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| Foto: David Estrada

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“El senador Álvaro Uribe no es el tótem moral de este país”: exmagistrado Pinilla

El primer magistrado que compulsó copias contra el senador Álvaro Uribe Vélez por su presunta relación con grupos paramilitares habló con SEMANA sobre las acusaciones que le ha hecho el expresidente. Además, asegura que la ley de Justicia y Paz se limitó a conceder penas de ocho años pero no a que se divulgue la verdad.

14 de abril de 2018

En septiembre de 2013, el exmagistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo, cuando era presidente de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, compulsó copias para que se investigara al expresidente Álvaro Uribe Vélez por vínculos con el paramilitarismo. La decisión cambio su vida: lo amenazaron y, desde Twitter, el senador lo tildó de exguerrillero. SEMANA habló con el abogado, quien hoy ya no hace parte de la rama judicial.

SEMANA: ¿Estudió Derecho en la Universidad de Antioquia?

Rubén Darío Pinilla Cogollo: Sí, entré a estudiar derecho en la Universidad de Antioquia en 1973. Era una época muy conflictiva en la Universidad. Había un movimiento estudiantil altivo, masivo y contestatario. Era una época muy característica. Carlos Gaviria fue profesor mío de introducción al derecho. Tuve de profesores a Nodier Agudelo Betancur, a Fernando Mesa Velásquez, magistrado del tribunal; a Héctor Jiménez Rodríguez, que fue magistrado del tribunal y asesinado en 1989; a Luis Fernando Vélez, que fue presidente del Comité de Derechos Humanos, y también lo mataron en el 89. Tuve unos profesores muy destacados.

SEMANA: ¿En esa época conoció al ahora senador Álvaro Uribe Vélez?

R.D.P.C.: Yo conocí en la universidad al senador Álvaro Uribe Vélez. Por esa época yo estaba todavía en los primeros semestres y él ya en los últimos. Ese Uribe Vélez era muy distinto al de hoy. En esa época el senador era un liberal convencido pero cuya doctrina tenía influencias de los principios socialistas. Realmente, uno podría decir que era un liberal con principios socialistas porque defendía la libertad y en general las libertades públicas y los derechos civiles, pero con un contenido material. Él decía que los derechos y la igualdad no podían ser una igualdad puramente formal ante la ley si no había una igualdad material, que eran las tesis del socialismo.

SEMANA: ¿Y cuándo cambió eso?

R.D.P.C.: Ya cuando se convirtió en gobernador de Antioquia sostenía unas tesis muy diferentes, contrarias, que a mí me sorprendieron. Es que en la época de la Universidad él pertenecía al directorio liberal de Bernardo Guerra Serna y posteriormente se separó de él y creó el sector democrático, que era un sector liberal que tenía esa tendencia con principios socialistas a la que me he referido.

SEMANA: ¿Y usted trabajó con él?

R.D.P.C.: Coincidimos en alguna asamblea estudiantil en la facultad de Derecho. Él se oponía a un paro que se estaba discutiendo y después de expresar su opinión se retiró de la asamblea. Yo luego intervine y también estaba en desacuerdo con la declaratoria de paro y dije algunas palabras que no fueron del gusto de la asamblea. A los días, el ahora senador me llamó en un pasillo y me propuso trabajar con él en el Partido Liberal. Yo le dije que no, que muchas gracias pero que no me interesaba porque no me identificaba con el partido liberal. Él parece que no recuerda eso. Parece que no tiene tan buena memoria.

SEMANA: ¿Usted hacía parte de algún movimiento?

R.D.P.C.: Yo era independiente de los movimientos que se movían en la Universidad de Antioquia, pero participaba en las actividades estudiantiles. Con el tiempo, con un grupo de compañeros nos afiliamos a la ANAPO, lo que era la Juventud Revolucionaria Anapista. Ingresamos a la Alianza Nacional Popular del general Gustavo Rojas Pinilla porque era un movimiento muy popular,  muy de masas, y a nosotros nos interesaba trabajar con la gente, con el pueblo, y veíamos que el espacio era la ANAPO de ese entonces.

SEMANA: ¿Pero usted perteneció al M-19?

R.D.P.C.: Ese es el caballito de batalla o la imputación que ha repetido el senador Álvaro Uribe Vélez y con lo cual hay que ser muy claro. Pero antes tendría que decir por qué nunca le he contestado esas imputaciones. Eso lo sacó a relucir cuando, como magistrado, ordené compulsar copias para investigarlo por la evidencia que había de sus vínculos con los grupos paramilitares, y como juez no podía trabarme en polémicas con el senador porque no está bien que un juez entre en polémicas con un procesado o con un incriminado. Los jueces no debaten con los incriminados, cualquiera que sea su condición. En segundo lugar me quedaba muy claro que lo que pretendía el senador con esas afirmaciones era desviar la atención de los hechos que había en su contra y que lo involucraban con los grupos paramilitares, a una disputa personal conmigo.

