El otro extraditado

La semana pasada llegaron a la Cancillería los documentos de la extradición de Carlos Arturo Marulanda. El jueves se envió una copia de los mismos al Ministerio de Justicia, la Fiscalía y el DAS. Sin embargo hasta el viernes de la semana pasada el abogado del ex embajador, quien se encuentra detenido desde julio del año pasado en la cárcel española de Soto del Real, no sabía cuándo sería extraditado su cliente a Colombia. El abogado, al igual que el resto de los colombianos, se enteró por las noticias de que días antes el Consejo de Ministros de España había autorizado que se llevara a cabo este procedimiento en los términos que lo había determinado el primero de agosto la sala plena de la Audiencia Nacional, la máxima instancia penal de dicho país, después de que Marulanda agotara todos los recursos legales para evitarlo. Alegó incluso que el presidente Andrés Pastrana le tenía montada una persecución política y llegó a decir: "Estoy dispuesto a lo que sea menos a volver a Colombia porque, como diría Gabriel García Márquez, eso sería la crónica de una muerte anunciada". Sin embargo la Audiencia no se conmovió y dejó constancia de que "no se aprecia motivación política alguna en la reclamación".

Para el tribunal que conoció su caso, el número 58-2000, quedó claro que existían méritos suficientes para extraditar al político liberal a Colombia, donde será juzgado por conformación de grupos armados y terrorismo y por peculado por apropiación y falsedad. Cuando llegue al país su historia de seguro dará mucho de qué hablar dada su condición de figura pública. Marulanda fue ministro de Desarrollo en el gabinete de Virgilio Barco y embajador ante la Unión Europea y los Países Bajos en los gobiernos de César Gaviria y Ernesto Samper. Abandonó este cargo en 1997 y en enero de 1999 se convirtió en fugitivo de la Fiscalía, que solicitó su captura por unos sucesos que tuvieron lugar en 1996 en Bellacruz, una hacienda familiar localizada en el sur del Cesar.

Entre el 14 y el 15 de febrero de ese año un grupo de 40 paramilitares quemó 250 viviendas de campesinos que se habían instalado desde hacía algunos años en unos terrenos baldíos de dicha finca y desplazó a más de 170 familias del lugar. Por estos hechos fue detenido en 1998 Francisco Alberto Marulanda, hermano del político, y se dictó entonces orden de captura contra Edgar Rodríguez Rodríguez, el administrador de la hacienda, quien aún no se ha presentado ante las autoridades judiciales. El caso de Francisco Alberto Marulanda, detenido en la cárcel de Itagüí, está en manos del juzgado sexto especializado de Bogotá.

En julio se llevó a cabo la audiencia pública, en la que la Fiscalía y la Procuraduría solicitaron que fuera declarado culpable. Sólo falta que el abogado defensor presente un alegato para que el juez emita el fallo correspondiente. Por la misma época que se llevó a cabo esta audiencia el Colectivo de Abogados José Alvear, representante de las víctimas de los sucesos de la hacienda Bellacruz, le solicitaron a la Fiscalía el cierre de la investigación en contra del ex embajador y la calificación del caso. Hasta ahora no han recibido ninguna respuesta del ente acusador.

Lo cierto es que Marulanda, quien se declara inocente de todo lo que se le imputa, será extraditado al país, contra todos los pronósticos de las organizaciones no gubernamentales, y su juicio será una prueba de fuego para la justicia colombiana porque este es uno de los casos emblemáticos a nivel mundial en la lucha por la defensa de los derechos humanos.