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| 3/22/2019 5:48:00 PM

Acusación a exgerente de Triple A pone la lupa en dos aliados de la alcaldía de Barranquilla

La Procuraduría formuló acusación a Ramón Navarro por ordenar pagos de servicios que la empresa no recibió. Las destinatarias fueron dos firmas: un secretario y un exasesor salen a relucir.

Exgerente de Triple A a responder por pagar servicios que la empresa no recibió Captura de Ramón Navarro en Barranquilla, en marzo de 2018. Foto: Fiscalía General

Por el pago de unos 1.300 millones de pesos por servicios que no se habrían prestado a la empresa barranquillera de servicios públicos Triple A, la Procuraduría General de la Nación llamó este viernes a juicio disciplinario su exgerente Ramón Navarro.

El Ministerio Público le cuestiona al exdirectivo que las firmas Padilla Sundheim Abogados y Consultores Especializados E.U. e Iarco Limitada, presuntamente, se habrían apropiado de recursos provenientes de la empresa que presta en la ciudad los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

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En Triple A, el Distrito de Barranquilla tienen derechos accionarios del 14,50%, lo que le da la competencia a la Procuraduría para actuar. Según el Ministerio Público, dichos recursos fueron entregados a las empresas mencionadas “pese a que según el material incorporado al expediente hasta este momento procesal, los servicios contratados no fueron restados”.

En octubre de 2018, la Fiscalía —con base en normatividad anticorrupción— adoptó la medida cautelar de embargo y secuestro con fines de extinción de dominio el 82,16% de la propiedad de la empresa en manos de Inassa, brazo de inversión en América de la empresa española de aguas Canal de Isabel II. Esa participación está en custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que administra la compañía.

En contexto: Fiscalía embarga el 82% de las acciones de la empresa Triple A

La presunta falta de Ramón Navarro Pereira fue calificada provisionalmente por el organismo disciplinario como gravísima a título de dolo, teniendo en cuenta que, con las pruebas que obran en el proceso, la conducta reprochada “fue posiblemente realizada con conocimiento y voluntad”.

Secretario Padilla

Señala la Procuraduría, que la Comisión Disciplinaria Triple A identificó que esa empresa firmó un contrato de prestación de servicios con Padilla Sundheim Abogados y Consultores Especializados E.U., pactado a seis meses por 10 millones de pesos cada uno.

Jaime Padilla Sundheim, secretario jurídico de la Alcaldía de Barranquilla, fue designado desde 2016, en el inicio de la administración del alcalde Alejandro Char, como miembro principal de la junta directiva, una calidad que también ostenta el mandatario, con lo que llenaron así las dos plazas reservadas para el Distrito. Esa calidad la perdió con la entrada de la SAE, que le dejó solo un puesto en ese cuerpo colegiado, reservado para el alcalde Alejandro Char.

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Padilla tuvo en el pasado otro tipo de relación con la empresa. Desde el 2011 hasta el 2015, mantuvo contratos con Triple A de asesoría jurídica a través de la firma Padilla Sundheim Abogados & Consultores Especializados, según documentos conocidos por SEMANA. Hoy dicha empresa está en manos de la esposa de Padilla,

Padilla conversó en octubre de 2018 con este medio y reconoció contratos con Triple A entre 2014 y 2015, aunque en una hoja de vida que publicó en ese entonces da cuenta de esos contratos desde 2013. “En 2011 puedo tener contratos con otra empresa del grupo, que se llama R&T”, manifestó. En efecto esa firma es filial de Triple A y también está bajo la lupa de las autoridades, y se encarga de actividades como la lectura de contadores, corte de servicios y entrega de facturación. 

En el caso de Triple A, el objeto del contrato fue el de “prestar sus servicios de asesoría jurídica en el tema de contratación estatal y áreas afines, mediante la ejecución de las siguientes actividades entre otras: estudios de documentos tales como proyectos de contratación convocados por el estado o sus entidades descentralizadas, revisión de minutas contractuales y pliegos de condiciones y asistencia a la gerencia general de Triple A”. Los tres contratos y los dos otrosí fueron firmados por Ramón Navarro.

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Padilla Sundhein Abogados & Consultores Especializados, la firma que lleva el nombre del letrado y con la que negoció los contratos de Triple A, sigue vigente y renovó su matrícula mercantil ante la Cámara de Comercio de Barranquilla para el 2018.

“Yo salí de allí y ya pertenece a otra empresa. Cuando entré a lo público salí de ahí”, mencionó. Dijo también que mantiene el nombre porque “el nombre es la marca, es algo que se construye en el tiempo y no se desecha”, argumentó. Según un certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla, la representante legal es Cecilia Melissa Avendaño, esposa de Padilla, y la directora jurídica es Ketty Beatriz Espinosa.

Héctor Amaris

La otra firma que recibió los pagos cuestionados por la Procuraduría es Iarco, vinculada con la familia de Héctor Amaris Rodríguez, a quien conocen como el Oso Yogui, exgerente del Foro Hídrico de la ciudad y asesor del alcalde Alejandro Char, con quien ha aparecido en varias fotos sociales y en redes sociales, que denotarían su cercanía.

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El padre de Amaris, Héctor Amaris Piñeres, aceptó cargos por hechos relacionados a corrupción el 22 de octubre de 2018. El hombre, que es adulto mayor y es enfermo terminal, debió hacer la aceptación por videollamada de los mismos hechos que hoy pone sobre la mesa el juicio disciplinario. En aquella audiencia, el representante de la Procuraduría pidió a la Fiscalía hacer claridad de si el imputado era el padre o el hijo.
 
El exgerente de Triple A, según el Ministerio Público, habría autorizado la prestación y pago de servicios con la empresa Iarco Limitada, a través de nueve órdenes de pedido, cada una por 150 millones de pesos.

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Dicho contrato establecía el transporte de residuos sólidos en Barranquilla por parte de Iarco, vinculada con la familia Amaris, cosa que la justicia estableció que no sucedió. Según las facturas, que a la postre son falsas, el contrato debía ejecutarse entre febrero y octubre del 2015.

El fiscal 38 señaló que debía imputar los cargos al actual representante legal de la empresa Iarco Ltda. y que, de momento y hasta que no haya un mayor acervo probatorio, no podía ir tras los socios de dicha firma.

Navarro, quien ya ha aceptado cargos penales en dos ocasiones y tienen medida de casa por cárcel, deberá responder ante la Procuraduría por presuntamente haber omitido sus deberes como administrador

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La conducta por la que se le procesa es falta gravísima: “Apropiarse, directa o indirectamente, en provecho propio o de un tercero, de recursos públicos, o permitir que otro lo haga; o utilizarlos indebidamente”, así como por presuntamente haber omitido su deber de aplicar los principios de la gestión fiscal, entre ellos el de eficiencia.

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