En el limbo?

Las vidas de 34 personas quedaron truncadas en los escombros humeantes del Club El Nogal. Sin embargo, no fue lo único que ese viernes negro interrumpió. Las ilusiones de las más de 1.000 personas secuestradas en el país y sus familiares sufrieron un golpe tan fuerte como la onda explosiva. Esa semana el gobierno de Alvaro Uribe había dado un gran paso hacia la liberación: designó una comisión facilitadora para que reviviera el tema del acuerdo humanitario entre las Farc y el Estado.

No obstante, el demencial ataque al exclusivo club del norte de Bogotá, atribuido por las autoridades a la guerrilla, despertó una reacción airada de todos los sectores de la sociedad contra cualquier acercamiento o diálogo. Así, ¿cómo avanzar en contactos para el intercambio de secuestrados por guerrilleros presos en medio de un ambiente nacional de indignación y repudio? De manera entendible, para el ciudadano común y corriente, la sola idea de hablar con los autores de semejante barbarie es inconcebible. O, lo que es peor, sería una muestra de debilidad para un gobierno que salió elegido y ha logrado posicionarse como de 'mano dura'. Y que, a diferencia del de Andrés Pastrana, no se arrodilla.

Por varias horas, Angela Giraldo, hermana de Francisco Giraldo, diputado vallecaucano secuestrado, esperó que la tragedia de El Nogal no fuera una acción terrorista de las Farc. Al confirmarse que la explosión no fue producto de las calderas, como se informó inicialmente, Angela supo que los esfuerzos que los familiares de los secuestrados habían realizado por varios meses para reactivar el acuerdo en la agenda política de la Casa de Nariño podrían irse al traste. "Habíamos avanzado con el presidente Uribe. El había cedido en no exigir el cese de hostilidades y en nombrar la comisión", dijo.

Punto de giro

No había mejor ambiente para un intercambio que el de la semana del atentado. Tras varios meses de tocar muchas puertas, los familiares de los secuestrados, unidos y en constante comunicación entre ellos, habían logrado reversar la posición negativa hacia el acuerdo humanitario no sólo del gobierno sino también de la sociedad.

En primera instancia, el presidente Alvaro Uribe había condicionado cualquier tipo de negociación a un cese de hostilidades de la guerrilla y ha insistido que se tienen que liberar todos los secuestrados. Por otro lado, las Farc habían pedido una comisión nombrada por el gobierno y la creación de 'un nuevo Caguán' formado por dos departamentos: Caquetá y Putumayo.

Esta brecha, al parecer insondable, marcó los primeros meses de la administración Uribe. Había diferencias en quiénes serían liberados, el lugar de la liberación, la calidad de los negociadores y el destino final de los guerrilleros intercambiados. No obstante, el grupo de familiares siguió presionando y obtuvo apoyos importantes en el Congreso, las autoridades eclesiásticas, medios de comunicación y columnas favorables del ex presidente Alfonso López Michelsen en la edición dominical de El Tiempo.

El tema perdió fuerza al final del año pasado pero revivió en enero. El gobierno designó una comisión formada por el ex ministro de Trabajo, Angelino Garzón; el obispo de Tunja, monseñor Luis Augusto Castro, y el secretario de la Comisión de Conciliación, el sacerdote Darío Echeverri.

El domingo después del atentado, el ex presidente López escribió: "Podría pensarse que nos encontramos ante numerosos obstáculos insalvables, pero basta hacer la consideración de que en todo negocio siempre se pide lo máximo para negociar más tarde la rebaja". Todo parecía indicar que el gobierno tendía puentes donde antes había un inmenso abismo hasta el atentado contra El Nogal. El pasado martes los familiares de los diputados del Valle organizaron una misa de aniversario de los 10 meses del secuestro masivo en la Asamblea departamental. Esa mañana circuló por Internet un comunicado de las Farc, fechado el día después de la bomba, que rechazaba la comisión facilitadora y calificaba su nombramiento como un "salto de liebre con orejas de conejo" con la intención de distraer. Además, la comandancia guerrillera no sólo reiteraba su petición de una zona desmilitarizada sino que también excluía a los ex parlamentarios en su poder del grupo de secuestrados políticos susceptibles, según ellos, del acuerdo. Ni una sola letra sobre los secuestrados por razones económicas.

Así, los más de 1.000 secuestrados de la guerrilla quedaron en un sánduche entre un gobierno presionado a dar resultados contra el terrorismo indiscriminado y una guerrilla, sorda y soberbia, que era incapaz de recibir la mano tendida del Estado días antes del ataque. ¿Cuál será, entonces, el futuro de estas miles de personas que cifraban en un acuerdo humanitario la libertad de sus familiares?

¿Y ahora que?

El gobierno no ha tomado hasta el cierre de esta edición una posición oficial frente al desplante de las Farc en el tema del acuerdo humanitario. Los miembros de la comisión facilitadora le han restado importancia a los términos del comunicado guerrillero y han pedido paciencia para analizar sus alcances. Según el ex ministro Angelino Garzón, "estamos estudiando con Luis Carlos Restrepo, alto comisionado de Paz, el contenido entre líneas del comunicado. Se requiere un análisis más tranquilo y sereno".

Sin importar qué decisión adopte el gobierno, lo cierto es que el horizonte político del intercambio de secuestrados por guerrilleros se llenó de improviso con negros nubarrones. Las consecuencias que eso trae para miles de familias son terribles ya que a la incertidumbre se le suman las penurias económicas y los efectos sicológicos en cónyuges, hijos, padres y hermanos.

Por más duro que suene, el problema del acuerdo humanitario es de timing. Si el gobierno Uribe lo impulsa en estos momentos con la tragedia de El Nogal tan reciente, podría ser interpretado como una señal de debilidad y dar una sensación de sumisión al terrorismo guerrillero. Por otra parte, cerrar para siempre la puerta de un acuerdo político de liberación en aras de transmitir mano dura podría destruir las esperanzas de miles de familias y es humanitariamente insostenible. El gobierno necesitaría de dotes de equilibrista para mantener una arremetida militar contra la guerrilla al mismo tiempo que negocia el acuerdo humanitario. "Sin negar la barbarie de El Nogal, no podemos dejar que estos colombianos se pudran en la selva mientras el ambiente político cambia", afirmó José Renán Trujillo, codirector del Partido Liberal.

El problema radica en que los tiempos del gobierno son distintos a los de las Farc y a los de los familiares de los secuestrados. El acuerdo no es sólo un asunto humanitario sino político y el ambiente en estos días no es el más propicio. Sin embargo, mientras el tema se mantenga en la agenda del gobierno, las posibilidades que un cambio de ambiente lo impulse son altas. Pero eso depende de que las Farc acepten la comisión como una muestra de voluntad del gobierno y que la liberación de los secuestrados se blinde de los vaivenes que produce negociar bajo fuego.