Santos: “El fallo de La Haya no es aplicable sin un tratado”

Casi diez meses después de que la Corte Internacional de Justicia le quitará 75.000 kilómetros de mar en el archipiélago de San Andrés, el presidente Juan Manuel Santos reveló la estrategia del gobierno para enfrentar las consecuencias del adverso fallo de La Haya. El mandatario colombiano aseguró que el fallo es “inaplicable”.

A esa conclusión llegó el gobierno colombiano luego de haber consultado la opinión de expertos en derecho internacional que analizaron las consecuencias del fallo y le trasladaron al gobierno seis recomendaciones.

Fueron cuatro puntos que expuso el presidente: 1. Fallo no es aplicable sin un tratado. 2. Se consolida el archipiélago a través de la declaración de una Zona Contigua Integral. 3. Avance en la protección ambiental y social de la Reserva Seaflower. 4. Se frenan las ambiciones expansionistas de Nicaragua al declarar la unión de dos plataformas continentales que, juntas, se extienden desde San Andrés hasta Cartagena.

El presidente Santos se refirió al artículo 101 de Constitución para defender su decisión. "Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República".

Ante eso Santos dijo: “El fallo de la Corte Internacional de Justicia no es aplicable –no es y no será aplicable– hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos, tratado que deberá ser aprobado de conformidad con lo señalado en nuestra Constitución”.

Colombia defenderá esta posición en las instancias nacionales e internacionales que corresponda. Anunció que leerá una carta en su visita a la ONU en Nueva York (Estados Unidos). Esta tendría el beneplácito de varios países, entre ellos Jamaica, Costa Rica y Panamá. Allí se denunciará lo que el mandatario calificó de "ambiciones expansionistas", del gobierno de Nicaragua.

También quedó claro que el Gobierno va a demandar el llamado Pacto de Bogotá ante la Corte Constitucional. Santos explicó que lo hará para que se reafirme la tesis de que los límites marítimos de Colombia no pueden ser modificados automáticamente por un fallo de la Corte de la Haya.

Pero la declaración que más causó cuidado fue cuando dijo que como marino y ministro defendió esa zona del país y anunció que lo va a proteger como presidente, “hasta las últimas consecuencias”.

Otra de las decisiones es que el Estado colombiano va a ejercer “jurisdicción y control en la Zona Contigua Integral en todo lo que tiene que ver con asuntos de seguridad y lucha contra la delincuencia, así como en materias fiscales, aduaneras, ambientales, de inmigración y sanitarias, entre otros aspectos”.

Historia

Colombia había contratado a la firma Volterra Fieta y a otros bufetes de abogados en Estados Unidos, Reino Unido y Francia, a la vez que se había convocado una comisión de expertos colombianos que también le trasladaron sus recomendaciones.

Después de un estudio, la estrategia planteada consiste, primero en defender la frontera y la Constitución. El fallo no será aplicable hasta que no haya un tratado que defienda los intereses de los colombianos.

Según explicó Santos, el fallo de La Haya es inaplicable hasta que no haya un tratado con Nicaragua para modificar los límites marítimos del país en el Caribe. Posteriormente el Congreso de la República deberá aprobar ese tratado y que los límites marítimos sean modificados. Para ello se debe tramitar una ley o una reforma constitucional.

El presidente también anunció que un decreto en el que establece zonas contiguas al archipiélago con el que Colombia tendrá derecho a 24 millas náuticas y no a 12, como estaba establecido, en cada una de sus islas. También crea zonas contiguas integrales, por lo que el archipiélago de San Andrés y Providencia debe ser tratado como un todo, incluidos sus cayos.

Esto con el propósito de desenclavar los cayos de Quitasueño y Serrana para comunicarlas entre sí y con el Archipiélago de San Andrés y Providencia.

El pasado 19 de noviembre el tribunal de La Haya resolvió una demanda de Nicaragua contra Colombia en la que reclamaba soberanía sobre un área marítima que históricamente ha pertenecido al país.

El tribunal internacional reconoció la soberanía de Colombia sobre siete cayos del archipiélago de San Andrés, pero quitó una franja de mar tanto al norte como al sur del archipiélago.

El tribunal concedió a Managua un área marítima más allá de 12 millas de los cayos de Serrana y Quitasueño al norte y otro espacio al sur de los de Alburquerque y Este Sudeste.

El anuncio del presidente Santos se produjo una semana después de que el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, le propusiera al gobierno colombiano crear una comisión binacional para alcanzar un tratado que permitiera poner en práctica el fallo de La Haya.

Según Ortega, esta comisión se encargaría de definir “cómo se va a patrullar la zona” y la forma como se manejaría el tema de la pesca. “Tenemos que ponernos de acuerdo con los hermanos colombianos”, dijo.