CAMPO MINADO

LAS PRIMERAS INFORMAciones de inteligencia llegaron a manos del comandante de la segunda división del Ejército, general Manuel José Bonnet, hace ya algún tiempo. Según los informantes, en el corazón de la selva de la serranía de San Lucas, al sur del departamento de Bolívar, se desarrollaba una intensa actividad guerrillera. Aparentemente, en la espesura existían campamentos subversivos, cultivos de coca y se hallaba también un importante arsenal de la guerrilla. Poco a poco, las pistas que daban los infiltrados del Ejército en las filas de los alzados en armas fueron tomando cuerpo. Ante la insistencia de los rumores, la comandancia del Ejército en la zona pidió que fueran tomadas algunas fotografías aéreas de la región. Las imávenes mostraban claramente la presencia humana: el bosque tropical había sido abierto en varias zonas, y había algunos caminos y claras señales del paso constante del hombre. Desde ese momento, el general Bonnet comenzó a estudiar la posibilidad de hacer un operativo aéreo. Pero la densidad de la selva y la altura de los árboles -más de 35 metros-, lo hicieron descartar rápidamente la alternativa.
El operativo tuvo que esperar más de una semana, pues las intensas lluvias retrasaron una y otra vez la partida de la expedición. Cuando por fin mejoró el clima, los hombres de la Brigada Móvil número dos partieron hacia la zona. Caminaron durante siete noches, escondiéndose de día para evitar ser descubiertos y alertar a la subversión. Cuando comenzaron a acercarse a los campamentos, no les cupo la menor duda de que habían llegado a zona guerrillera: varios hombres de la vanguardia resultaron gravemente heridos por la explosión de las minas quiebrapatas, algo que se ha convertido en el sello inconfundible de la subversión en esa zona.

UN POLVORIN
Las primeras detonaciones no fueron sino una pequeña muestra de lo que se escondía en la espesura. Las tropas fueron las primeras en sorprenderse por las dimensiones de lo que encontraron: seis campamentos con pistas de entrenamiento y áreas de instrucción, fábricas de armas y explosivos, 40 hectáreas sembradas de coca, tres toneladas de marihuana, precursores químicos y equipos para procesamiento de cocaína, lanchas y vehículos blindados y más de nueve campos minados.
Los soldados comenzaron a desactivar una a una las minas que la subversión había enterrado y las que tradicionalmente dispone en los caminos. Pero también encontraron gran cantidad de explosivos dispuestos a manera de lo que los soldados conocen como 'trampas cazabobos', que no son otra cosa que señuelos que dejan los insurgentes para que la tropa se acerque. Encontraron explosivos en ollas, debajo de bultos de arroz... El lugar era un verdadero polvorín: un cuartel general de la guerrilla rodeado por kilómetros enteros de campos minados, al mejor estilo de los Khmer Rojos de Camboya.
Pero las quiebrapatas que encontró el Ejército no sólo estaban camufladas para defender el fortín. También había grandes cantidades de ellas y de sus materias primas en lo que resultó ser una fábrica de una de las armas más temidas, y sin duda la más cruel que emplea la guerrilla. En el lugar fueron hallados los cuadernos con las fórmulas para preparar el explosivo, diagramas de cómo armarlas y cuadros explicativos que indicaban la mejor manera de volar instalaciones y vías.
Las minas antipersonales, como son llamadas científicamente, son una de las mayores pruebas de la sevicia y de la demencia guerrillera. Han cobrado más de 500 víctimas en tres años, de las cuales 116 han muerto. Otras 400 han quedado gravemente mutiladas y buena parte de ellas han sido los civiles: campesinos que transitan en áreas rurales y en los caminos veredales, y, aún peor, los niños. La proliferación de campos minados tiene a poblaciones enteras sitiadas, sin posibilidad de moverse o de llevar la producción agrícola a los pueblos vecinos.
Estos explosivos se han convertido casi que en el único motivo por el cual las organizaciones no gubernamentales que vigilan el respeto de los derechos humanos en Colombia han hecho denuncias no sólo sobre la actuación del Ejército, sino también sobre la de los insurgentes. "Las minas no deben ser empleadas por ninguno de los actores del conflicto colombiano" afirma Guillermo González, director del Instituto de Derechos Humanos de Esap. "El empleo de minas es contrario a las más elementales normas. La guerrilla debe detener su uso", agrega Carlos Rodríguez, subdirector de la Comisión Andina de Juristas. Este tipo de arma ha estado en el centro del debate de los derechos humanos a nivel mundial, al punto que, recientemente, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, elevó una petición a las Naciones Unidas para que se asegure de la erradicación de las minas quiebrapatas, tanto en el caso de los ejércitos como en el de las fuerzas insurgentes.

