Una ponencia defiende derechos de los constructores

El magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares presentó un proyecto de fallo que propone respetar los derechos que les fueron concedidos a los constructores a pesar de que las alcaldías quieran hacer cambios en el uso del suelo.

En el 2013, el Congreso aprobó el reglamento por el que actualmente se rigen los distritos especiales, que cobija a algunas de las ciudades más importantes del país, excepto Bogotá. Entre las potestades que se entregaron a esas administraciones locales se encuentra la posibilidad de modificar normas para el desarrollo de los proyectos urbanísticos a través del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

En ese reglamento que tienen la capacidad de imponer los distritos se establece qué uso se puede dar al suelo en las distintas áreas de las ciudades.

Es lo que impide, por ejemplo, que los establecimientos comerciales para el esparcimiento nocturno puedan funcionar en cualquier zona residencial, lo que afecta los derechos de los demás ciudadanos.

Sin embargo, la ley que habilita a las administraciones locales para transformar este tipo de normas también fijó una cláusula que les impide a los alcaldes y Concejos desconocer los derechos que adquirieron los constructores una vez se modifique el POT.

La norma permite, por ejemplo, que las construcciones que fueron levantadas en lugares donde se planea modificar el uso del suelo para poner en funcionamiento un parque natural no tengan que ser demolidas.

Ese aparte de la ley fue demandado, pues se cree que los distritos especiales deben tener la potestad de modificar por completo los planes para el desarrollo urbanístico.

El magistrado Alejandro Linares no lo cree así. Considera que la norma debe seguir rigiendo para evitar que las modificaciones en el POT puedan desconocer un principio universal que reconoce la prohibición para afectar derechos que ya fueron reconocidos. Por eso, sugiere declarar este mandato como constitucional.

Y aunque hay algún escepticismo frente a la posibilidad de que la ponencia pase incólume, la posición del togado coincide con la de la Procuraduría que, en concepto entregado a la Sala Plena, pidió que los textos demandados sean declarados constitucionales.

De ser aprobada la tesis de Linares, los constructores e inversionistas podrían mantener sus proyectos urbanísticos ya construidos.

De ser avalada esta tesis, también se podrán seguir adelantando actividades económicas como la minería, en lugares donde el impacto medioambiental sea mínimo, así se establezcan nuevas reglas que impidan su desarrollo.