Arauca: la alarmante radiografía de la Procuraduría por violencia y desplazamiento en la región

Se cumple un mes desde la creación de la comisión extraordinaria designada por la procuradora general de la nación, Margarita Cabello Blanco, para realizar intervención especial en el departamento de Arauca, por causa de ataques y enfrentamientos armados, y el balance es a todas luces preocupante. Las cifras dan cuenta de la crudeza de la situación de orden público que afrontan municipios como Saravena.

Por ejemplo, se han registrado 763 personas desplazadas, que corresponden a 346 familias, hay más de cinco comunidades enteras desplazadas. Actualmente, Tame es el municipio más afectado con 254 familias desplazadas, se tiene una comunidad indígena confinada y dos comunidades en riesgo de confinamiento.

Cabe recordar que, desde el pasado 3 de enero, el equipo de intervención de la Procuraduría ha estado en los municipios más afectados en Arauca (Arauquita, Fortul, Tame y Saravena), con tres premisas principales: tomar las declaraciones de las familias que llegan desplazadas de las zonas rurales donde se presentan los enfrentamientos, para que puedan acceder a la ruta de atención humanitaria; acompañar a la población del departamento de Arauca, y vigilar que las autoridades realicen las actuaciones necesarias para garantizar los derechos de la población araucana.

Durante el mes de intervención, el equipo de la Procuraduría, en conjunto con los personeros municipales de Tame, Fortul, Arauquita y Saravena, reportó “haber recibido las declaraciones de 763 familias y cinco comunidades enteras que llegaron desplazadas de las zonas rurales donde se libran los enfrentamientos armados, además del evidente desplazamiento forzado, homicidios y amenazas de toda índole”.

El municipio más afectado por estos desplazamientos masivos ha sido Tame, a donde han arribado, hasta el momento, 254 familias, y cuatro de las cinco comunidades enteras desplazadas. La quinta comunidad llegó al municipio de Arauquita.

Los hechos victimizantes son desplazamiento forzado con el 90 % de las declaraciones, atentado terrorista 6 %, amenazas 3 % y homicidio 1%.

La Comisión también reporta que la comunidad indígena de El Vigía, etnia makaguan, se encuentra confinada en su territorio y hay otras dos en riesgo de confinamiento, el resguardo indígena de la vereda El Tigre, integrado por 179 familias y los excombatientes de las Farc, pertenecientes al ETCR, ubicado en el sector conocido como Filipinas, que reportan constantes amenazas contra sus vidas.

“Entre el cúmulo de personas desplazadas se encuentran 43 casos de excombatientes en proceso de reincorporación que estarían llegando ETCR Filipinas desde Tame, Saravena, Fortul y Arauquita, para buscar apoyo y protección en este espacio, según datos entregados por la Agencia de Reincorporación y Normalización”.

La procuradora delegada para el Seguimiento de los Acuerdos de Paz, Diana Cadena, aseguró que “se sostuvo un espacio de trabajo articulado con las personerías municipales para brindar apoyo en procesos de toma de declaración de eventos individuales y masivos, orientación a las víctimas del conflicto, seguimiento a la atención humanitaria para la asistencia de desplazados forzosamente, y el confinamiento y la participación de instancias interinstitucionales para la coordinación de acciones en materia de seguridad”.

El miedo, la incertidumbre de los habitantes de esta región fronteriza sigue siendo “pan de cada día” y los violentos parecen no estar dispuestos a abandonar las confrontaciones en las que los más afectados, siempre, son las familias. La población civil.