“A los colombianos se nos corrió la frontera moral”

Es una verdad de Perogrullo: para salir de un problema lo primero que hay que hacer es identificarlo. A esto le apunta el nuevo estudio del economista Luis Jorge Garay. Se trata de una juiciosa investigación académica auspiciada por la Corporación Transparencia por Colombia y con el apoyo de la Fundación Avina, que busca comprender el país que se está construyendo. Un ejercicio difícil por el riesgo de que la vorágine de los acontecimientos diarios no permita ver realmente el contexto de lo que ocurre en estos momentos.

El alcance inicial de la investigación era identificar y tener indicadores de la forma como en el país se ha venido dando el proceso de la llamada 'captura de Estado', un término acuñado por el Banco Mundial que se refiere a una sofisticada forma de corrupción en la que de forma ilícita se direccionan políticas de gobierno para el beneficio de unos pocos, y se descuida el bien común. El profesor Garay ha estudiado este tema junto a su equipo de investigadores durante varios años. En su trabajo ha revisado qué tanto este fenómeno se ha dado en la política, en las finanzas públicas y en el sector judicial.

En términos generales, son los actores legales quienes ponen en práctica la 'captura de Estado' con un alcance limitado a obtener beneficios económicos. La investigación de Garay encontró que ese concepto es insuficiente para explicar lo que pasa en Colombia, pues aquí hay múltiples injerencias de grupos de poder ilegal que no sólo buscan réditos económicos sino que también generan transformaciones sociales y políticas que, según Garay le están dando forma a un nuevo Estado. SEMANA habló con Garay sobre los hallazgos de su investigación:

Semana: El estudio plantea una noción nueva, si se quiere más compleja y evolucionada, de la corrupción, usted la define como "la reconfiguración 'cooptada' del Estado". ¿Cómo se traduce esto?

Luis Jorge Garay: Lo primero es aceptar que en Colombia no sólo hay hechos aislados de corrupción. Aquí confluyen factores económicos, políticos, sociales y en algunos casos culturales, que cada vez más facilitan el aprovechamiento de intereses públicos por parte de intereses privados. De esta forma, la reconfiguración 'cooptada' del Estado consiste en la acción de organizaciones legales e ilegales que mediante prácticas ilegítimas, no siempre ilegales, buscan modificar las instancias donde se toman decisiones públicas para cambiar las reglas del juego y de ahí obtener beneficios individuales y validar política, legal y socialmente sus intereses. A veces lo hacen a través de los resquicios en la norma con acciones que aunque legales en lo penal, son prácticas socialmente inaceptadas. Esto hace que se alteren los patrones morales de la sociedad. Cuando esto se generaliza, hace que el aprovechamiento de lo público trascienda de la corrupción a formas que involucran más aspectos de la sociedad.

Semana: La oposición política apoyada en el escándalo de la para-política está tratando de instalar la idea de que Colombia está bajo el régimen de un Estado mafioso, ¿es esto así de acuerdo con la definición que plantea?
L. J. G.: Yo no creo que tengamos un Estado mafioso, como tampoco tenemos una sociedad mafiosa. Lo que hay son grupos de poder, algunos dominantes, que actúan con prácticas y criterios mafiosos para el beneficio propio, entendidos estos no sólo en lo económico, sino también en lo político y en lo social. Lo que lleva a que se esté reconfigurando un Estado con prácticas mafiosas, pero que en su conjunto no es un Estado ni una sociedad mafiosa. Esto es muy importante diferenciarlo. No todos los grupos dominantes tienen las mismas prácticas.

Semana: ¿En qué momento y de qué forma se ha dado lo que plantea?
L. J. G.: No hay que verlo como un asunto de hechos y personajes, sino como un proceso. En nuestra historia reciente el poder ilegal de Pablo Escobar buscó influir en la institucionalidad participando directamente de la política. El rechazo del establecimiento lo deja en la ilegalidad, pese a que simultáneamente grupos poderosos legales tienen directa o indirectamente relaciones ilegítimas con él en lo económico y lo social. Esa primera búsqueda de transformar el Estado fracasa.

