El pulso por la reforma tributaria

Tal vez el único momento reciente en el que el empresariado colombiano, representado en el Consejo Gremial Nacional, se ha enfrentado abiertamente al alto gobierno fue durante la administración de Ernesto Samper. En ese entonces, la dura crisis política que se vivía, a raíz del proceso 8.000, provocó que un bloque del organismo patronal le pidiera la renuncia al jefe de Estado.

Ahora, guardadas las proporciones, se vive un ambiente tenso entre el sector empresarial y el gobierno del presidente Santos. Esta vez, la razón es económica. Se trata de la fuerte oposición al modelo de reforma tributaria que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, llevó al Congreso para tapar el hueco de 12,5 billones de pesos que hay en el presupuesto de 2015, y completar el financiamiento de los programas del próximo cuatrienio.

Es la primera vez que el sector privado logra una voz unificada y armónica en torno a una reforma de impuestos. Desde hace varias semanas, el Consejo Gremial Nacional –voz del empresariado– viene cuestionando la prolongación del impuesto al patrimonio –por considerarlo antitécnico y regresivo- y solicitándole al gobierno una reforma estructural que equilibre las cargas entre los distintos agentes económicos.

Pero los dirigentes han sentido que si bien el gobierno los ha escuchado –han tenido varias reuniones con funcionarios- no han logrado nada, pues no se han tenido en cuenta sus sugerencias y reclamos. También perciben que están quedando como los malos del paseo, pues con las declaraciones de funcionarios del alto gobierno, defendiendo la reforma, se ha transmitido la idea de que los empresarios no quieren pagar impuestos. Esto no es cierto, pues todos ellos son conscientes de la emergencia financiera y están dispuestos a contribuir. Lo que está en discusión no es el pago, sino el tipo de impuesto.  Finalmente,  el empresariado ha sentido que Santos y su ministro Cárdenas han llevado el debate tributario a una discusión entre ricos y pobres que no es conveniente para el país.

El malestar, que ha venido subiendo de intensidad en los últimos días, tuvo su clímax la semana pasada, a raíz de las declaraciones del presidente Santos en el programa oficial Agenda Colombia, donde dijo que los que no quieren pagar impuestos “ponen a los propios abogados o columnistas a vociferar” contra la reforma. Esto cayó muy mal entre los dirigentes gremiales y algunos periodistas pues era una insinuación que los dejaba como idiotas útiles.

Los ánimos se exacerbaron tanto que algunos empresarios llegaron al absurdo extremo  de amenazar con apagar plantas unos días, acudiendo a las cuestionables vías de hecho utilizadas exitosamente por las dignidades agropecuarias en los paros de hace año y medio. En el seno del Consejo Gremial, otros plantearon la idea de poner un aviso en la prensa nacional, expresando punto por punto las diferencias que tienen frente a la propuesta tributaria oficial, que ya fue aprobada en las comisiones económicas del Congreso. Sin embargo, la idea se descartó.

Con la intención de elevar su voz, la dirigencia gremial convocó a una rueda prensa para el jueves 4 de diciembre, con presencia de las 21 agremiaciones que hacen parte del Consejo Gremial. Se propuso que cada asociación llevara diez empresarios de su respectivo sector, con lo cual se planeaba una reunión de más de 200 empresarios.

Para la Casa de Nariño, que no calibró en su debido momento el tamaño del descontento, el asunto comenzó a pasar de castaño oscuro. Se estaba gestando una rebelión del empresariado colombiano contra el gobierno.

Por eso el miércoles, funcionarios del gobierno trataron por todos los medios de calmar los ánimos de los dirigentes. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, se reunió con varios de ellos con el propósito de distensionar el ambiente. Sin embargo, no consiguió desactivar la rueda de prensa y los planes de la protesta siguieron en firme. Solo en la tarde el presidente Santos, visiblemente preocupado, convocó a una reunión nocturna a varios de los voceros del Consejo Gremial, en el Club El Nogal, luego de que se entregaron los premios Portafolio.

El mandatario los escuchó, fue muy cordial y receptivo y aunque no les dio mayores esperanzas, le pidió a su equipo de Hacienda reunirse con una comisión del Consejo Gremial para estudiar alternativas que puedan mirarse a la luz de la reforma que están en curso.

Santos se mostró de acuerdo con una reforma estructural el próximo año que permita revisar los impuestos y corregir lo que sea necesario. Sobre esa necesidad todo el mundo está de acuerdo, pero siendo así, el Consejo Gremial no entiende por qué no se limita la de este año a tapar exclusivamente el hueco de los 12,5 billones de pesos, sin agregarle fórmulas intermedias –prolongación del Cree y del impuesto al patrimonio- que ni son estructurales ni tienen que ver con faltantes posteriores a 2015.

