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| Foto: SEMANA

PROCESO

Nueva condena contra Emilio Tapia: 17 años de cárcel

El excontratista vinculado a actos de corrupción dentro del caso del ‘carrusel’ de contratos aceptó los cargos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

5 de agosto de 2015

Una nueva condena le fue impuesta al excontratista Emilio Tapia, polémico no sólo por sus vínculos con los actos de corrupción en el ‘carrusel de contratos’ de Bogotá durante la administración de Samuel Moreno, sino también por sus ostentosas propiedades, parrandas y otros lujos que se ha dado pese a que se encuentra tras las rejas.

En esta ocasión el juez 51 Penal de Bogotá, en decisión de primera instancia, lo condenó a la pena de 17 años de prisión por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Estaba expuesto a una condena de 25 años, pero fiel a su estrategia jurídica, negoció y su pena se redujo.

Para el togado, Tapia sabía que con sus actuaciones indebidas en la contratación se afectaba el erario del Distrito y a la ciudadanía. “Fue protagonista de la catástrofe para la ciudad de Bogotá en la que se desfalcó al Distrito, aprovechó su buena imagen para que los funcionarios del Distrito terminaran favoreciéndolo en la contratación”, manifestó.

A lo largo del proceso judicial, la Fiscalía demostró que entre los años 2008 y 2010, Tapia Aldana realizó por lo menos 26 desplazamientos a Miami (EE. UU.), donde se reunió en varias ocasiones con el exsenador Iván Moreno Rojas; su hermano, el exalcalde Samuel Moreno Rojas, y el abogado Julio Gómez, entre otros.

Según la investigación, el imputado participó activamente en los contratos 071 y 072 de la Unidad de Malla Vial de la capital, al igual que en siete contratos de obras por valorización que se debían adelantar en la fase III de Transmilenio.

Tapia, como abogado, gestor inmobiliario y contratista, no ostentaba la condición de servidor público y actuó como interviniente con funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), a quienes involucró con promesas remuneratorias, que le permitían a los seleccionados un beneficio económico ilegal del 8 %.

Así mismo, suministró información sobre las propuestas de otras empresas para manipular las contrataciones y así una ventaja fraudulenta.

Esta es la segunda pena impuesta contra Tapia, ya lo sentenciaron a tres años por el delito de concierto para delinquir. Todavía lo espera una la condena por enriquecimiento ilícito.