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| 9/16/2002 12:00:00 AM

¿El Titanic?

Se ha llegado al punto de comparar la economía del país con el legendario transatlántico ¿Qué tan lejos está el 'iceberg'?

Alvaro Uribe entro al ruedo como César Rincón en su mejor corrida en la Santamaría: con un traje de luces impecable, una plaza a reventar que entonaba vítores y agitaba pañuelos blancos, y una mirada al cielo como encomendándose a Dios. Con una diferencia: que a Uribe no lo esperaba un toro de 500 kilos sino tres. La seguridad, la política y la economía. Y mientras trataba de capotearlos a los tres en medio de la polvareda, los aplausos y las rechiflas, la semana pasada lo embistió el tercero. Se vio sangre en la arena.

La faena por sacar el país adelante sigue pero la cornada de la economía se veía venir. Porque así como no hay buen torero que lidie tres toros simultáneamente, no hay presidente que pueda solucionar al mismo tiempo la inseguridad, la politiquería y enderezar la economía en medio de la crisis fiscal y de gobernabilidad que vive Colombia. Ya le habían advertido desde cuando era Presidente electo que el primer toro que tenía que muletear con cuidado era el de la economía. Pero aunque estaba consciente de ello, Uribe tenía especial interés en lidiar con el tema político, no menos importante pero no tan urgente. Tanto es así que su primer acto de gobierno, el 7 de agosto a las 5 de la tarde fue presentar ante el Congreso un referendo para la reforma política. La reducción del Congreso y la revocatoria eran banderas de su campaña y se empeñó en cumplir sus promesas en esa admirable pero en ocasiones ingenua terquedad presidencial.

Hasta que el problema más grande lo embistió. La economía se impuso sobre la política. La semana pasada, en medio de desayunos, nerviosismo, adrenalina y declaraciones, se vio el drástico cambio de agenda. El hecho más revelador fue el tema del referendo. Cuando en un comienzo se veía como el mejor instrumento para cambiar la forma de hacer política, en los últimos días se convirtió en un recurso indispensable para tapar el hueco fiscal. Desde la semana pasada en las reuniones entre el Presidente y los parlamentarios ya no se habla de bancadas, listas únicas o Partido Liberal sino de déficit fiscal, gasto público y Fondo Monetario Internacional. "Si el Congreso es bicameral o no es secundario. El tema económico es más importante y urgente. Hay que tener prioridades. La política es importante pero no urgente. Nadie le está diciendo a Uribe que sacrifique sus promesas de campaña pero si no se soluciona la situación económica todo se derrumba", dijo un analista financiero a SEMANA.

Quizás el momento más sensible se vivió el jueves pasado luego del desafortunado símil del director de Planeación Nacional, Santiago Montenegro, en el que comparó la economía con el Titanic. "La economía es el Titanic que ha estado viendo el iceberg desde hace mucho tiempo. Y seguimos dirigiéndonos hacia el iceberg y hasta ahora nadie ha sido capaz de echarle un timonazo", dijo Montegro en televisión. Aunque lo que realmente quiso decir fue que el gobierno iba a dar el timonazo para no estrellarse la sola analogía de un funcionario de tanta estatura en materia económica tuvo un coletazo nefasto: el dólar subió 28 pesos, los TES subieron, los spreads (el riesgo país) alcanzaron su nivel más alto para Colombia desde su creación: 9,4 puntos.

Los mercados están nerviosos y el ambiente económico está tenso. Y hasta el momento el gobierno no ha sabido manejar ni las expectativas ni la estrategia de comunicación en esta materia. Hace un par de semanas el propio ministro de Hacienda, Roberto Junguito, fue al Congreso y dijo que la situación estaba "gravísima". Al otro día subió el dólar y a los mercados se les pararon los pelos. La gravedad de la situación fiscal se ha convertido a la vez en el mejor aliado del gobierno para hacer las reformas que necesita en el Congreso y en el talón de Aquiles del ministro frente a los mercados. Por eso Junguito tendrá que hacer malabarismos para que los parlamentarios le aprueben las reformas que necesita sin generar un pánico económico. "El único colombiano que no se puede dar el lujo de ser pesimista es el ministro de Hacienda. Su trabajo por definición es ser optimista", dijo a SEMANA un analista económico.

