¿Por qué nadie cree que pase algo en la Comisión de Acusación?

Todos los reflectores se posan sobre la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Desde que el fiscal general compulsó copias contras dos expresidentes de la Corte Suprema, Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, la opinión pública se concentró, una vez más, en la célula judicial del Congreso. Esta será la encargada de esclarecer el mayor escándalo de corrupción que compromete a la rama judicial. La que determine si los dos exmagistrados pidieron o recibieron millonarias sumas de dinero para frenar investigaciones que adelantaba la Sala Penal contra algunos congresistas. La Comisión recibía la compulsa de copias a sabiendas del reto que se le venía. El país reclama resultados, “sin contemplaciones, en palabras del presidente de la república.

Tan solo dos días después del anuncio del fiscal Néstor Humberto Martínez, este jueves los dos representantes investigadores Edward Rodríguez (Centro Democrático) y Fabio Arroyave (liberal), decretaron la apertura de indagación preliminar contra Bustos y Ricaurte. “La  Comisión no será inferior al reto que asume frente al país”, dijo el representante Arroyave.

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No es la primera vez que la Comisión de Acusaciones pasa al tablero a presentar examen. En sus 45 años de historia ha dejado más interrogantes que respuestas, por lo que se ha ganado el calificativo de “comisión de Absoluciones”, un comentario que ha hecho carrera y que se refiere a que cuanta denuncia llega a su jurisdicción termina archivada.

Solo dos casos en la historia han terminado en acusaciones. En 1959, cuando la Cámara acusó ante el Senado al general Gustavo Rojas Pinilla ( 1953-1957), quien fue declarado indigno por abuso de autoridad y concusión. Y hace un año la Comisión investigó y acusó al entonces presidente de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, por presuntamente haber pedido dinero a cambio de favorecer la selección de una tutela a favor de la firma Fidupetrol. El caso está en el Senado y en la Corte Suprema de Justicia. 

A pesar de este reciente resultado, la Comisión de Acusaciones ha cargado con una pesada cruz desde el proceso 8.000. La decisión de precluir la causa contra el presidente Ernesto Samper, luego de comprobarse el ingreso de dineros del cartel de Cali a su campaña en 1994, generó rechazo en el país. Quizás, desde entonces, cada vez que un caso llega a resolverse a este organismo las expectativas no son altas.

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Sin embargo, los dos representantes investigadores sorprendieron al revelar las pruebas que practicarán durante esta etapa de indagación. El listado es tan amplio que además de las pruebas remitidas por la Fiscalía, que a su vez obtuvo de la DEA, solicitaron la declaración juramentada del exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno, del abogado Leonardo Pinilla Gómez, Jaime Camacho, fiscal delegado ante la Corte Suprema. Pidieron además a la Fiscalía la conformación de un grupo de tareas especiales para que apoyen la investigación, y al procurador general la designación de un agente especial dentro del proceso. De momento buenas intenciones.

En el caso de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, la Comisión de Acusaciones tendrá referentes en la investigación. Las principales pruebas fueron recaudadas en Estados Unidos y la justicia de ese país tiene la lupa en las investigaciones por corrupción. Además la presión mediática obliga a los investigadores a presentar resultados.

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Pero también existen obstáculos. El principal, la conformación de los integrantes de la Comisión de Acusaciones, dirigentes políticos más acostumbrados a diseñar leyes que investigaciones penales, aunque muchos sean abogados.

Otra circunstancia puede ser el histórico temor de los parlamentarios a la hora de investigar a miembros de la Corte Suprema de Justicia, quienes precisamente los investigan. De hecho el representante a la Cámara Telésforo Pedraza pidió que se certifique qué integrantes de la Comisión de Acusaciones tienen investigaciones abiertas en la corte.

Juan Manuel Charry, constitucionalista, asegura que esa circunstancia es un mal diseño del Estado. “Hoy los juristas controlan a los congresistas y eso se debe a un diseño mal elaborado de la Constitución, que cruzó las competencias otorgándole más peso a las cortes”, explica.

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Hace dos años la Corporación Excelencia a la Justicia presentó un informe que dejó mal parada a la Comisión de Acusaciones. Señalaba que desde 2012 hasta 2014 esa corporación recibió un total de 3.496 denuncias, de las cuales 1.957 fueron archivadas y 1.538 casos estaban sin resolver.

Son muchas las causas que llegan a su jurisdicción, y la mayoría sin suficiente sustento. Ahora el expediente que recibieron sobre el mayor escándalo de corrupción en la justicia es la oportunidad de oro para que limpie su imagen. La Comisión de acusaciones pasa al tablero. Esta vez el país reclama que saque un sobresaliente.