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| 8/23/2019 9:13:00 AM

Archila responde críticas de congresistas sobre la implementación de la paz

El alto consejero para la estabilización y la consolidación le respondió a parlamentarios de la U, Cambio Radical, el Polo y el Partido Liberal, entre otros, acerca del estado de implementación de los acuerdos de paz.

Archila le responde cuestionamientos sobre la implementación de paz Archila asegura que el gobierno del presidente Iván Duque está comprometido con el acuerdo en su integridad. Foto: León Darío Peláez / SEMANA

En días pasados, miembros de la oposición, independientes y unos cuantos de La U, presentaron un minucioso análisis de cómo va la implementación del pacto que llevó a la dejación de armas de las Farc y lo que hace falta para evitar que el país vuelva al sendero de la repetición.

Los congresistas le reclamaron a Duque ser contradictorio frente al acuerdo. Para ellos, mientras el mandatario se muestra comprometido en el exterior con el aterrizaje de lo que hay pendiente del acuerdo, a nivel local todo está por hacer.

"No hace las inversiones necesarias en los territorios, carece de una política de seguridad ciudadana que dé confianza y tranquilidad, presenta objeciones a la ley de la JEP, introduce reformas legislativas que generan incertidumbre entre víctimas y excombatientes, y da vía libre para que el partido de Gobierno avance en reformas que pondrían en grave riesgo la esencia del acuerdo", aseguran.

Preocupa notablemente a los escuderos del acuerdo en el Congreso que el 57 por ciento de las normas requeridas para el aterrizaje de lo que se pactó, aún están pendientes de trámite en el Congreso. Más cuando la Corte Constitucional aclaró que el cumplimiento del acuerdo final debe hacerse de buena fe, respetando su integridad”, aducen.

"La historia no le perdonaría desaprovechar la oportunidad histórica que abrió el fin de la guerra entre el Gobierno y las Farc", le dicen. Pero también se paran en la orilla de que esta es una discusión que va más allá de si se "hizo trizas la paz" o de si avanzó la construcción de la llamada "paz con legalidad".

Preocupa notablemente a los escuderos del acuerdo en el Congreso que el 57 por ciento de las normas requeridas para el aterrizaje de lo que se pactó, aún están pendientes de trámite en el Congreso. Más cuando la Corte Constitucional aclaró que el cumplimiento del acuerdo final debe hacerse de buena fe, respetando su integralidad y garantizando la no regresividad.

Faltan por ejemplo: la ley de tierras y adjudicación de baldíos, la reforma política, las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, la garantía del derecho al voto en la ruralidad, la jurisdicción agraria, el tratamiento penal especial de cultivadores, la prórroga de la Ley de víctimas, el sometimiento de bandas criminales, y la reforma a la Ley orgánica de planeación.

Al cambio de narrativa, sin embargo, se suma un ingrediente aún más importante: decisiones presupuestales que ponen en duda la posibilidad de ejecutar o no lo acordado. En ese sentido, insisten, durante los cuatro años de gobierno del presidente Duque apenas se invertirá el 26 por ciento del total necesario para la implementación del acuerdo. Esa es tan solo una de las preocupaciones presupuestales.

Frente a esos planteamientos SEMANA consultó al consejero Emilio Archila, quien respondió uno a uno los planteamientos (ver video). Él asegura que el gobierno del presidente Iván Duque está comprometido con el acuerdo en su integridad, y que cumplirá con el mismo a pesar de que presentó temas de reforma constitucional en asuntos específicos como la eliminación de la conexidad de algunos delitos con la rebelión e, incluso, las mismas objeciones a la JEP.

Según Archila, los tiempos establecidos en el acuerdo no necesariamente se corresponden con las necesidades reales. Es el caso de lo que sucede en la reforma rural integral “Ese es un esfuerzo, por ejemplo, que no es lineal. En la medida en que se va avanzando se vuelve cada vez más complejo porque los lotes a los cuales se tienen acceso son lotes más pequeños y en sitios más recónditos”, asegura.

El consejero también insiste en que el gobierno está dando todas las garantías de reincorporación y que para el presidente es una prioridad que esta se de en el marco de acciones más amplias, como las que implica sacar adelante los planes de desarrollo territorial PDETS. Así mismo, comenta que el gobierno está tomando todas las medidas posibles para contrarrestar la violencia contra ex combatientes. Vea la respuesta completa del consejero aquí.

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