Contraloría pide al Gobierno endurecer la reglamentación de licencias ambientales

Este viernes la Contraloría General de la República advirtió al Gobierno nacional sobre los riesgos que implica, para la protección y conservación de los recursos naturales, la debilidad normativa.
 
En ese sentido, el organismo de control se refirió a las deficiencias y los vacíos que tiene actualmente el otorgamiento de licencias ambientales.

De acuerdo con el ente de investigación, esta situación se demuestra en la "paulatina disminución de los proyectos, obras y actividades que están sujetos a licenciamiento".

Según la controlora general, Sandra Morelli, "no se está cumpliendo la finalidad de la licencia ambiental en la prevención y mitigación de generación de impactos ambientales".

En criterio de la alta funcionaria, el incumplimiento de la normativa ocasiona daños que conducen a la "conformación de pasivos ambientales y a la afectación de la salud humana".

Por lo anterior, Morelli dirigió una función de advertencia sobre el tema al ministro de Medio Ambiente, Frank Pearl, y a la directora general de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Luz Helena Sarmiento.

A la Contraloría le preocupa que en el decreto 2820 del 2010 se "regule el proceso de licenciamiento únicamente sobre obras o actividades y se omita como criterio el emplazamiento o ubicación del proyecto, obra o actividad".

"Dicha orientación genera una clara contradicción con las premisas constitucionales sobre la protección y conservación de los recursos naturales, lo cual podría llevar a una situación de peligro áreas de especial importancia ecológica como los páramos, los humedales inscritos en el Convenio de Ramsar, los parques nacionales, las reservas naturales, los lugares de especial interés científico o de valor arqueológico, cultural o histórico", señala la función de advertencia.

Cabe recordar que el decreto 2820 del 2010 reglamenta el permiso de actividades de explotación minera sin el trámite de licencia ambiental, hecho que para el ente de control "resulta contradictorio con la Ley 99 de 1993, toda vez que no se analizan los posibles impactos a generar y por lo tanto, no es posible tomar la decisión de permitir o rechazar la actividad en caso de que los costos ambientales resulten inaceptables".