EL MUERTO QUE VOS MATAIS...

Al principio todo el mundo se llevó las manos a la cabeza. El miércoles en la noche, cuando se hizo público el fracaso de la reunión entre el presidente Virgilio Barco, su ministro de Gobierno, Raúl Orejuela, y los ex presidentes Julio César Turbay y Misael Pastrana, la primera reacción fue pensar que el proyecto de reforma constitucional, una de las banderas de este gobierno, había recibido entierro de pobre. Parecía, sin embargo, un final lógico para un proceso muy accidentado.

La primera etapa, a comienzos de 1988, había arrancado con la propuesta presidencial, en una carta a El Espectador, de un plebiscito para reformar la Constitución. Ante la avalancha de críticas y la falta de decisión del gobierno para sacar adelante su iniciativa sin el visto bueno del Partido Social Conservador el plebiscito dio paso a una fórmula conciliadora del gobierno con la oposición goda para, de común acuerdo, sacar un proyecto que incluyera la reforma del artículo 218. El proyecto, que debía hacer trámite previo por el Congreso, incorporaba la posibilidad de que la Constitución pudiera reformarse por referendo, además de una serie de reformas adicionales sobre las que existía consenso desde 1979 cuando un proyecto de enmienda de la Carta fue aprobado por el Congreso y posteriormente tumbado por la Corte Suprema de Justicia.

Pero esta luna de miel duró poco y no por desacuerdo de los novios, sino porque un tercero en discordia, el Consejo de Estado, acogió una demanda contra el llamado Acuerdo de la Casa de Nariño, según la cual el documento firmado entre Barco y el jefe de la oposición constituía un acto de gobierno y, como si fuera poco, una violación a la Constitución. El fallo dejaba en claro que un gobernante no podía ponerse de acuerdo con un jefe político para "ponerle conejo" a la Constitución. De esta manera, el Cristo de la reforma cayo por segunda vez.

Al gobierno no le quedó, entonces, otro remedio que buscar un nuevo acuerdo con Pastrana para aprobar la reforma por el mecanismo tradicional de dos legislaturas ordinarias del Congreso. Para este momento, el conservatismo había afilado las uñas y exigió la inclusión de reformas que consideraba fundamentales para garantizar el ejercicio de la oposición: reemplazo de la Contraloría por un Tribunal de Cuentas, paridad en los altos tribunales de la justicia, Procuraduría en manos del partido mayoritario de la oposición. El presidente y el entonces recien elegido Jefe único del liberalismo, Julio César Turbay, aceptaron las condiciones de Pastrana y firmaron un nuevo acuerdo de la Casa de Nariño, sin imaginar lo que les iba a correr pierna arriba.

Vino después el trámite de primera vuelta del proyecto en el Congreso. Amplios sectores del partido de gobierno no sólo respaldaron la poda de artículos hecha por el ponente Hernando Durán Dussán, sino que dejaron numerosas constancias, antes de aprobarlo prácticamente a pupitrazos, lo cual ponía en claro que el trámite de segunda vuelta se abría con un camino lleno de espinas. Con el paso de los meses y entre almuerzos, desayunos y reuniones de todos los niveles, se hizo evidente que las mayorías liberales no le iban a marchar a la propuesta en la segunda vuelta.

No ajeno a estas preocupaciones, el ex presidente Pastrana propuso, en mayo pasado, el desglose de la reforma para estudiar solamente la introducción de la fórmula del referendo. Pastrana, entusiasmado por unas encuestas en las cuales se daba abrumador apoyo a los gobiernos de unión nacional, lanzó la idea de someter a plebiscito el esquema gobiernos de partido vs. gobiernos nacionales. Lo que el jefe de la oposición no se olfateó fue que, a raíz de esas declaraciones, el gobierno iba a utilizar la propuesta como un argumento para dar por sentado que era una forma de romper el Acuerdo. Pero independientemente de esto, el Acuerdo estaba muerto en vida, pues la mayoría liberal del Congreso no estaba dispuesta a cumplirlo en la legislatura que se inicia esta semana. Y esto fue lo que el presidente Barco y el ex presidente Turbay le hicieron saber al ex presidente Pastrana en la reunión del miércoles en la noche. Por todo lo anterior, para la mayoría de la gente, Cristo había caído por tercera vez.

