Corte Suprema frena negociación con Musa Besaile

Las declaraciones que el exsenador Musa Besaile entregó a la justicia como parte de un intento de negociar están siendo guardadas en un computador de la Corte Suprema de Justicia. Los detalles que viene entregado solo tendrán validez en el momento en que ambas partes -Besaile y corte- se pongan de acuerdo con los beneficios a conceder por cuenta del ‘ventilador‘ en contra de políticos, exmagistrados y empresarios. Si ello no ocurre, las grabaciones serán destruidas.

Así quedó consignado en un acuerdo que hicieron las partes, negociación que estaba a pocos encuentros de concluir. Sin embargo, la cita programada para este viernes acaba de ser cancelada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. En diálogo con SEMANA, los magistrados aseguraron que el pacto incluía una reserva de la información que fue violada, y que en tanto no se establezca el origen de la filtración y su propósito no reanudarán la negociación. 

Este viernes era uno de los últimos encuentros programados y estaba destinado a que Besaile precisara detalles sobre altos funcionarios que participaron del cartel de la toga, la supuesta mermelada del gobierno Santos, la burocracia y el manejo de cupos indicativos.

Este martes La W Radio reveló los detalles de lo que hasta ahora ha sido el eje de las delaciones de Besaile. El cacique electoral de Córdoba afirmó que desde el año 2010, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos empezó a manejar la llamada "mermelada", en referencia a la burocracia y los auxilios parlamentarios. Según Besaile, todo se pactaba desde la Casa de Nariño en reuniones con los parlamentarios; afirmó que para acceder a la asignación tanto congresistas como entidades tenían una calificación dependiendo de su importancia electoral.

Es así como -destaca el informe de La W- que entre los institutos clase A se encontraba el ICBF; entre los clase B estaba el Incoder, el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), el DPS (Departamento para la Prosperidad Social), el Invías y el Banco Agrario. En la clase C estaba la DIAN, la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Transporte y 4-72.

Besaile confesó que por la alta votación que tuvo al lado del exsenador Bernardo ‘el Ñoño‘ Elías en el 2014, el Gobierno les pagó con Fonade. Esta declaración confirmaría las pesquisas de la Fiscalía, que precisamente apuntan a que esta entidad fue usada para hacer favores burocráticos y comercializar puestos en favor de la organización criminal integrada por magistrados y exmagistrados de las altas cortes. Musa estaría entregando los detalles alrededor de la llegada del exmagistrado Francisco Ricaurte a la entidad en el año 2015, fecha para la cual recibió un millonario contrato como asesor.

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En sus declaraciones, Besaile endilgó supuestas responsabilidades en el manejo de la mermelada a Germán Chica, quien fue exalto consejero para los Asuntos Políticos de Santos, y Luis Miguel Pico, ex viceministro de Agricultura. Este último aparece mencionado por Gabriel Dumar -un empresario que pedaleó por meses la dirección de Fonade-, quien admitió ante la justicia cómo sirvió de intermediario para el giro de dineros a políticos de parte de Odebrecht.

Según Dumar, el dinero se habría entregado a través del senador Bernardo Elías y tenía como destino: 200 millones de pesos al congresista Antonio Guerra, para una especie de lobby ante la Superintendencia Financiera por el tema de Odebrecht; otros 50 millones de pesos que habrían sido para Luis Miguel Pico, y el resto de la plata, es decir, algo más de 9.000 millones de pesos, para Roberto Prieto. El dinero iba supuestamente para la campaña de Santos Presidente.

En otros detalles, Besaile habría asegurado que en diciembre del 2013, siendo presidente de la Comisión IV de Senado, se enteró que el gobierno le entregó el ICA al senador Efraín Cepeda y el Incoder al senador Hernán Andrade, con el fin de tener el apoyo de congresistas del Partido Conservador. Los detalles de la repartición de cuotas burocráticas habría sido de la siguiente manera, según Besaile: en Córdoba, el SENA regional para Sara Piedrahita Lyons; la subdirección agropecuaria del SENA y el Incoder para David Barguil, y el Instituto Colombiano Agropecuario para Yamina Pestana.

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En Sucre le habrían entregado el ICBF y el ICA a Nicolás Guerrera; el SENA de Caucasia habría sido para Julián Bedoya y varias entidades de Antioquia y Magdalena estaban supuestamente en manos de José David Name, Roberto Gerlein y Efraín Cepeda.

Este mapa estaba siendo revisado por los investigadores de la corte, que se preparan para dar un concepto definitivo frente a hasta cuánto podrían ceder en materia de beneficios a cambio de esta colaboración. Entre tanto, en el alto tribunal avanzan en etapa de juicio dos procesos contra Musa Besaile: por su papel en el cartel de la toga y otro por parapolítica. Sin embargo, este intento de lograr beneficios quedó en el congelador por el malestar que causó la publicación de estos detalles.