El giro que dio la tragedia del Cauca

Los colombianos aún no cierran la profunda herida que causó la emboscada de las FARC en la que masacraron a diez militares e hirieron a otros 20, pero el caso acaba de sufrir un giro inesperado que aumentó el dolor. Dos de los militares que sobrevivieron en la medianoche del 14 de abril pasado en una vereda de Buenos Aires, Cauca, acaban de ser vinculados a una investigación que adelanta la justicia penal militar.

Se trata de los comandantes de la compañía, el sargento Rodolfo Díaz Donoso y el cabo Alfonso Carvajal Cuadros. A ellos se les indaga por la presunta responsabilidad en delitos que van desde peculado, falsedad, desobediencia, lesiones personales, hasta homicidio. Dicho simple y crudamente, esos dos militares que se salvaron de ser asesinados por las FARC, ahora enfrentan la penosa tragedia de ser investigados por la muerte de sus compañeros.

Sin duda ese escenario es toda una paradoja, ya que para nadie es un secreto que las FARC son las únicas responsables del crimen, que por cuenta de esa masacre se sacudió la Mesa de Conversaciones en La Habana y que desde entonces muchas cosas cambiaron en materia de orden público en el país. Por un lado el gobierno reactivó los bombardeos y por el otro la guerrilla puso fin a la anunciada tregua unilateral. Tampoco se puede negar que cuando se supo el saldo fatal de la emboscada, en el ambiente siempre estuvo el interrogante de por qué le resultó tan fácil a esa guerrilla atacar a los militares con tanta sorpresa y letalidad.

La respuesta a ese interrogante es tan dolorosa como sorprendente y, a juzgar por las investigaciones que adelantan la Procuraduría y la justicia penal militar, todo indicaría que en efecto hubo exceso de confianza y de manera inexplicable se cometieron una cadena de errores que habrían llevado al desenlace.

Lo grave de los errores hallados hasta el momento es que en el fondo demostrarían cierto grado de indisciplina y desobediencia a órdenes superiores, algo impensable dentro de la cultura castrense, que por lo tanto es castigado con severidad. Sumado a que habrían violado los protocolos de operaciones de combate en temas tan sensibles como acampar en un mismo sitio por varios días y cerca a la población civil, tal como lo hicieron en la vereda La Esperanza donde fueron atacados.

Además, pruebas documentales que demostrarían que los dos uniformados mintieron al reportar su ubicación exacta ante sus superiores. En realidad ellos debían estar a dos kilómetros del polideportivo donde fueron emboscados, y por las evidencias recogidas todo apunta a que estuvieron cuatro días en el sitio. Y lo que es peor, bajaron la guardia pese a que ese mismo día “se les alertó que las FARC planeaban un ataque”, dice la investigación disciplinaria que adelanta la Procuraduría.

A esa cadena de errores se suman versiones recogidas en la vereda, en la que los lugareños aseguraron que el domingo antes de la ofensiva (la masacre fue el martes) algunos militares estaban relajados, tomaron cerveza y hasta hubo altercado con uno de ellos. En defensa de los soldados asesinados hay que decir que en el informe forense que rindió Medicina Legal no se menciona la presencia de alcohol en sus cuerpos. No obstante, la justicia castrense insiste en investigar ese hecho, máxime si se tiene en cuenta que la versión del licor habría ocurrido dos días antes de la emboscada, lo que agravaría la tesis en el sentido de que sí ‘dieron papaya’. Desde que surgieron esas versiones, el general Mario Valencia, comandante de la Tercera División del Ejército a la cual pertenece la compañía masacrada, ha dicho en varios medios que se trata de estrategias de las FARC para enlodar sus nombres, “y para ello utilizan milicianos que se hacen pasar por pobladores”.

La Procuraduría descubrió, además, que la compañía atacada tenía una orden de operación ofensiva para capturar o dar de baja a un cabecilla de la columna móvil Miller Perdomo de las FARC. Lo curioso es que los soldados entrevistados aseguran que la misión era de control territorial y no ofensiva y que el día que los atacaron el pelotón estaba integrado solo por soldados y suboficiales; es decir, no contaba con los tres oficiales que se acostumbra por estrategia militar. Por eso, en la investigación disciplinaria que adelanta el Ministerio Público están en la mira los siete suboficiales, un mayor, un coronel y un general.

Al duro informe del Ministerio Público se suma la investigación de la justicia penal militar en el mismo sentido. Los señalamientos de esta son inusuales pues no se destaca por cuestionar o sancionar ejemplarmente a sus investigados. Por eso, sorprende que en este caso en particular haya sida tan dura, incluso al sindicar de homicidio a los dos suboficiales. Eso quiere decir que descubrieron cosas mucho más graves de las que hasta ahora se conocen. Un giro, sin duda, bastante sorprendente.