La estrategia del Estado de opinión

Desde hace más de un mes, analistas y líderes de opinión han concentrado esfuerzos en interpretar la gaseosa idea del 'Estado de Opinión', defendida con vehemencia por el presidente Álvaro Uribe en su discurso en el Congreso el 20 de julio y mencionada en sus intervenciones más recientes.

Los defensores del gobierno sostienen que desde su primer mandato, Uribe ha hecho referencia permanente al pueblo y al compromiso de los gobernantes con la voluntad popular.

No obstante, llama la atención que el mandatario haya utilizado esa expresión en más de 100 intervenciones durante los últimos 10 meses. Y con mayor ímpetu en el último mes. No en vano el 20 de julio inició un período de sesiones que, de antemano, comenzó enfrascado en el letargo reeleccionista. "El Estado de Opinión es una forma superior del Estado de Derecho", dijo el Presidente ese día al inaugurar la legislatura.

La coincidencia de tiempos entre la insistencia en el Estado de Opinión y la escasez de horas para que el Congreso vote el referendo de la reelección ha llevado a muchos académicos y políticos a señalar que, con este nuevo elemento en su discurso, el Presidente busca quitarle legitimidad a la Corte Suprema de Justicia, cuya investigación a 85 congresistas por presunto prevaricato tiene en vilo la aprobación en el Congreso de su segunda reelección. "La tesis del Estado de opinión como nirvana de la democracia tiene un gran significado político, así carezca de aceptación en el mundo y sea un vehículo argumentativo para la reelección", señaló el experto en opinión pública Álvaro Forero Tascón. Es cada vez más claro que detrás de la defensa del Estado de Opinión hay un interés presidencial por darle más peso a la voluntad de los ciudadanos reeleccionistas que al criterio judicial de los magistrados que consideran que el trámite del referendo pudo haber tenido vicios.

Pero más allá de la perplejidad de los académicos, la dialéctica verbal de los opositores políticos y la artillería periodística de los líderes de opinión, desde hace un mes la idea abstracta del Estado de Opinión ha tomado forma a través de la guardia pretoriana del uribismo que, a su vez, es la punta de lanza en la batalla por el referendo.

El mariscal de campo en esta lucha es el político Rodrigo Rivera quien, desde su regreso a Colombia, hace un año, se distanció del Partido Liberal para cargar las banderas de la reelección. En 2008 empezó su Tour de la Unidad, para pregonar la defensa de la política de seguridad democrática por todo el país. A comienzos de este año, cuando el referendo aún estaba empantanado en el Congreso, convocó a varias reuniones con parlamentarios para no dejarlo hundir. Y el pasado 20 de julio, cuando el gobierno recibió un duro golpe al perder las mesas directivas del Congreso, se lanzó a una nueva estrategia para "darles visibilidad y fuerza a cinco millones de colombianos que firmaron a favor de la iniciativa popular". De esos cinco millones de firmas, cabe aclarar, la Registraduría solo avaló 3,9 millones.

Para Rivera hay un Congreso amedrentado por las investigaciones de la Corte Suprema que no se atreve a decidir sobre la segunda reelección y, por lo tanto, pretende despertar las masas uribistas silenciosas para que hagan respetar su voluntad para que el Presidente se quede cuatro años más.

Y para materializar esta tesis, envió a comienzos de mes una carta a los 268 congresistas, argumentando que la investigación de la Corte Suprema sobre ellos no debe coartar su voto a favor del referendo porque, insiste, el voto parlamentario es inviolable.

A los pocos días, y con el apoyo de la empresa Interactiu, grabó un video en el que expone los mismos argumentos e invita a los colombianos a respaldar el trámite del referendo en la página web referendosi.com, en la que también colgará los nombres de los congresistas que votaron a favor o en contra del acto legislativo. "El derecho de quienes firmaron está en peligro en el Congreso, por eso debemos seguir firmes para que se haga la voluntad de los colombianos", dice Rivera en el video, que ya está en más de 30 páginas de Facebook que defienden la reelección.

La propuesta de Rivera de convertir la página web en un portal para hacerle seguimiento a la manera como los parlamentarios han votado el acto legislativo ha sido interpretada por algunos como una amenaza. "Es como si estuviera diciéndonos que si votamos contra la conciliación del referendo o nos abstenemos de votar, vamos a perder votos de los ciudadanos. Él dice que el voto parlamentario es inviolable, pero con estas amenazas trata de violarlo", dijo a SEMANA un representante del partido de la U.

Pero el trabajo que viene haciendo Rivera desde el 20 de julio no se queda en lo mediático. Alrededor de sus ideas gravitan iniciativas jurídicas que buscan que las voces de los ciudadanos frente a la reelección se oigan más duro que las de los jueces, las leyes y del Congreso. Es el caso de la tutela presentada hace casi dos semanas por el abogado Rafael Guarín ante el Consejo de la Judicatura. En ésta argumenta que la investigación de la Corte Suprema sobre los parlamentarios por votar el referendo sin que existiera una certificación sobre sus cuentas vulnera su derecho a la participación política como firmante de la iniciativa. El abogado insiste en que fue su convicción, y no su cercanía con Rivera, la que lo llevó a interponer la acción legal.