MAS Y MAS PRUEBAS
Pero además de la importancia del hallazgo o de la dureza del golpe de los militares a la organización subversiva, otro aspecto fundamental del operativo fue que puso en evidencia que la serranía de San Lucas se está convirtiendo rápidamente en un importante centro de tráfico de drogas. Y no de cualquier tipo. La presencia de grandes cultivos de coca, el hallazgo de enormes cantidades de marihuana y de instrumentos e insumos para el procesamiento de cocaína, son una prueba más -si es que aún hacía falta- que evidencia los estrechos vínculos que unen a la guerrilla y al narcotráfico desde hace muchos años.
Las pruebas no han faltado. Cada vez los hallazgos del Ejército dejan en claro que, más que simples vigilantes, los guerrilleros se están involucrando en el cultivo, procesamiento y comercialización del alcaloide. Documentos decomisados por las autoridades sobre una cumbre financiera de la organización permiten establecer que la cocaína es sin duda la fuente de financiación más importante de las Farc. Cerca de 80.000 millones de pesos es el promedio que reciben los ocho frentes coqueros de la organización, y sin duda algo similar debe ocurrir con el ELN. En una entrevista realizada por el noticiero TV Hoy al cabecilla de las cuadrillas del ELN en el Guaviare, el subversivo no tuvo ninguna dificultad en admitir que "colaboración (entre la guerrilla y el narcotráfico) sí la hay". Esta actividad subversiva, junto con las muchas otras formas criminales de financiación fueron registradas la semana pasada por el semanario inglés The Economist, bajo el título "Los otros 'gangsters' colombianos" (ver recuadro).
Y si desde hace muchos años se ha dicho de la guerrilla que es un negocio, ahora, con las actividades relacionadas con el tráfico de drogas, lo es más que nunca. Así las cosas, la dependencia de la subversión con el narcotráfico va a plantear serios problemas en los diálogos de paz que el gobierno quiere emprender con los alzados en armas. Mientras el narcotráfico siga existiendo y expandiéndose, va a resultar cada vez más difícil que los alzados en armas opten por la paz y más complicado establecer, a la hora de negociar, la diferencia entre la guerrilla y la narcoguerrilla.
Episodios como el de la semana pasada, que concentran de una sola vez los tres grandes problemas de Colombia -guerrilla, narcotráfico y derechos humanos- demuestran cómo cualquier opción que plantee el gobierno al problema de la guerrilla deberá manejar muchas más variables de las que requiere un proceso de paz con una fuerza revolucionaria que no se ha criminalizado como lo ha hecho la colombiana.


LOS OTROS 'GANGSTERS' DE COLOMBIA

"MIENTRAS LA mayoría de los grupos rebeldes de Latinoamérica han sido forzados a dejar las armas -ya sea gracias a la acción del ejército o en virtud de tratados de paz- los 10.000 guerrilleros colombianos parecen estar más fuertes que nunca. Ellos emboscan bases del Ejército, atacan oleoductos, extorsionan, secuestran a ricos hacendados y ejecutivos extranjeros de las petroleras. Su lucha de 47 años dice reclamar cambios sociales. Pero las fronteras entre la revolución y el puro crimen son cada vez menos claras.
Convencer a los rebeldes de que la paz es mejor que la guerra no será fácil. El sabotaje petrolero del ELN es particularmente lucrativo. "Para las guerrillas es un negocio, un muy buen negocio", dice Alejandro Martínez Villegas, de la Asociación Petrolera Colombiana que representa a 19 compañías petroleras extranjeras.
El secuestro es otro gran negocio. La Policía asegura que en 1993 se produjeron 1.000 secuestros, 1.400 en 1994, de los cuales 600 fueron llevados a cabo por la guerrilla.
El total en rescates pagados en 1994 ascendió a 200 millones de dólares: Los rescates exigidos van desde 150.000 dólares hasta tres veces esa suma en el caso de las víctimas más ricas, aunque la guerrilla exigió seis millones por el científico americano Thomas Hargrove, secuestrado en el pasado otoño.
Los rebeldes también sacan provecho del tráfico de droga, ya sea en forma directa -por procesamiento y exportación de cocaína- o más frecuentemente por el cobro de grandes sumas a los jefes de la droga por protección de sus pistas de aterrizaje -15.000 dólares por vuelo- o por vigilancia de los laboratorios.
"Donde hay riqueza en Colombia, hay guerrilla", sostiene Daniel García-Peña, un académico que es asistente del alto comisionado para la paz, Carlos Holmes Trujillo. "Su impacto económico es hoy más alto que nunca".