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Canciller de Colombia, Álvaro Leyva, está inmerso en el caso de la licitación de pasaportes.
El canciller de Colombia, Álvaro Leyva, es uno de los funcionarios mencionados en el caso de la licitación de pasaportes. | Foto: AFP / Getty Images

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Atención: Thomas Greg demandará al Estado colombiano por ‘escándalo’ de pasaportes en la Cancillería

Luego de la fallida conciliación entre la multinacional y la Cancillería, ahora arranca un millonario litigio.

Redacción Semana
19 de diciembre de 2023

Las consecuencias de la fallida conciliación entre la multinacional Thomas Greg y la Cancillería de Colombia se advierten en una millonaria demanda que interpondrá la multinacional en contra del Estado colombiano, como desde diversos sectores lo habían advertido.

Thomas Greg hizo un detallado recuento de lo que ha ocurrido desde que inició esta contienda por el millonario contrato y de cómo los intereses de la empresa terminaron perjudicados por las decisiones de la Cancillería, lo que de plano llevaría a la demanda con perjuicios millonarios para el país.

“Se corroboró esa ausencia de ánimo y se frustró cualquier posibilidad de acuerdo. Por ello, en ejercicio de sus derechos, la unión temporal procedió a formular la demanda para que sean los jueces de la República los que en derecho diriman la controversia″, dijo Thomas Greg.

Thomas Greg decide demandar al Estado luego de que el Gobierno decidiera declarar desierta la licitación para la adjudicación del millonario contrato de expedición de pasaportes, debido a que esta empresa era la única oferente. La firma dijo haber sufrido un grave daño económico y reputacional, por lo que exigen como indemnización una suma superior a los 117.000 millones de pesos.

Thomas Greg reprocha que el comité conciliador haya presentado un acta de conciliación en la que decían que revocarían la resolución mediante la cual la licitación se declaró desierta, como lo había solicitado la firma. Sin embargo, el acta no adjudicaba el contrato que era la otra solicitud de la firma, y esta fue la razón por la que no se llegó a un acuerdo.

“La certificación expedida por la Secretaria Técnica del Comité solo daba cuenta de la primera de las decisiones: revocar los actos por ilegales y señalaba que el ministro era quien debería revocar los actos. Sin embargo, nada decía de la adjudicación del contrato a la unión temporal, presupuesto básico para lograr el acuerdo. Tampoco se pronunciaba en el sentido de aceptar o no los servicios adicionales ofrecidos como parte de la fórmula de arreglo y, lo más grave, desconocía el mandato del artículo 89 de la Ley 2220 de 2022, que con total claridad señala que es el acta de acuerdo conciliatorio la que sustituye los actos que se quieren revocar, sin que sea necesario ninguna intervención del Comité”, dice la multinacional en un comunicado.

Canciller Álvaro Leyva asiste a un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado
Canciller Álvaro Leyva asiste a un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

La firma Thomas Greg también rechaza las declaraciones que entregó el canciller Álvaro Leyva en entrevista con SEMANA, en las que reiteró que no tenía interés en conciliar.

El sábado 16 de diciembre, en entrevista con SEMANA, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia anunció que no conciliaría con la unión temporal Pasaportes 2023, en abierta contradicción con la decisión del Comité y en consecuencia con las normas que regulan la conciliación en la que intervienen entidades del Estado.

No obstante, la firma asegura que “ha mantenido y mantendrá el ánimo conciliatorio durante el curso de la disputa y reitera su confianza en las instituciones”.

¿Qué sigue ahora?

Thomas Greg & Sons afirma que fue gravemente afectada por la decisión del Gobierno de no adjudicar el contrato en el proceso licitatorio y ahora acudirá al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para demandar al Estado. Para esto tiene hasta cuatro meses de plazo.

Este será un litigio que podría durar años. En caso de que el Estado colombiano sea vencido, la Cancillería, con dineros públicos, deberá pagar la millonaria indemnización en los términos en los que un juez lo determine.