Lo paradójico del nuevo liderazgo de Rivera en abanderar el Estado de Opinión para buscar un tercer período presidencial consecutivo es que, en la primera reelección del presidente Uribe y como senador, fue uno de los más duros críticos de esa posibilidad. "¿Y por qué no la reelección? Porque es un proyecto que agudiza la polarización del país en un momento en el que la principal prioridad debe ser recuperar la unidad nacional y porque distrae al país de los temas estructurales y de fondo", sostuvo en pleno debate de la reelección en 2004. Hoy, cinco años después, agita con ímpetu a las masas para presionar al Congreso y dice que no dio ninguna voltereta. "En ese momento me opuse a la reelección porque me parecía más importante promover acuerdos que convirtieran la seguridad democrática en política de Estado. Como estos no se dieron, hoy lidero la defensa del referendo", dice.

Hace más de una semana, cuando Guarín radicaba la tutela ante el Consejo Superior de la Judicatura, cinco jóvenes que administran el grupo de Facebook 'Sí al referendo, sí a Uribe', organizaron una reunión a la que asistieron Rodrigo Rivera; el secretario general de la U, Mario Solano; un asesor del congresista Roy Barreras; Rafael Guarín, y un representante del ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria. En el encuentro, presidido por Juan Gabriel Castaño, director de juventudes de la U, se decidió extender el uso del mecanismo de la tutela a más ciudadanos. Así, el pasado miércoles, alrededor de 100 tutelas con el mismo formato de la de Guarín fueron interpuestas ante la Corte Suprema. Los demandantes fueron convocados por Facebook, por correo electrónico o guiados por alguno de los jóvenes que se encontraban en la Plaza de Bolívar con pancartas a favor del referendo.

En el frente político, el Estado de Opinión tiene un hábil mosquetero: el ex ministro Juan Lozano. Hace dos semanas, después de anunciar que dejaría Cambio Radical para encabezar la lista al Senado del Partido de la U, dio varias declaraciones en las que insistió en que el Estado de Opinión supone una profundización democrática, está ligado a la fuerza de las mayorías y no es un planteamiento nuevo en los discursos de Uribe. Lozano descarta que su defensa del controvertido concepto tenga que ver con la posibilidad de que el gobierno acuda a una consulta popular utilizando el artículo 104 de la Carta Política para promover la reelección, pero concluye que "El Estado de Opinión no es otra cosa que la necesidad de que se tengan en cuenta las opiniones de los ciudadanos y que estos puedan exigir a los mandatarios".

En una entrevista con María Isabel Rueda, el ex ministro fue más allá y cayó en una especie de contradicción conceptual. Señaló que el Estado de Opinión no se refiere al referendo pero, a renglón seguido, reivindicó el derecho de las mayorías a definir, por sí solas, el futuro de la reelección. Al igual que el Presidente, calificó los argumentos de los congresistas para no votar la conciliación como "estrategias parlamentarias", y dijo que de no aprobar el referendo, el Congreso le estaría poniendo una mordaza a la democracia. Las palabras de Lozano tienen un sentido político evidente. "Hacer tantas referencias a la libertad de los congresistas para votar, y a la necesidad de convocar a una extensa movilización ciudadana para defender el referendo, es una manera de justificar el Estado de Opinión que algunos buscan defender por vía de las tutelas", dice el senador uribista y presidente de Convergencia Ciudadana, Samuel Arrieta.

¿Cuál es el alcance de las tutelas? ¿Hasta dónde puede llegar la puesta en práctica del Estado de Opinión? y ¿Qué implicaciones tiene para la democracia?

En el mundo político no hay consenso sobre la efectividad que pueden tener las tutelas para que la Corte Suprema suspenda la investigación a los representantes y, así se destrabe la conciliación del referendo en el Congreso. Mientras los opositores al gobierno perciben que esta salida es inviable jurídicamente, quienes la promovieron creen que puede ser un recurso válido y eficaz para que los parlamentarios dejen atrás el temor a indagación de la Corte y voten el referendo.

En cuanto a la legitimidad de este audaz concepto de la doctrina uribista, más que debate hay una sensación de sorpresa y preocupación. En ninguno de los círculos serios de la academia, la justicia, la política y la prensa ha sido bien recibida la idea del Estado de Opinión. Se asimila más a una acrobacia demagógica sobre la que han cabalgado innumerables caudillos del continente dando al traste con los sistemas democráticos, que con un precepto que pretende darle toda la fuente de poder al pueblo sin pulverizar el Estado de Derecho.

En últimas, la discusión sobre el Estado de Opinión se remite a la pregunta sobre la calidad de la democracia. Reconocidos académicos, como Eduardo Posada Carbó, Álvaro Camacho, Mauricio García y Rodolfo Arango, insisten en que la defensa de las mayorías no debe descalificar, por ningún motivo, el papel de instituciones como el Congreso y las Cortes. En otras palabras, que el respeto a la voz ciudadana no se puede convertir en un discurso populista capaz de romper los diques constitucionales y las reglas del juego.

Más allá del debate teórico, poner en práctica el Estado de Opinión y defender a capa y espada la voluntad de las mayorías uribistas puede aumentar la polarización que ya existe en el país. Más aun cuando se promueven, desde el poder, movilizaciones ciudadanas y discursos que pueden bordear el fundamentalismo, terminar banalizando la democracia y reduciéndola simplemente a que la voz del pueblo es la voz de Dios.