La grave emergencia ambiental que vivió Santander en marzo pasado, cuando del pozo Lizama 158 de Ecopetrol, en el corregimiento La Fortuna (Santander) emanaron chorros de crudo que se esparcieron por varias fuentes de agua de la región, empezó a provocar sus primeras consecuencias judiciales.
La Procuraduría General de la Nación abrió este jueves investigación disciplianaria contra los presidentes de Ecopetrol y la Agencia Nacional de Hidrocarburos y sus antecesores, y ocho vicepresidentes de las dos entidades.
La decisión afecta al actual presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, y a su antecesor Juan Carlos Echeverry, a quienes se les investiga por presunto incumplimiento de sus deberes, relacionados con el abandono técnico de los pozos, que llevó a la emergencia.
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Respecto de dos vicepresidentes de la empresa, la Procuraduría ordenó su suspensión por tres meses: Héctor Manosalva Rojas, vicepresidente de Desarrollo y Producción, y Ricardo Coral, de la Regional Central, así como del gerente de Operaciones de Desarrollo y Producción de Mares, Óscar Ferney Rincón.
Según la entidad, los tres funcionarios “no habrían dado desarrollo a las políticas que se deben poner en marcha cuando se abandona técnicamente un pozo.
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En relación con el actual presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia, y su antecesor, Mauricio de la Mora, y otros seis directivos de la entidad, la investigación se abre por “posible omisión en el cumplimiento de sus funciones frente a la emergencia ecológica, ambiental y social causada por la emanación del crudo”.
Se calcula que en la zona adyacente al pozo Lizama se derramaron más de 24.000 barriles de crudo que contaminaron quebradas y ríos, y mataron miles de animales.