Comando elite para castigar crímenes de policías, jueces y fiscales

Muchos colombianos saben quién es Terry Watson. El agente de la DEA, de 43 años, fue asesinado en un paseo millonario, minutos después de tomar un taxi en el parque de la 93 en Bogotá. Los hechos sucedieron el 21 de junio de 2013 y el caso se convirtió en un escándalo nacional. A diferencia de muchos procesos judiciales que duran años o descansan en la más anunciada impunidad, el expediente de Watson se resolvió al instante. A los tres días toda la banda estaba capturada (incluido el que había lavado el taxi). A los ocho días el gobierno de Estados Unidos ya los había pedido en extradición y a los pocos meses ya enfrentaban penas de más de 60 años de cárcel.

Sin embargo, casi nadie sabe quién es Rubén Darío Soto. El agente del Servicio de Inteligencia de la Policía (Sipol) fue asesinado la mañana del jueves 10 de septiembre por un sicario que le propinó cinco tiros a quemarropa mientras conducía su moto por el sector de La Iguana en Medellín. Según el vicefiscal Jorge Perdomo, este año han muerto 57 policías en situaciones semejantes. La cifra, que en otros países del mundo sería escandalosa, hace parte del paisaje.

El año pasado fueron asesinados 120 policías y, según una investigación del grupo de Memoria Histórica publicada por Verdad Abierta, en el periodo de 1979 a 2009, más de 1.500 funcionarios judiciales han sido víctimas de todo tipo de delitos. Fasol, una organización dedicada a este tema, asegura que en más del 90 por ciento de los casos hay impunidad.

Este duro panorama hizo que el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Policía crearan Gespol, un grupo especializado para investigar los asesinatos de jueces, fiscales, investigadores y policías. La idea es conformar una especie de comando elite que se encargue de que ningún atentado contra las personas que protegen a los ciudadanos e imparten justicia pueda pasar sin castigo. Aunque muchos de los crímenes que se cometen contra estos funcionarios tienen relación con el conflicto armado o con otras causas (como el caso de la fiscal de Medellín asesinada por su hijo), el grupo se especializará en resolver casos en el que los ataques tengan que ver con sus funciones.

Gespol lleva una semana en operación y ya tiene resultados que mostrar. El primer caso que asumió es el de José González y Cristian Rincón, heridos en La Tebaida cuando intentaban frenar un robo. Los patrulleros vieron a una señora corriendo mientras un hombre armado intentaba quitarle sus pertenencias. Decidieron capturarlo, pero este les disparó y huyó. El caso llegó a Gespol y, a los pocos días, el agresor tenía medida de aseguramiento. Y en el de Soto, ya cayó un presunto responsable del crimen.

El ministro de Justicia, Yesid Reyes, quien ha liderado el proyecto, asegura que el objetivo del grupo es enviar el mensaje de que el Estado “va a sancionar rápida y severamente a quien mate o intente matar a un policía, fiscal o juez”. Esto permite que estos funcionarios se sientan respaldados y no dejen de cumplir sus labores por miedo. Pero también envía un mensaje importante pues muchos ciudadanos sienten que si no se pueden resolver los crímenes contra los que tienen el deber de cuidarlos, mucho menos futuro tendrán los procesos contra las personas de a pie.

En Estados Unidos, por ejemplo, existe la política en el Ejército de “No man left behind” (Ningún hombre se queda atrás). Esto quiere decir que el gobierno no solo no abandona a uno de sus oficiales, aun en la más cruda guerra, sino que iría a cualquier rincón del planeta para castigar a quienes atenten contra ellos, como en el caso de Terry Watson. Por eso, es mundialmente conocido que ningún asesinato de un policía, soldado o agente de la DEA norteamericano queda en la impunidad.

Colombia, por cuenta de las varias décadas de violencia, se ha acostumbrado a ver a la Justicia, no como la institución fuerte y poderosa que protege a los ciudadanos, sino como víctima. La toma del Palacio de Justicia, la masacre de los agentes judiciales en La Rochela, los miles de militares muertos a manos de Pablo Escobar y los cientos de jueces, investigadores y policías que han perdido la vida por cuenta de su trabajo dejaron la impresión de que la vida de esos funcionarios podía tener precio. Si Gespol funciona, este podría ser el primer gran paso para proteger y hacer respetar a quienes defienden la ley.