SEMANA: Pero ya le puede responder…

R.D.P.C.: Sí, claro, ya hoy la situación es distinta. Pero quiero ser claro, el senador Álvaro Uribe no es el tótem moral de este país ni tiene la autoridad moral para hacer esas falsas imputaciones. Y no la tiene porque él fue el ponente de la amnistía al M-19 y en su movimiento tiene a quienes sí fueron comandantes del M-19, además, las listas de los reinsertados del M-19 son públicas y cualquiera puede consultarlas, en ellas está o debe estar Everth Bustamante, pero yo no. Entonces en primer lugar, él no tiene la autoridad moral ni tengo que explicarle a él mi conducta, mi conducta se juzga por mis 28 años como magistrado del Tribunal Superior de Medellín y los años anteriores que pertenecí a la rama judicial. Lo que sí puedo darle cuenta al país, no al senador, es que mis manos sí no están manchadas de sangre. Pero si el senador Uribe insiste en sus calumnias, no tengo problema, yo lo invito a que renuncie a sus fueros como presidente, como gobernador, y yo renuncio a los que tenga o haya tenido como magistrado, y que entonces nos sometamos a la JEP y debatamos allá las acusaciones que hay contra él y las que él me hace a mí. Le concedo el placer de ser mi acusador, pero que él me conceda el honor de ser el suyo.

SEMANA: ¿De qué se trataba la investigación que lo llevó a compulsar copias en contra de Uribe Vélez?

R.D.P.C.: Era un proceso en contra de varios miembros del Bloque Cacique Nutibara, en el cual estudié la evidencia que nos habían presentado ante la Sala, lo que determinamos es que había evidencia suficiente y de carácter grave que involucraba al senador Álvaro Uribe con los grupos paramilitares por los hechos cometidos por ellos por acción o por omisión Y de allí tomamos la decisión de compulsar copias, en eso he sido suficientemente claro y las razones están en la decisión.

SEMANA: En ese momento usted dijo una frase muy particular, que era imposible meterse a una piscina y salir seco…

R.D.P.C.: Esa frase no es mía, es del director actual de El Espectador, Fidel Cano. Y se la escuché precisamente a raíz de una entrevista sobre el senador Álvaro Uribe. Ahora bien, en Roma solía decirse que todos los caminos conducen a Roma porque la construcción de las vías en el imperio romano se hicieron alrededor de Roma y todas terminaban conduciendo allí. En ese sentido, se puede decir, para este caso, que todos los caminos conducen a Roma.

SEMANA: ¿Qué pasó con esa compulsa de copias?

R.D.P.C.: Se enviaron la Comisión de Acusaciones. En una decisión del 9 de diciembre de 2014, si mi memoria no me falla, en el caso del postulado Jesús Ignacio Roldán Pérez, conocido como Mono Leche, nosotros le dimos la orden a la Comisión de que debía rendir informes públicos del avance de esa investigación como una medida de no repetición de los hechos. La comisión de acusaciones, mientras estuve como magistrado, me envió un informe de que había practicado unas pruebas y que lo había hecho público en la página del Congreso y yo indique que se debía hacer público por otros medio de mayor difusión, después de eso al poco tiempo renuncié y eso quedó en esos términos.

SEMANA: ¿Usted por qué pasó de la Sala Penal a Justicia y Paz?

R.D.P.C.: Yo aspiré a la Corte Suprema en 2010 y solicité a la Corte ser magistrado de la Sala de Justicia y Paz. Las razones eran varias: me apasionaba el tema del conflicto armado y conocer los últimos 30 años de historia al respecto. Yo entendía que la justicia había estado ausente durante todo el conflicto. Yo llevaba 21 años como magistrado de carrera de la Sala Penal, a la Sala de Justicia y Paz me fui con una licencia. Al término de la licencia me dejaron dos alternativas: renunciar y regresar al cargo de carrera con todas las garantías de estabilidad, o renunciaba a la Sala Penal y a la carera judicial para continuar como magistrado de Justicia y Paz en provisionalidad, sometido a esos vaivenes. Pues renuncié a mi carrera y continué en Justicia y Paz. En ese momento yo estaba trabajando el proceso del Bloque Cacique Nutibara y no quería dejar eso así, hubiera sido una irresponsabilidad, esa sentencia iba a quedar truncada, y yo tenía un compromiso con la justicia y el país, porque ahí estábamos trabajando la historia del paramilitarismo. Y ahí estuve hasta que renuncié en junio del año pasado.

SEMANA: Finalmente, ¿por qué renunció?

R.D.P.C.: Una de las razones es que las decisiones de la Sala de Casación Penal de la Corte se convirtieron en un obstáculo para la verdad, para la justicia, la reparación y la no repetición. El esfuerzo que hicimos en algunas decisiones por reconstruir la historia del paramilitarismo, develar los origines y las causas, fueron tildadas de innecesarios e indebidos, cuando ese era el compromiso de la ley de Justicia y Paz. La corte terminó eliminando esas consideraciones de la sentencia. La ley implicaba que las personas que se habían postulado cumplieran unos requisitos y dijeran la verdad para satisfacer a las víctimas y la Corte nos quitó la posibilidad de excluir o negar la pena alternativa a quienes no cumplían esos requisitos; la Corte nos quitó el control material sobre las acusaciones y las actuaciones de la Fiscalía. La Corte nos quitó las facultades para ordenar otras medidas distintas a la indemnización. Las decisiones de la Sala de Casación Penal eliminaron medidas de no repetición que nosotros adoptamos como, por ejemplo, ordenarle a la Fiscalía que debía rendir informes públicos por las investigaciones a las violaciones al DIH y sobre las copias que habíamos compulsado respecto a otras responsabilidades de funcionarios públicos, empresarios, fuerza pública, esto con el fin de que hubiera una garantía de una investigación seria, la corte eliminó esa orden. La Corte nos redujo todas las facultades como jueces. Nos redujo a dictar condenas de ocho años. Las decisiones de la corte nos convirtieron en jueces eunucos, y como juez yo no tengo esa vocación, por eso renuncié.