Luego, el cartel de Cali busca hacer los cambios a través de alianzas con poderes económicos y políticos legales, y lograr con su influencia ajustes en normas y regulaciones. Si bien logran permear el poder, igual fracasan. Pero de cada etapa van quedando rezagos. Mientras tanto sucede la expansión guerrillera, en gran medida por su relación con el narcotráfico, que se enfrenta a terratenientes legales que en los años 90 hacen pactos ilegítimos con ejércitos ilegales que también se nutren del narcotráfico.

Esta última alianza inicia una sustitución del Estado en algunas regiones con una estrategia rural federalista buscando reconfigurar el Estado local, convencidos de que es una etapa para luego reconfigurar el Estado central. A diferencia de los carteles, entienden que además de lo militar, la estrategia debe ser un proyecto político que logra instalarse con facilidad en algunas regiones.

Semana: ¿Es el caso del Pacto de Ralito?
L. J. G.:Sí, el pacto de Ralito en el fondo es un modelo de Estado nuevo y su construcción es a través de la vía política. Porque en un Estado de derecho, así sea en configuración, la vía política es la vía legítima y legal de poder intervenir, interferir y mediar para reconfigurar el Estado, en este caso a nuevas prácticas que se proponen desde lo rural. Primero es con los grupos políticos tradicionales y luego encuentran que es más efectivo hacerlo a través de nuevas organizaciones políticas que les permiten insertarse más fácilmente en el Estado.

Semana: ¿Cómo fue esa evolución de la para-política?
L. J. G.:Se inició en lo regional, pero en la década del 2000 es aterrador su avance buscando tocar el Estado central, la etapa más compleja. Para esto es clave su expansión en el Legislativo, donde a través de acciones legales y legítimas comienza a hacer cambios, por ejemplo en el modelo de desarrollo y organización del país o en la forma como establece la incorporación de los ilegales. Se da en el área de seguridad, por ejemplo con lo vivido en el DAS, y también en lo judicial. Allí no es claro qué tanto avanzó. En las regiones hubo fiscalías y jueces 'cooptados' que tomaron decisiones ilegítimas. Pero es en lo judicial, con la para-política, donde se rompe el proyecto. No es en lo militar ni en lo político.

Ya se ha recorrido un camino de reconfiguración del Estado y dados los antecedentes hay condiciones para la 'cooptación'. La frontera moral de la ilegitimidad social se va desvaneciendo seriamente. Eso no se ha acabado. A mi juicio, está intacto, cada vez asumiendo formas más sofisticadas.

Semana: Cuando se refiere a moral, ¿cuál es su alcance?
L. J. G.: Es un tema de moral pública, no de moralismo. Me refiero a un sistema de comportamientos sociales aceptables. Por ejemplo, en un régimen de derecho esta moral está regida por la igualdad, los principios y valores democráticos. Tenemos ámbitos del Estado donde hay prácticas mafiosas que están en riesgo de que se profundicen. El gran reto no es retroceder. Lo que hay que hacer es recomponer socialmente. Hay nuevas formas del quehacer público que siguen vivas, mientras no las cambiemos son inviables los cambios.

Semana: ¿Cómo hacerlo?
L. J. G.: La ilegalidad del narcotráfico es devastadora. Mientras no abordemos seriamente una actitud social frente al narcotráfico, sin la menor duda se seguirán reciclando las formas de 'cooptación' que buscan imponer lo ilegal. Hay que hacer un replanteamiento social para configurar un Estado de derecho en el país. Un estudio como el hecho es una herramienta que ayuda para dar un marco conceptual que facilita el análisis de lo que estamos viviendo.

Semana: ¿Es optimista?
L. J. G.: Hay que trabajar...
 
 
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