Condenan a 31 años de cárcel a negociadores de las FARC

La Corte Suprema de Justicia tomó una trascendental decisión, condenó a 31 años de cárcel a varios miembros de las FARC entre ellos, ‘Iván Márquez’ y ‘Pablo Catatumbo’ actuales negociadores en La Habana. Se les acusó de los delitos de homicidio en persona protegida, homicidio agravado y terrorismo.

En el año 2005 en una de sus acciones militares, las FARC a través del frente ‘Joselo Losada’ detonaron una carga explosiva instalada en el Hotel Acapulco,  situado en inmediaciones de la Inspección de Policía de Puerto Toledo (Meta). El hecho provocó la muerte de dos menores de edad: Joan Smith Rodríguez Medina y Euder Emilio Arcila Jiménez, así como a cuatro integrantes de la fuerza pública.

En la sentencia de 30 páginas con ponencia del magistrado Jorge Luis Barceló Camacho se lee que “la información proveniente del Departamento de Inteligencia del Ejército Nacional, pobladores y varios desmovilizados del grupo insurgente, permitió establecer que la orden para realizar el atentado provino del secretariado, comandantes, cabecillas de columna, del Frente 43 de las FARC. Su ejecución fue materializada por integrantes del mismo grupo”.

Por los hechos fueron condenados: Noel Mata Mata, alias ‘el cucho’ o ‘Efraín Guzmán’; Rodrigo Londoño Echeverry, alias ‘Timoleón Jiménez’ o ‘Timochenko’, jefe máximo de las FARC. También Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’; Gener García Molina, alias ‘Jhon 40’; Henry Castellanos Garzón, alias ‘Edinson Romaña’ o ‘El Gordo’.

También fueron condenados: Jorge Torres Victoria, alias ‘Pablo Catatumbo’; Jaime Aguilar Ramírez, alias ‘Dionisio Rayo’; Luis Elid Barón Sánchez, alias ‘Nacho’; Carlos Cecilio Parra González, alias ‘Carlos, el canoso’ y Fabián Ramos Cruz, alias ‘Mauricio Pitufo’.

La Corte ordenó que paguen una pena de 373 meses (31 años) y a una multa de 2115 salarios mínimos legales (más de 1.200 millones de pesos), por los daños causados a la población civil.

Con esta decisión se deja en evidencia la responsabilidad de los miembros de las FARC en los ataques de la población civil, tema que ha estado en el centro del debate entre los distintos sectores de opinión ya que para algunos los delitos de los miembros de las FARC no pueden quedar impunes.