Cuatro asesinatos en 24 horas perturban la seguridad de Santa Marta

Santa Marta anocheció este lunes con una noticia que conmovió a la opinión pública, el asesinato de Juan Carlos Pedrozo, director de Recursos Humanos del Grupo Daabon, el conglomerado de empresas más grande de esta parte de la región.

“Juan Carlos, padre de dos hijos, estaba vinculado a la empresa desde hace más de ocho años. Se caracterizaba por su cumplimiento, dedicación, compañerismo y buen trato hacia sus colegas y amigos” señaló un comunicado de la empresa. Pedrozo fue asesinado hacia las 5.30 p.m. mientras conducía una camioneta en la Troncal del Caribe, a la altura del corregimiento samario de Guachaca, cuando volvía de La Guajira, donde la empresa tiene intereses agroindustriales.

El directivo fue interceptado por hombres armados que a balazos le hicieron perder el control del vehículo que terminó volcado fuera de la vía. Los atacantes lo remataron ahí, dejando a sus dos acompañantes heridos. Fuentes de la firma manifestaron desconocer amenazas contra él o la empresa.

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Hombres del Ejército, que justamente patrullaban el lugar, iniciaron rápidamente operaciones para perseguir a los responsables, quienes se internaron entre las trochas que cruzan el sitio, aunque uno de ellos estaría herido y dejó abandonada una pistola con silenciador, un elemento que no está al alcance de cualquier delincuente. Esto y otros elementos dejados en el lugar hacen parte de la investigación.

Narcotráfico

No fue el único hecho violento que dejó víctimas mortales en la jornada. En hechos aislados y en diferentes sectores de la capital de Magdalena, fueron asesinados Richard Martínez Varela, de casi 10 disparos, y Camilo Escobar, conocido también como el Mello.

Durante el asesinato de Escobar, terminó involucrada una camioneta de la Gobernación del Magdalena, que hizo temer falsamente por un atentado contra sus funcionarios, quienes pertenecían al área de comunicaciones, se salvaron de recibir los cinco tiros que impactaron al vehículo.

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En ambos casos, según el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, las víctimas mortales tenían antecedentes judiciales por distribución y venta local de estupefacientes. Estos dos casos, demostrarían, según el mandatario, “que hay una puja por el control de la distribución de drogas en la ciudad”.

Las tres muertes fueron suficientes para que la administración convocara de emergencia un consejo de seguridad, al que acudió el comandante de la Regional Ocho de la Policía Nacional, general Mariano Botero Coy.

Pero por si fuera poco, en la mañana del martes, a pocas horas del inicio de la reunión, fue asesinado en la vía entre Santa Marta y Ciénaga —también la Troncal del Caribe— José Benito Villareal, conocido como Echeverry, quien viajaba en una lujosa camioneta que quedó a la vera del camino. Tres personas quedaron heridas.

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Entre sus antecedentes, se conoció que el fallecido había sido capturado por narcotráfico en 2011 en Ciénaga y que fue extraditado a Estados Unidos donde pagó varios años de cárcel. Administraba los negocios de Maximiliano Bonilla Orozco, más conocido como Valenciano, quien fuera máximo jefe de la Oficina de Envigado y quien paga una pena de 20 años de cárcel en ese mismo país del norte.

A Echeverry se le señaló por conspirar para traficar al menos 100 kilos de cocaína con varias bandas criminales, entre ellas Los Paisas, Los Rastrojos y el Clan del Golfo.

Más víctimas

En lo corrido del año, Santa Marta registra 16 homicidios, cuatro casos más de los registrados en el mismo lapso de 2018, un año que fue crítico por la inseguridad urbana y que requirió la acción en el primer semestre del año de un cuerpo especial de la Policía.

La versión que se maneja desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Distrito, en cabeza de Camilo George Díaz, es que, excluyendo los casos de Pedraza y del guardaparques Wilton Orrego, los demás casos tienen que ver con ajustes de cuentas entre bandas criminales.

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“Las indagaciones preliminares nos dan para acercarnos a la tesis de que están en una retaliación o en un intento de reorganización, las bandas criminales, con ajustes de cuentas, cobros de deuda y eso genera ruido en la ciudad, son personas que, consultando los antecedentes judiciales, tienen alguna deuda con la justicia”, dijo en una declaración divulgada a periodistas.

Sin embargo, no se aclaró si el caso de la lideresa social Maritza Quiroz, quien murió abaleada el pasado 5 de enero, pertenece a esta última descripción, pese a ser una persona protegida. Fuentes cercanas señalan que su asesinato se revisa como víctima del crimen organizado, asociado al control y tenencia de tierras.

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Apoyo

Las miradas de los samarios tras esta oleada de sangre se vuelven hacia la Sierra Nevada, donde la banda los Pachenca tienen su retaguardia. Los hombres de Jesús María Aguirre, más conocido com Chucho Mercancía o Chucho Pachenca, buscan retomar el control perdido sobre la ciudad, a la que tenían azotada con microtráfico y casos de extorsión y de sicariato.

Si bien esos delitos habían registrado una sensible reducción, se resisten a desaparecer, en la misma medida que Chucho y su banda han buscado imponerse en los últimos seis años, los mismos que lleva el cabecilla en libertad, luego de haber sido liberado de manera aparente irregular por un juez de Córdoba (Bolívar) bajo la figura de habeas corpus. Otro juez de Santa Marta ordeno su recaptura.

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Catorce meses antes, en 2012, su cinematográfica detención en las estribaciones de la Sierra Nevada con helicópteros y decenas de comandos jungla de la Policìa, fue un imperativo presidencial. El entonces miembro del Clan del Golfo había osado hacer cumplir un paro armado que paralizó en buena parte a la capital de Magdalena durante 48 horas, en represalia por la muerte del cabecilla Juan de Jesús Úsuga.

En estos años, Chucho no solo puso en retirada al Clan del Golfo de la Sierra Nevada, sino que ademas se afianzó allí como el promotor del tráfico de estupefacientes para exportación, gracias a su dominio de la Troncal del Caribe en el eje Ciénaga-Santa Marta-Riohacha, así como en las costas aledañas, puertos naturales de aguas profundas de donde parten lanchas rápidas. Ha intentado ampliar su predominio a Barranquilla, pero sus enemigos lo han repelido.

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En estos seis años, el escurridizo Chucho Mercancía, que mantiene una red de cooperantes civiles, se ha mantenido como el número uno en el listado de los más buscados en el departamento, siempre acompañado de su segundo, Jhon Rafael Salazar Salcedo, Flash. En año de 2018, en visita a Santa Marta, el entonces ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, había ratificado la condición de alto valor del cabecilla y ofreció por él una recompensa de 100 millones de pesos.

En noviembre pasado el presidente Iván Duque anunció que la recompensa por el delincuente ya es de 300 millones. “No queremos a esos criminales seguir generando miedo en esta sociedad. Vamos a capturarlo y vamos a proceder con su extradición, porque este tipo de personajes vinculados con el narcotráfico no puede seguir creyendo que van a pasar impunemente por esa trayectoria criminal”.

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El alcalde Martínez exigió el martes al presidente y a su ministro de Defensa, Guillermo Botero, que cumplan con la palabra empeñada y aumenten el pie de fuerza en la zona, que ha sido parcialmente desmantelado. Por ejemplo, el batallón de alta montaña del Ejército, presente en la Sierra Nevada, habría sido disminuido a la mitad. Por lo pronto, un comando de investigación policial ya está presente en una ciudad que está dando la batalla para controlar la inseguridad y que añora vivir en paz.