Lo cierto es que cerca de la medianoche concluyó el encuentro, y los dirigentes gremiales decidieron cancelar la rueda de prensa que se realizaría nueve horas más tarde en el Hotel Hilton. El presidente Santos logró atajar la reunión de los empresarios con la prensa, algo que hubiera podido ser otro dolor de cabeza para el gobierno.

Manzana de la discordia

Este malestar empresarial comenzó el día en que el ministro de Hacienda, hace dos meses, propuso la continuidad del impuesto al patrimonio por cuatro años más, con unas tarifas superiores a las que se venían aplicando.

Para los empresarios y académicos el patrimonio es la principal fuente de generación de utilidades. Según esta interpretacion, gravarlo no solamente afecta la productividad y la inversión, sino que pone en riesgo el recaudo en el mediano plazo. Además, para el Consejo Gremial el impuesto a la riqueza puede llegar a ser confiscatorio, particularmente para empresas en etapa preoperativa, para aquellas con bajas utilidades y para actividades que requieren altos niveles de inversión.

Pues bien, el ministro Cárdenas no fue intransigente. Moderó las tarifas, les hizo pequeñas modificaciones y lo llamó impuesto a la riqueza. Sin embargo, el cambio fue mal recibido, pues se interpretó como un gesto populista. En realidad no lo era. En el fondo, el cambio busca, entre otras, que las grandes empresas que tienen contratos de estabilidad jurídica –muy beneficiosos para las empresas y bastantes lesivos para las finanzas del Estado- también tengan que pagar el nuevo impuesto.

Para dejar claro que el empresariado estaba dispusto a meterse la mano al dril, el Consejo Gremial presentó su propia fórmula: en lugar de un gravamen al patrimonio, el sector empresarial propuso una sobretasa provisional del impuesto a la renta (a través del Cree) y mantener la extensión del cuatro por mil. También pidió al gobierno hacer un mayor esfuerzo en la lucha contra evasión, la elusión y el contrabando, con el argumento de que en Colombia 3.576 empresas pagan el 76 por ciento del total de impuesto de renta recaudado, lo que deja en claro que muchas compañías están evadiendo sus obligaciones tributarias.

El ministro de Hacienda acogió la propuesta de los empresarios, pero a medias. Introdujo una sobretasa al Cree (4 por ciento en 2015; 6 por ciento en 2016; 7 por ciento en 2017 y 9 por ciento en 2018), pero dejó vivo el impuesto a la riqueza. Es decir, combinó los dos tributos para, entre ambos, mantener el recaudo que requiere.

El gobierno es consciente que sus propuestas no son muy populares entre el empresariado pero no ve alternativa. Hablar de acabar con la evasión o el contrabando es fácil en la teoría, y se está haciendo, pero no dan certezas del recaudo que es lo más importante en materia de impuestos. El impuesto al patrimonio puede ser muy doloroso y antitécnico pero da certeza sobre el recaudo y eso para el gobierno es prioritario al tener que tapar un hueco fiscal. Se estima que se recogen por esta vía unos 6 billones de pesos al año, mientras que el monto que se obtendrá por el Cree  dependerá de las utilidades.

Los empresarios contraargumentan diciendo que 6 billones de pesos en medio de un recaudo esperado de 120 billones solo representa el 5 por ciento, es decir, no es un monto que no se pueda buscar por otra vía. Frente a la inestabilidad que puede generar el Cree afirman que los impuestos en cualquier parte del mundo son dinámicos y son un reflejo de la salud de la economía. El problema es que con la incertidumbre económica que se avizora en el horizonte, por la caída del petróleo y el panorama internacional, el gobierno no está en condiciones de hacerle apuestas optimistas a lo que se vislumbra como una desaceleración mundial.

Por ahora, esta semana se espera que el proyecto de reforma tributaria sea votado en las plenarias del Congreso. No será fácil. La oposición al impuesto al patrimonio no es exclusiva de los empresarios. En los partidos Liberal y Conservador la semana pasada hubo expresiones de disidencia que advirtieron que no votarían esta fórmula, uniéndose así a la posición del Centro Democrático. La verdad es que alrededor de las reformas tributarias, no solo hacen populismo los gobiernos para promoverlas, sino los contradictores para trancarlas.

Está por verse si los empresarios logran de esta coyuntura sacar alguna de sus peticiones. Pero para el gobierno también es claro que si bien logró bajarle la temperatura a este malestar empresarial, quedaron cicatrices y desconfianzas. Y lo que más se necesita en este momento es un sector privado dinámico, comprometido y estimulado, pues es un actor de la sociedad fundamental para asegurar el éxito en el posconflicto.