Estado de indefensión

La semana pasada el Congreso aprobó un presupuesto general de 148 billones de pesos para que el país pueda funcionar, tenga cómo invertir y abonar a sus deudas en el año que viene. Pero si en este momento todas las demandas que le han interpuesto fueran falladas en contra del Estado, y las aspiraciones de los demandantes se hicieran efectivas, la totalidad de las finanzas públicas durante cinco años deberían destinarse para pagar los 700 billones de pesos que le reclaman. Esto sin contar con los procesos que se tramitan en el exterior por temas de derechos humanos, que van en aumento y que por ahora suman unos cuatro billones de pesos más. Aunque la escandalosa cifra incluye situaciones disparatadas como un proceso por un lío de tierras de hace 40 años, cuyo valor va por la astronómica cifra de 600 billones de pesos, en el saldo (100 billones), hay más de 200.000 demandas que tienen alarmados a los organismos de control y al gobierno.

Ante el súbito incremento en los pagos de condenas a la Nación, que pasaron de 221.000 millones de pesos en 2003 a 407.000 millones en 2008, la Contraloría General de la República, la Contaduría y Procuraduría, junto con la oficina de la Defensa Jurídica del Estado del Ministerio del Interior y de Justicia, trabajan para controlar esta vena rota, que incluso amenaza la viabilidad financiera del país.

Los ciudadanos demandan al país por muchas situaciones. Unos, como resultado de las fallas y errores de los funcionarios y la ineficiencia de las entidades. El Ministerio de Defensa, la Policía y el DAS, sumados acumulan más de 10 billones de pesos en demandas, causadas principalmente por errores en los allanamientos, abusos de poder, detenciones injustificadas, lesiones y muerte de civiles. Se trata de situaciones que el Estado evitaría si sus agentes respetaran la ley y los procedimientos.

Ese descuido también puede darse en temas de derecho administrativo, como en la condena recientemente pagada a los antiguos dueños de Granahorrar, en el que los jueces consideraron que hubo fallas en el proceso de toma del banco por parte del Estado. Por eso ordenaron pagarles 350.000 millones de pesos, cuando el Estado había vendido el banco en un billón de pesos después de rescatarlo y sanearlo.

El viejo asunto de tierras por el que los afectados pretenden los increíbles 600 billones de pesos nació por las supuestas fallas en que incurrió el Incora al decretar la extinción de dominio de una gigantesca hacienda en Antioquia. Aunque en este caso hay una sentencia reciente de primera instancia a favor del Estado, sigue contabilizado en las contingencias jurídicas pues pese a lo descabellado del caso y sus pretensiones, nunca es descartable que los procesos tomen un giro insospechado en la justicia, el otro talón de Aquiles del Estado ante las demandas contra él.

Como si eso fuera poco, las demoras en la administración de justicia hacen que los procesos alcancen cifras estrambóticas, lo que abre una puerta a la corrupción. Casos como el de los carteles de abogados que cobraron miles de pensiones inexistentes a Cajanal evidencian además que hay jueces que fallan de manera irregular contra el Estado en complicidad con los abogados demandantes. Esto sin contar con los errores que pueden presentarse de buena fe. Es el caso de varias decisiones sobre créditos hipotecarios, que ahora son a su vez demandadas mediante una acción de grupo que valdría 3,5 billones de pesos.

Además hay abusos de la ley, pues muchos litigantes consideran que la vía contenciosa es más expedita que la civil, y que por medio de ella pueden lograr mejores dividendos. Sucede en miles de reclamaciones contra el Ministerio de Minas, donde se acumulan nueve billones de pesos en demandas, muchas por personas electrocutadas, algo por lo que deben responder las prestadoras del servicio y no el Estado. O demandas de estas prestadoras que consideran mal liquidados los subsidios que se les reconocen por sus servicios. En muchos de estos casos, los demandantes le apuestan a que el Estado no se defiende, o no sabe cómo hacerlo.

Hace un par de años el Estado, en medio del esfuerzo para entender la verdadera dimensión del problema, creó una herramienta informática llamada Litigob, que sería administrada por el Ministerio del Interior y de Justicia. Allí en línea y tiempo real, todas las entidades deberían incluir la información de todos sus procesos. Pero el sistema rápidamente quedó obsoleto, y hoy la oficina que maneja el tema lo administra simplemente en un programa Excel, lo que implica toda clase de riesgos al digitar la información.

Pese a esto, varias entidades se dieron a la tarea de consolidar la información. Pese a las inconsistencias que persisten, este es un primer paso que muestra buena voluntad, pero que evidencia la urgencia de coordinar mejor las entidades y de contar con la tecnología adecuada para administrar esta información.

El siguiente paso es diseñar adecuadamente la estrategia de defensa. Hasta ahora cada entidad hace lo que puede con sus oficinas jurídicas. No es un secreto que en muchos casos estos cargos son de manejo político, en especial en las entidades territoriales, por lo que frente a procesos de mayor envergadura son fácilmente influenciables por los intereses en juego. De ahí que algunos propongan que lo mejor es unificar todos los procesos en una dependencia fuerte en materia jurídica, siguiendo el modelo de países como Chile y España. De hecho, la oficina de la Defensa Jurídica del Estado trabaja en un proyecto de ley en ese sentido. Esa dependencia, pese a su nombre rimbombante, es una de las más débiles en términos de infraestructura y respaldo. Muchas veces ni siquiera tiene recursos para que se transporten sus abogados, que en ocasiones ganan sueldos de millón y medio de pesos mensuales, para representar al Estado en pleitos multimillonarios.

Mientras se define qué hacer, ya se encienden otras alarmas sobre la forma como se están pagando los fallos. La Contraloría General, en un completo informe que presentará esta semana, revela cómo algunas entidades están acudiendo a títulos de deuda pública y a rebajas de impuestos, conocidas como compensaciones de deuda pública, que además de dilatar el problema le pueden generar problemas de caja al país. Este es el caso del Inco. La joven entidad que nació en este gobierno para administrar las concesiones ya acumula 600.000 millones en demandas, de los que ha pagado 3.000, parte con las modalidades denunciadas por la Contraloría.

La medida que comenzó a ponerse en marcha este año, que obliga a los posibles demandantes a conciliar con la Procuraduría antes de poder actuar contra el Estado, ya arroja algunos resultados. En los primeros meses por esta vía 1.212 casos fueron evacuados. Lo escandaloso es que hay 20.000 casos en trámites, lo que quiere decir que sólo en estos seis meses ya hay un 10 por ciento de procesos acumulados de la totalidad de demandas existentes.

Además, con tal volumen de reclamos, es muy probable que el trabajo desborde la capacidad de respuesta del ente de control.

Urge buscar soluciones de fondo a este problema estructural. Y en esto es fundamental trabajar de la mano de la rama judicial. Mientras esto sucede, sería conveniente aplicar con más rigor las acciones de repetición contra aquellos funcionarios por los que el Estado debe pagar. Así mismo establecer mecanismos para que quien presente una demanda infundada tenga que pagar por el desgaste y los costos en que incurrió la Nación para defenderse. Lo que se está haciendo es una buena señal, pero la dimensión del reto que hay por delante es enorme.