"QUIENES ANTES NO OYERON, OYEN"

El general Reynaldo Bignone, quien llegara a la jefatura del gobierno argentino casi por azar, tras bruscos desplazamientos en la cúspide militar de su país, pasada la guerra de las islas Malvinas, probablemente nunca imaginó que sería él quien tendría que enfrentar finalmente la difícil labor de aclarar ante el mundo la suerte de los miles de desaparecidos en su país.
En efecto, una severísima presión internacional que persigue el esclarecimiento de ese espinoso asunto, se viene ejerciendo sobre Bignone desde comienzos de noviembre, cuando se desató una ola de denuncias oficiales en Italia, Alemania Occidental y España sobre nacionales de esos países que han desaparecido en Argentina.
La oleada fue iniciada por el diario italiano "Corriere della Sera", el más importante del país, cuando publicó una lista de 321 italianos e italoargentinos desaparecidos en Argentina, que su corresponsal obtuvo en la embajada de Italia en Buenos Aires. Esto fue seguido por la publicación en los respectivos países de una lista de 48 ciudadanos alemanes o de origen alemán, suministrada por fuentes oficiales en Bonn y por otra de 48 españoles desaparecidos ofrecida por autoridades en Madrid.
Pero la causa de este súbito estallido de interés por los desaparecidos en Argentina no es fácil de explicar. Desde 1979, siete senadores italianos Raniero La Valle, y sus colegas Procacci, Pieralli, Della Briott, Anderlini, Branca y Romano, habían presentado un pedido de informes al ministro de relaciones exteriores italiano sobre la suerte corrida por italianos que habían desaparecido en ese país latinoamericano desde marzo de 1976, sin obtener respuestas precisas.
¿Qué hay, entonces, detrás del revuelo que hoy promueve la dirigencia política italiana, y que ocupa las primeras páginas de los periódicos?
El senador La Valle no tiene la respuesta. Sin embargo dice: "No está probado el vínculo cómplice entre el poder oculto de la P-2 (Logia Porpaganda Dos) y los dramáticos episodios de Argentina. Pero es sabido que el almirante argentino Emilio Massera declaró ante la prensa no sólo su amistad y estima por Licio Gelli, jefe de la P-2, sino que además reconoció los servicios prestados a la junta por ese sujeto. En qué medida este personaje ha pesado con su influencia en la actitud de las autoridades italianas solo lo podrá decir la comisión que actualmente estudia el caso, presidida por la ministra Tina Anselmi".
Otra parte de la explicación del cambio de actitud quizás está en la actividad de las Madres de la Plaza de Mayo. Para La Valle ellas "fueron capaces de trascender el marco individual, aún golpeadas como estaban. Vinieron a Italia, pidieron ayuda y solo ahora, por razones que no podemos aclarar, quienes antes no oyeron, oyen. Aunque sea tarde es importante que esto ocurra, al menos esos huesos que pesan sobre todos nosotros no habrán desaparecido".
A los reclamos de Italia, Alemania Occidental y España se sumó también Venezuela a finales de octubre, cuando el gobierno de Herrera Campins decidió suspender una operación de compras a la Argentina por mil millones de dólares, invocando la existencia de trabas en el proceso de democratización en que se había comprometido la junta militar argentina. Además, en Italia la fuerte polémica que se ha desatado acerca de si el gobierno italiano actuó o no con firmeza y oportunidad en defensa de sus connacionales, ha obligado al primer ministro Guiovanni Spadolini a comprometerse en la obtención de satisfacciones sobre el problema. Para lograrlo, Spadolini se entrevistó el 5 de noviembre en Nueva York con el Secretario General de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, y le solicitó "la intervención de los órganos competentes de la ONU para aclarar este asunto execrable y las responsabilidades en el mismo".
Por lo demás tales gestos indican que los gobiernos están empeñados en el esclarecimiento de la suerte de sus compatriotas, a pesar de los infructuosos reclamos que hicieran en años anteriores. Sin duda una actitud de silencio del gobernador argentino ante los reclamos actuales sería difícil de sostener esta vez, dada las tomas de posición pública de los citados gobiernos europeos y la conmoción internacional que han causado las revelaciones sobre las tumbas clandestinas descubiertas en diversas ciudades argentinas, donde yacen, según los familiares de las víctimas, los restos de centenares de desaparecidos.
Para los militares de Buenos Aires el precio de mantener el silencio sería el deterioro de las relaciones diplomáticas del país, cuestión sumamente valiosa para ellos en momentos en que se debate en las Naciones Unidas acerca de los derechos argentinos a las islas Malvinas.
Bignone está pues ante una disyuntiva de hierro: o insiste en negar el problema de los miles de "detenidos-desaparecidos" con todos las consecuencias que ello trae, o admite formalmente ante los familiares de los desaparecidos que en realidad ellos están muertos, para que los argentinos -como dijera Rogelio Frigerio, un asesor del expresidente Arturo Frondizi- "los lloren como muertos pero no los vivan como fantasmas".