El acuerdo ha muerto ¡Viva la reforma!
Decantada la noticia, las primeras reacciones fueron sobre las responsabilidades que le caían a cada una de las partes. Como el propio ministro de Gobierno lo dijo: "La responsabilidad es compartida entre liberales y conservadores". A su vez, sectores de los partidos le echaron la culpa al gobierno. El senador conservador y precandidato, Rodrigo Lloreda, afirmó que "lo ocurrido es una rebelión parlamentaria contra el Ejecutivo y contra la jerarquía liberal", mientras Alberto Santofimio, liberal y también precandidato, dijo: "Sin duda, el Presidente perdió el liderazgo con el tema del plebiscito del 13 de marzo y es esa contradanza de los acuerdos y los desacuerdos lo que ha convertido al Congreso en un laberinto sin general". Pastrana fue aun más lejos y alzó su dedo acusador contra "la acción política del contralor, que, con la vista gorda del procurador, ha manipulado con el poder de sus privilegios, para interferir el cumplimiento de la palabra del jefe del Estado y del jefe de su partido". Después de los multiples "yo acuso", la pregunta ya no era quién tenía la culpa, sino si la reforma se salvaba o no.

Curiosamente, al terminar la semana comenzó a aparecer una luz al final del tunel. Lo que nadie parecía haber previsto, salvo quizás el gobierno y el ex presidente Turbay, era que el hundimiento del Acuerdo, más que ahogar la reforma, la podía estar salvando.

Paradójicamente, unos de los primeros indicios vinieron del lado alvarista. Para sorpresa de muchos, el ex candidato Alvaro Gómez Hurtado, que se había mostrado más bien crítico frente a la reforma, declaró que "ahora hay mayor libertad para actuar, porque se quitaron las trabas". Y esta camisa de fuerza era precisamente la que se querían quitar de encima los liberales, como lo dejó en claro el ex presidente Turbay, cuando dijo que "han desaparecido los artículos traumáticos y ha quedado la esencia del proyecto que permitirá la transformación del Estado colombiano".

Lo que puede evidenciar que al final de este calvario esté la gloria para el gobierno, es una comparación entre las reformas que el gobierno originalmente quería hacer y las que al parecer la mayoría liberal, con la eventual ayuda de los alvaristas y de la Unión Patriótica, espera pasar en la próxima legislatura. Cuando el Presidente propuso el plebiscito, hace cerca de año y medio, la reforma tenía dos ejes fundamentales: la reforma de la justicia y del Congreso y los artículos que se referían a la ampliación de la democracia participativa, incluyendo la iniciativa popular directa y el referendo. Y esto justamente es lo que parece flotar con vida después del naufragio del Acuerdo.

Como le dijo a SEMANA una fuente del alto gobierno, "al morir el Acuerdo, lo que se hundió no fue la reforma sino la propuesta pastranista dentro de esa misma reforma". Muy especialmente, la propuesta de cambiar la Contraloría por un Tribunal de Cuentas. Pero este no es un punto ni mucho menos insignificante. La verdad es que Pastrana no es el único colombiano que piensa que al poder de la Contraloría hay que ponerle coto. Prueba de ese poder, si faltaba alguna, fue que el Acuerdo se hundió en buena parte por las zancadillas que le pusieron el Contralor y su grupo parlamentario.

Es evidente, pues, que incluso si a la reforma le va muy bien en la segunda vuelta, y a pesar de la modernización que se logre con ella del Estado a la democracia colombiana aún le seguirá quedando una piedra en el zapato: el poder de veto y de control político de quien maneje el fortín burocrático de la Contraloría.--