y sin reconocimiento internacional, en Madrid, Rajoy se ponía muy serio para lanzar su estocada sobre el Ejecutivo y el Legislativo catalán.

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“Esta es la peor salida, la que todos querían evitar, y solo demuestra la enorme incapacidad de los líderes políticos de ambas partes para negociar y evitar el conflicto y la humillación que esto supone para Cataluña. La aplicación del 155 deja una herida profunda en Cataluña y en la democracia española que difícilmente podrá sanar, y abre un escenario de consecuencias imprevisibles”, dijo a SEMANA el analista Joan Laport, de la Universidad de Barcelona.

La negociación fallida

El jueves 26 de octubre estuvo a punto de evitarse este choque de trenes, gracias a una vía de negociación que se abrió a última hora entre Barcelona y Madrid, para que el presidente catalán, Carles Puigdemont, convocara elecciones regionales. Así se frenaría el camino en el Senado del artículo 155, pero a pesar de la mediación de agentes del Partido Nacionalista Vasco y del Psoe, la presión de los sectores más radicales del independentismo sobre Puigdemont impidió esa salida. Este era el único hombre en Cataluña que tenía todo el poder para tomar esa decisión solo, pero no lo hizo y le soltó la papa caliente al Parlamento regional, que acabó declarando la independencia de Cataluña al día siguiente.

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Esa negociación entre La Moncloa y Puigdemont se mantuvo abierta durante unas 20 horas a través de los mediadores. Según fuentes gubernamentales consultadas por SEMANA en Madrid, fue la única vía de comunicación entre las dos partes que se había establecido desde que Puigdemont fue elegido presidente de Cataluña en 2016, lo cual demuestra la negativa al diálogo de Rajoy y de los líderes independentistas catalanes.

Para convocar elecciones, Puigemont exigió, entre otras cosas, seguir al frente del gobierno catalán, frenar en el Senado la aprobación del artículo 155 de la Constitución y la inmediata liberación de los ‘Jordis’, los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que llevan años realizando activismo político por el separatismo, están presos en Madrid y serán juzgados por sedición. Rajoy y sus partidos aliados, el Psoe y Ciudadanos, consideraron inaceptables esas exigencias, y así se cerró de un portazo esa negociación.

La falsa independencia

La independencia de Cataluña, declarada por el Parlamento regional el viernes pasado, no tiene ninguna validez jurídica y fue la cumbre más alta alcanzada por los separatistas tras años de difundir mentiras entre sus seguidores, como que “España es autoritaria con Cataluña”, “España nos roba” y “Cataluña sola será más rica y viviremos mejor”.

“Lo más preocupante del independentismo en Europa, y no solo en Cataluña, es que lo fomentan partidos de derecha, personas que se creen de una raza superior, que son ricos superdotados y lo que más desean es separarse de la gente pobre que no los deja vivir bien”, explicó a SEMANA el politólogo Alberto Martínez, de la Universidad Autónoma de Madrid. “El caso catalán es un ejemplo de ello, pues lo promueven partidos conservadores de ricos, como el PDdeCat, de Arthur Mas y Puigdemont, que han considerado desde siempre a los demás españoles como gente atrasada, ignorante y vaga, que quiere vivir a costa del trabajo de los catalanes”.

La prometida riqueza de una Cataluña independiente se fue al traste en los últimos meses con la fuga a otras regiones del país de más de 1.200 empresas, entre ellas los dos bancos catalanes más importantes, Caixabank y Sabadell. El expresidente catalán Arthur Mas había prometido que ni los bancos ni las grandes compañias se marcharían, sino que se quedarían para contribuir a la riqueza de la nueva República de Catalunya.

De hecho, la presión de los grandes empresarios sobre Rajoy fue una de las razones que precipitaron la aplicación del artículo 155 para devolver la estabilidad jurídica a Cataluña, necesaria para la operación de las empresas catalanas, españolas y extranjeras. Hoy, tras el circo independentista de los dos últimos meses, la economía de Cataluña ha caído en picada y la región padece un agudo proceso de empobrecimiento por la fuga de capitales. A su vez, la Unión Europea cerró filas en apoyo al gobierno español. “España sigue siendo nuestra única interlocutora”, dijo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. En la misma dirección se pronunciaron el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel.

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Pero la educación también ha sufrido un fuerte retroceso con el movimiento independentista. En muchos colegios públicos, y por orden del gobierno regional, los niños eran obligados a oír los argumentos y las soflamas secesionistas. El Ministerio de Educación ha recibido denuncias de “adoctrinamiento político de menores” en colegios catalanes y ha abierto investigaciones. En el referéndum ilegal del 1 de octubre los independentistas también usaron niños. Numerosos padres se encerraron con sus hijos pequeños en los institutos, que también operan como lugares de votación. Lo cierto es que desde hace décadas el independentismo se transmite de padres a hijos en Cataluña, pero nunca antes los separatistas habían usado a los niños en manifestaciones, mítines y marchas.

Nuevas elecciones

Rajoy y el Psoe pactaron la celebración de nuevas elecciones en Cataluña para el 21 de diciembre, pero el artículo 155 confiere autoridad al presidente para ampliar ese plazo hasta abril. Rajoy insiste en que solo convocará elecciones cuando se haya recuperado totalmente la tranquilidad en Cataluña. La “normalidad jurídica” se restablece rápido con acciones firmes administrativas y judiciales, pero el clima social seguirá crispado durante muchos meses más, antes, durante y después de las elecciones regionales.

Durante las últimas semanas, se habló mucho de una fractura en el bloque secesionista compuesto por partidos que desde 2015 tenían la mayoría absoluta en el Parlamento regional y controlaban el gobierno catalán. Pero esa ruptura nunca se produjo y es bastante probable que esos partidos logren en las próximas elecciones igual o un mayor número de votos que los que consiguieron hace dos años.

Las cifras demuestran que el voto nacionalista, que desde 2015 se volvió independentista, se ha mantenido en el 48 por ciento durante los últimos 18 años. Antes, el partido que lo controlaba todo era CiU (Convergència i Unió), cuyo líder, Jordi Pujol, presidió Cataluña entre 1980 y 2003. Durante esos años, Pujol cobró el 3 por ciento a todas las empresas que contrataban con su gobierno e infestó de corrupción a su partido. Su sucesor, Arthur Mas, ante los casos probados de sobornos, decidió cambiarle el nombre al partido (actualmente se designa Partido Demócrata Europeo Catalán, PDdeCAT) y tomó la deriva independentista para escapar (u ocultarse) de ese manto de corrupción.

A pesar de todo, las encuestas prevén que los votos independentistas se mantendrán en el 48 por ciento en las próximas elecciones, pero esas cifra puede moverse hacia arriba o hacia abajo dependiendo del modo en que Rajoy aplique el 155 en Cataluña en los próximos meses y en la percepción que de ello tengan los electores.

“El movimiento independentista fomentará la ‘humillación’ que significa el ‘yugo de Madrid’ sobre Cataluña para tratar de ganar más votos apelando a la emocionalidad primitiva del que quiere presentarse como víctima, pero también es cierto que solo la mitad de los electores catalanes son independentistas”, sostuvo Laport a SEMANA. “Los demás también tienen derecho a decidir, y el independentismo en su histeria cometió el error de declarar una independencia falsa que hirió también a ese amplio sector de la población que quiere seguir formando parte de España. Solo el tiempo y mucha pedagogía podrá subsanar esa profunda brecha entre unos y otros, que ha roto amistades y ha fracturado familias”, puntualizó. 

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