Benedetti denuncia rezago con la restitución de tierras

La Ley de víctimas y restitución fue la principal bandera del presidente Juan Manuel Santos durante sus primeros años de gobierno. Fue aplaudida en el país y en la comunidad internacional, tanto así que nunca en la historia una ley de la República había sido sancionada por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, como en este caso.

Eso sucedió el 10 de junio del 2011. Con esa ley, el Gobierno se trazó ambiciosas metas: reparar, en diez años, a cerca de 500.000 víctimas del conflicto, y devolverles la tierra a cerca de 360.000 colombianos desplazados.

Además de la firma del presidente Santos y del secretario Ban Ki-moon, la Ley de víctimas fue firmada por el senador Armando Benedetti, cuando era el presidente del Congreso. Casi cuatro años después, este senador, tras varios meses de investigación, advierte que el gobierno colombiano está muy rezagado para cumplir las ambiciosas metas.

Benedetti citó al gGobierno para que se someta a un debate de control político en el que, además, señalará que a las instituciones del Estado prácticamente les está quedando grande el reto de la restitución de tierras, en buena parte porque los organismos gubernamentales no están articulados.

Pero lo preocupante son los hallazgos de Benedetti. Según cifras oficiales de la Unidad de Restitución de Tierras, hasta el 20 de diciembre del año pasado fueron radicadas 74.161 solicitudes de reclamación de tierras, que apenas corresponden al 20 % de la meta trazada para el 2021. Aunque la ley tiene plazo para diez años, Benedetti dice que si se mantiene la misma tendencia, no se alcanzará a cumplir el objetivo de restituir a 360.000 familias de desplazados.

Durante los primeros tres años de la ley (hasta junio del 2014) se profirieron 965 sentencias de restitución, pero 946 no eran correctas. Por ejemplo, 764 sentencias no delimitaron las tierras, 418 sentencias fallaron un área mayor a la real, y 424 delimitaron un área menor a la real.

Según las cifras de marzo del 2015, el número de sentencias de restitución se ha incrementado hasta 1.041 (según el Ministerio de Agricultura), que ordenan la devolución de 94.156 hectáreas. Si eso se ha restituido en cuatro años, el senador Benedetti considera que para cumplir las meta de 6.000.000 de hectáreas en los próximos años el Estado debe restituir, al año, 984.307 hectáreas.

“Hasta hoy, sólo se ha resuelto el 0,34 % de la meta, que es resolver 300.000 solicitudes de restitución”, explica.

En buena parte las fallas en el proceso de restitución, según la investigación de Benedetti, son que el proceso, a pesar de tener mecanismos expeditos, en la práctica es más largo de lo previsto. Y que las entidades estatales encargadas no actúan con diligencia o se han visto desbordadas por los retos y desafíos de esta ley.

Una prueba de ello está en los despachos judiciales. Hoy son 39 los jueces de restitución de tierras y 15 magistrados los encargados de resolver las solicitudes. Lo que llama la atención es que estos despachos asumen muy pocos procesos.
 
Por ejemplo, en el juzgado de restitución de Cartagena no hay procesos. En Barrancabermeja, apenas seis.  En Valledupar hay tres juzgados y manejan 19 procesos, es decir, seis por juzgado. En Sucre hay dos juzgados con 10 procesos, cinco cada uno. En los juzgados de Montería apenas se contabilizan 11 procesos mientras que en Cundinamarca, diez. Los juzgados que acumulan más procesos son los de Cali, con 116, y el de Mocoa (Putumayo), con 127.

Otro de los escollos de la política de restitución se concentra en las garantías de seguridad para los despojados que retornan a sus tierras. Aparte de la sentencia judicial, el Ministerio de Defensa es la última instancia para garantizar el retorno de los despojados. En los casi cuatro años de la ley, un número significativo de reclamantes no han podido regresar a sus predios por no tener garantizadas las condiciones de seguridad para su regreso.   

Y es que de 74.161 solicitudes de restitución radicadas hasta el 28 de febrero del 2015, apenas 27.133 han sido plenamente habilitadas por el Centro de Inteligencia para la Restitución de Tierras del Ministerio de Defensa.

Un documento del Ministerio de Agricultura señala que 3.314 solicitudes en Putumayo, 1.401 en Caquetá, 1.086 en Guaviare, 643 en Arauca, 682 en Huila, 526 en Casanare, 175 en Atlántico, y 354 en La Guajira, entre otras, aún no cuentan con la habilitación del Ministerio de Defensa, por lo que las restituciones no se han podido hacer efectivas.

Más allá de hacerle oposición al Gobierno, el propósito de Benedetti es aprovechar los cuatro años de la Ley de víctimas para hacer un corte de cuentas a dicha ley y alertar al Gobierno sobre los escollos y cuellos de botella que está afrontando la restitución que, pese a ser una de las principales banderas del Gobierno, es una de las políticas que no están arrojando resultados satisfactorios.