Oriente antioqueño, en peligro

Santa Ana está incrustada en una empinada montaña desde donde se ve, como si fuera desde el aire, la autopista Medellín-Bogotá. Hubo tiempos en los que a este caserío le decían el ‘Caguancito’. Corría el año 2000, y mientras el gobierno de Andrés Pastrana daba tumbos negociando con las Farc, en este corregimiento de Granada, en el oriente antioqueño, el frente Carlos Alirio Buitrago del ELN extorsionaba, imponía su ley y secuestraba a dos manos.

El ELN armó su centro de operaciones en el caserío, donde el temido comandante Timoleón coqueteaba con las adolescentes y se pasaba horas jugando billar. Desde allí mandaban a sus hombres a la carretera para montar las pescas milagrosas que aterrorizaron a los viajeros durante varios años. Después llegaron las AUC y todo terminó en una diáspora que hoy todos recuerdan. En Santa Ana, por ese entonces, vivían unas 4.000 personas, pero tras el arribo de los paramilitares quedaron seis: el sacerdote, el sacristán, una mujer que les cocinaba, dos ancianas que de estar tan enfermas no pudieron escapar, y la mujer que las cuidaba. Así estuvo hasta que las condiciones empezaron a facilitar el regreso.

En los últimos años Santa Ana recobró vida. Gracias a programas de retorno, desminado y del acompañamiento de la Unidad de Víctimas, ahora hay unas 1.200 personas, 120 en el casco urbano. Sin embargo, los habitantes se han vuelto a sentir inseguros desde hace unos meses cuando vieron patrullar en las veredas a un grupo de cinco hombres encapuchados y armados con fusiles de asalto.

Raúl Vélez, secretario de Seguridad del municipio, confirmó a los enviados de SEMANA que algunos campesinos se han acercado hasta su despacho para denunciar el avance de un grupo que parece ser el ELN, “pero según inteligencia militar, sería un grupo comandado por alias Patillas, un reinsertado del ELN que reunió una gente para delinquir en San Francisco, San Luis, Cocorná, San Carlos y Granada”.

El domingo 29 de mayo, a las siete de la noche, encapuchados quemaron un bus y un carro particular en la vía que va de la autopista Medellín-Bogotá a Granada, algunos campesinos se alarmaron porque recordaron las épocas de Carlos Alirio Buitrago. Sin embargo, las autoridades revelaron que se trataba de un ajuste de cuentas por el no pago de extorsiones en Medellín. Algunos lugareños no terminan de creer las hipótesis de las autoridades. El mismo secretario de Seguridad de Granada dice desconocer si hay una reorganización del ELN, pero cuenta que desde hace poco “la Policía anda con chalecos antibalas, y eso me pareció muy raro. Yo pregunté y dijeron que los habían mandado de dotación”.

Joaquín Guillermo Ocampo tiene 61 años y toma un café con leche frente a la iglesia de Granada. En mayo de 2000 dejó el pueblo, después de que paramilitares lo acusaron de miliciano. Volvió hace seis años porque todo estaba calmado, hasta que hace un mes lo llamaron y le dijeron que tenía que hacer un giro de 2 millones de pesos o le mataban a un hijo.“No contaban con que yo colaboro con el cuadrante de Policía y los denuncié”, dice. La preocupación de que la violencia regrese es generalizada.

Entre 1997 y 2010, del oriente de Antioquia salieron 175.454 desplazados por el conflicto armado. La Unidad de Víctimas calcula que la mitad de la población regresó a sus fincas y a los pueblos, por lo cual se estima que el oriente es una de las joyas del posconflicto. Pero los brotes de microtráfico, extorsiones y la posible resurrección de frentes guerrilleros ponen en riesgo el retorno y la consolidación de la región. Tambien está la amenaza de las bandas emergentes.

Este año, la Policía de Antioquia ha hecho 67 operaciones de gran calado contra diez estructuras criminales que delinquían en Marinilla, Guarne, La Unión, La Ceja, El Carmen de Viboral, Rionegro y San Rafael. Esas acciones han dejado 432 capturas, las cuales se suman a las otras 1.950 hechas por distintos delitos en 2016.

La joya de la corona

A 80 kilómetros de Granada se encuentra otro viejo epicentro de la guerra. El municipio de San Carlos es hoy una de las banderas del posconflicto en Colombia. Fue el primer municipio con certificado de desminado, tuvo una alcaldesa víctima del conflicto armado y logró un éxito de 100 por ciento en la reinserción de paramilitares. Investigadores vinieron, preguntaron y escribieron libros sobre la guerra, sobre cómo se fueron más de 7.000 personas y dejaron la zona rural totalmente despoblada.

Con un retorno de 70 por ciento, el resurgir del pueblo es un hecho, pero en los últimos meses han aparecido problemas que hace años no se veían. Algunos comerciantes empezaron a recibir llamadas con amenazas; en la vía a Granada atracaron un camión repleto de café, y en la vía al corregimiento El Jordán, encapuchados robaron un bus escalera.

Un lugareño, que prefiere el anonimato, le dijo a SEMANA que en El Jordán las cosas no están muy bien. “Hemos visto gente muy rara y han intentado extorsionarnos”, dice. Lo preocupante es que desde ese poblado se extendió gran parte de la violencia por todo el oriente. Hasta allí llegaron los paramilitares de Ramón Isaza de Puerto Nare. También arribaron desde San Roque los hombres de Carlos Mauricio García Fernández, alias Doblecero, el comandante del bloque Metro de las AUC, oriundo de San Carlos.

“El único problema que tenemos aquí es el microtráfico. Sabemos de unas cuantas bandas que han llegado hasta aquí para distribuir drogas, y eso nos preocupa porque este es un territorio de paz”, dijo la alcaldesa de San Carlos, Luz Marina Marín Daza. “Sí hemos escuchado los rumores del rearme del ELN en el oriente, pero muy lejos de acá”.

Por el parque de San Carlos los policías también patrullan con chalecos antibalas. Pastora Mira, exconcejal, madre de dos hijos desaparecidos y líder de víctimas, anota que hace muchos años no se veía tal cosa: “Esto sí que es raro, eso no pasaba desde que la guerrilla tenía rodeado esto”.

Una fuente del gobierno local le confirmó a SEMANA que la Oficina ha llegado al municipio para quedarse con las ganancias del microtráfico, lo que ha esparcido por las calles del pueblo alguna tensión. Se teme que el fenómeno crezca y empiecen las intimidaciones, como le sucedió a doña Ana Pamplona.

Didier Alexánder Alzate, secretario de la Alcaldía de San Carlos, conoce las historias de la guerra al dedillo, por lo que sabe que una de las cosas que llevan al conflicto armado son las rentas ilegales: “Y aquí la alcaldesa le ha pedido a la Policía contundencia contra las bandas criminales”.

No todo viene de fuentes oscuras, en diciembre hubo un operativo en el que cayó Juan Camilo Rivera, un hombre que se hizo pasar por militar y que estaba armando una banda de atracadores y extorsionistas que operaba en El Jordán. El hombre, después de ganarse la confianza de varias personas del pueblo, entre ellos miembros del gobierno local, reunió información para intimidar a comerciantes y agricultores.

Los sancarlitanos están confiados en que la situación no va a volver a la zozobra de hace unos años, pero la tranquilidad no es completa y los rumores que llegan desde veredas lejanas, en las que ya han visto a hombres armados para la guerra, no solo inquietan. Lo que hoy pasa en el oriente antioqueño es una amenaza para una zona que vivió el terror y es ejemplo de reconstrucción y paz.