Pero no es sólo un problema de estrategia de comunicación. A finales de la semana pasada el diario Portafolio planteó que el ministro Junguito no se estaba imponiendo en el gobierno para no generar controversia y que esa actitud estaba generando una serie de bandazos en la política económica. Sea lo que fuere, ha habido un mal manejo en la forma, en el estilo a la hora de comunicar las medidas en medio de la tempestad y cuando los mercados están llenos de tiburones. En cuanto a las medidas de fondo parece haber más coherencia. La controversia con los temas estructurales radica en la dureza de las medidas: reforma pensional, reforma laboral, reforma tributaria, impuesto al patrimonio, congelamiento de salarios y, según se filtró en los medios, aumento en el impuesto de renta. Una cascada de medidas que pueden ser fundamentales para ajustar las finanzas públicas pero que tendrán un enorme costo social y económico para el país en los años por venir.

Más de un colombiano, al ver que el dólar sigue subiendo, que los impuestos lo están ahorcando, que le recortarán las horas extras y que va a tener que trabajar cinco años más para pensionarse, se debe preguntar: ¿Es tan grave la situación? ¿Seré yo el nuevo Leonardo Di Caprio?

El tamaño del 'iceberg'

En primer lugar, ha habido mucha confusión. En el último mes ha habido versiones cruzadas en torno a las cifras fiscales. Esto no deja de ser extraño puesto que normalmente los números son públicos y todos los analistas en Colombia y en el exterior viven pendientes de ellos. Por eso la controversia no ha girado en torno a la validez de los datos, que nadie cuestiona, sino sobre asuntos de forma, relacionados con la manera de presentarlos. Esto último dio lugar a algunas puyas al equipo económico del gobierno Pastrana por parte del ministro Junguito y del director de Planeación, Santiago Montenegro (ver recuadro).

En todo caso, quienes entienden de estos temas saben que el orden en que se presenten los números no altera el resultado final de la ecuación fiscal. Y en este frente el diagnóstico es básicamente el mismo que se tenía hace unos meses. Desde abril pasado empezó a quedar claro que la meta de déficit fiscal para 2002, fijada originalmente en 2,6 por ciento del PIB, no se cumpliría, entre otras cosas porque los recaudos tributarios resultaron inferiores a lo proyectado debido al flojo crecimiento de la economía.

Los cálculos oficiales más recientes apuntan a un déficit fiscal cercano al 4 por ciento del PIB este año y al 3 por ciento en 2003. Pero lo que más preocupa al gobierno no es el déficit en sí mismo sino la forma de financiarlo. Un país puede convivir con un déficit fiscal alto, como lo hizo Colombia durante la última década, siempre y cuando tenga quién le preste plata para financiarlo.

El drama que enfrenta la administración Uribe es que se le están agotando las fuentes de préstamos. Con los problemas financieros que se desataron en Brasil en julio pasado se encareció el crédito externo para los Estados latinoamericanos a tal punto que a las tasas actuales no es prudente para países como Colombia endeudarse afuera. La alternativa sería contraer más deuda interna. Pero la subida en las tasas de los TES y la minicrisis que hubo hace un mes en el mercado de estos papeles hizo evidente que esta opción de financiamiento para el gobierno también tiene límites.

Una tercera fuente de recursos son las entidades multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). Por ese lado, sin embargo, la cosa tampoco es fácil, pues en los próximos años Colombia les deberá pagar muchos préstamos que se habían contraído en el pasado. Por eso la meta que se ha propuesto el gobierno es que los nuevos desembolsos que estas entidades le hagan al país sean mayores a los pagos pendientes. En otras palabras, que le presten a Colombia más plata de la que el país les tiene que devolver.

Después de sumar ingresos y restar gastos, y de contar los préstamos viejos que puede pagar y los nuevos que razonablemente puede obtener, el gobierno encuentra que para sobreaguar el año entrante le hacen falta más o menos seis billones de pesos. Cuando los funcionarios del gobierno hablan de 'hueco' no se refieren al déficit fiscal sino más bien a esos seis billones que toca conseguir de alguna manera.

En el fondo, la discusión económica en el gobierno Uribe se ha centrado en cómo llenar ese hueco. Inicialmente los técnicos plantearon una reforma tributaria que recaudara cuatro billones de pesos el año entrante que, combinada con un recorte del gasto público, resolvería el problema a futuro. El problema es que esto implicaba, en 2003, sacarle seis billones de pesos a la economía (cuatro de la reforma y dos del impuesto al patrimonio). Es decir, una suma equivalente a 3 por ciento del PIB. El gobierno consideró que en momentos en que la economía a duras penas crece al 1 por ciento esto tendría un efecto recesivo.

