Ni agua para los presos de la cárcel de Valledupar

La Corte Constitucional recriminó al Gobierno por su falta de compromiso para mejorar la situación de la población carcelaria en general y tomó varias medidas para evitar que los reclusos de la cárcel de alta y mediana seguridad de Valledupar (Cesar) sigan padeciendo por la falta de agua y los tratos inhumanos que reciben en el interior de esa institución.
 
Con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas, ordenó suspender el ingreso de nuevos reclusos al penal durante los próximos seis meses e impuso mecanismos especiales para que cada uno de los actuales pueda tener acceso al mínimo de agua potable definido en estándares internacionales. Si al cabo de 11 meses la situación no mejora, se ordenará el cierre de la penitenciaría.
 
“El hecho de estar cumpliendo con una medida de aseguramiento o de haber sido condenado a una pena privativa de la libertad, no significa que queden despojadas de su dignidad humana y por lo tanto deben ser respetadas”, dice la providencia al referirse a la situación de completa inhumanidad en la que viven los presos de esa establecimiento, conocido como ‘La Tramacúa’.
 
De hecho, para el alto tribunal la situación es tan apremiante y difícilmente corregible que entiende que la solución efectiva es ordenar, de inmediato, el cierre de esa institución. Sin embargo, la corporación decidió darle una segunda oportunidad al Gobierno y las autoridades carcelarias, dado que, situaciones como esta, son idénticas a las que vive la casi totalidad de presos en Colombia.
 
Por eso, para corregir los problemas que tienen los internos para acceder a una cantidad mínima de agua potable, tras la determinación las entidades demandadas deberán asegurarse de que todos los reclusos cuenten con un recipiente que les permita almacenar diariamente al menos 20 litros de agua, cinco litros más para sobreponerse a las consecuencias de las altas temperaturas y dos más para mantener en la noche.
 
La Corte, cansada de estar exhortando a las demandadas a poner en práctica iniciativas que permitan superar el déficit, incluso establece cuál es el mecanismo que se debería poner en práctica para hacer un uso más eficiente del vital líquido, proponiendo una especie de ‘pico y placa’.
 
“Por ejemplo, en vez de abrir la llave en un solo lugar durante un periodo continuo de 30 minutos, en el que los internos prácticamente tienen que arriesgar su vida para llenar sus recipientes de agua, tal como actualmente ocurre, podrían hacerse algunas pruebas piloto para establecer turnos por cada piso de la torre, de manera que no se formen tumultos, que no se desperdicie el agua, y que cada interno cuente con una cantidad mínima vital del líquido”, precisó
 
La providencia indica que se deben establecer protocolos especiales para garantizar que en la zona donde se preparan los alimentos haya limpieza en todo momento, evitando así que el área conocida como ‘el rancho’ siga estando en las condiciones insalubres en los cuales se encuentra en la actualidad.
 
Mientras se mantiene suspendido el ingreso de nuevos detenidos, el Inpec y el Ministerio del Interior deberán trabajar en soluciones definitivas, no solo para garantizar que los internos puedan consumir todos los días agua potable, sino para que se ponga fin a los maltratos y caso severos de violación a los derechos humanos que día a día se conocen en esa institución.
 
Si al cabo de 11 meses la situación no ha cambiado, el penal deberá ser cerrado de manera definitiva, lo dará lugar al traslado de algunos presos a otras cárceles y a la liberación de otros tantos que se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta.
 
Ocho días después de ordenada la clausura del lugar, se deberá tener listo el mecanismo para garantizar que los primeros en salir sean los “enfermosterminales o con enfermedades de alto costo, personas mayores de 65 años de edad, personas con enfermedades siquiátricas, y aquellas en condición de discapacidad”.
 
Posteriormente, el Inpec y los responsables del manejo de ‘La Tramacúa’ deberán disponer qué hacer con los demás presos en un lapso no mayor a seis meses.