Por eso el Presidente no se le midió. Después de muchas discusiones y de una larga reunión con su equipo económico, el sábado 7 de septiembre, optó por reducir el alcance de la reforma y más bien hacer el ajuste por el lado de los gastos. Decidió entonces impulsar la idea de congelar por dos años los gastos de funcionamiento de todo el Estado y de incluir en el referendo de reforma constitucional una pregunta para este fin.

En un principio la propuesta no pareció muy novedosa. Pero todo el mundo creía que se refería a los gastos del gobierno central cuando la propuesta en realidad iba más allá. El ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo puso el dedo en la llaga el miércoles pasado al publicar una columna en la que sugería que el propósito de Uribe sería también congelar el gasto que se ejecuta en las regiones y que se financia a través de las famosas transferencias.

En el transcurso de la semana quedó claro que la congelación del gasto que propone Uribe cobija también las transferencias que el gobierno Pastrana había reformado hace tan sólo un año con el propósito de resolver el problema fiscal. Basta con recordar las protestas que el tema suscitó en su momento para concluir que la propuesta es políticamente muy difícil de pasar.

Muchos parlamentarios recibieron mal la idea de colgarle este tema económico a un referendo cuya razón de ser es, en principio, la depuración de las costumbres políticas. A los gobernadores y los alcaldes tampoco les gustaría que les congelaran los recursos. No obstante, si prosperara la propuesta de incluir en el referendo la prolongación del período de los actuales mandatarios locales por un año más, éstos podrían volverse simpatizantes del referendo.

En todo caso la inclusión de estos temas enredó enormemente las discusiones del gobierno y los ponentes del referendo en torno al articulado del mismo. Y aun si la congelación del gasto se llega a incluir finalmente quedan dudas sobre si la gente va a votar a favor. Al ciudadano del común de pronto le suena bien la idea de recortar los gastos de funcionamiento del gobierno, pero otra cosa podría pensar si le dicen que se trata de las transferencias para educación y salud.

El asunto es enredado por todos los lados. Habría que definir si se van a congelar los gastos de funcionamiento totales o si se va a poner un tope a cada rubro por separado (transferencias territoriales, gobierno central, etc?). También habría que definir si esto cobijaría a las Fuerzas Armadas. Además los gastos de funcionamiento incluyen los salarios. Y en Colombia los sueldos se deben reajustar, no porque la Constitución así lo diga, sino porque la Corte Constitucional así lo ha interpretado.

A fondo

Si Uribe decidió asumir semejante riesgo político es porque no encuentra una mejor manera de resolver el problema fiscal. "Pensamos que es menos recesivo crear menos impuestos y recortar más. El congelamiento se podría compensar con una mayor eficiencia del gasto", explica Santiago Montenegro.

Un antecedente de ajuste fiscal exitoso, con énfasis en el congelamiento de gastos, es el que hizo el mismo Roberto Junguito cuando era ministro de Hacienda hace 18 años. La diferencia es que en ese entonces no existía la Constitución del 91, que volvió inflexibles las partidas más grandes del presupuesto nacional. La Carta Magna se ha convertido en una camisa de fuerza para las finanzas públicas y en un auténtico dolor de cabeza para los ministros de Hacienda de los últimos años.

La reforma a las transferencias que hizo el gobierno Pastrana en 2001 apuntaba a resolver ese problema. En una compleja negociación política el entonces ministro Juan Manuel Santos buscó una fórmula intermedia que dejara contentos a los mandatarios locales y beneficiara también al gobierno central. Para que esta fórmula funcionara la economía debía crecer por lo menos al 2 por ciento. Pero en el primer año de aplicación del nuevo esquema la economía no ha crecido lo suficiente y por eso la administración Uribe considera que hay que volverlo a cambiar.

Si lo logra posiblemente habrá conseguido darle una solución definitiva al problema fiscal que ahora, más que nunca, amenaza la viabilidad económica del país. Si no lo logra seguramente tendrá que aumentar el alcance de la reforma tributaria y recortar dramáticamente aquellos rubros del presupuesto que no están amarrados por Constitución.

Lo que queda claro es que el gobierno tiene que hacer algo de aquí a que se acabe el año. El tiempo apremia y todo el mundo está a la expectativa. El iceberg es de seis billones para el próximo año. Y para que al gobierno le presten plata no sólo tiene que exhibir una buena faena sino que debe coger el toro de la economía (de 500 kilos y herido) por los cuernos. Sólo ahí podrá haber dos orejas.

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