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| 5/1/2005 12:00:00 AM

La última cuartilla de un periodista asesinado

Para sentar un precedente y que la información no se silencie, varios medios, con la iniciativa del Proyecto Manizales, nacido en 2002, retomaron las investigaciones que estaba haciendo Guillermo Bravo, reportero huilense asesinado hace dos años.

La última cuartilla de un periodista asesinado La última cuartilla de un periodista asesinado
Cincuenta y tres días antes de su muerte, al periodista Guillermo Bravo le advirtieron que lo iban a matar. Un sicario arrepentido le dijo que a él lo habían contratado para esa "vuelta", pero que había decidido no hacerlo. "Es mejor que se vaya hoy mismo, porque lo van a venir a buscar acá en su casa", le anunció. Pero Bravo no se fue de Neiva. De nada sirvió la solicitud de protección y la denuncia del periodista a las autoridades. El 28 de abril de 2003 a las 7:45 de la noche un sicario, aprovechando que habían dejado la puerta abierta para dejar correr la brisa, entró y le disparó tres veces. Una bala al pecho y dos a la cabeza. Otro criminal lo esperaba en una moto y huyeron. ¿Por qué alguien mandó matar a Bravo? Es muy posible que haya sido para silenciarlo o por sus opiniones, como ha sucedido con otros cinco periodistas colombianos asesinados en los últimos tres años. La justicia aún no ha podio resolver esta pregunta. Con el fin de sentar un precedente y para que la información no se silencie, varios medios de comunicación de todo el país se unieron para retomar las pesquisas que estaba haciendo el reportero huilense. Desde febrero de 2002, con el ánimo de que no quedaran impunes las agresiones contra la prensa, un grupo de reporteros de diversos medios del país se habían propuesto indagar sobre los posibles autores del asesinato del subdirector del diario caldense La Patria, Orlando Sierra, reunidos con el nombre de Proyecto Manizales. En esta oportunidad, a raíz del segundo aniversario del asesinato de Guillermo Bravo, seis medios de comunicación, El Diario del Huila, El Espectador, La Patria, El Nuevo Día, El Tiempo y SEMANA, retomaron esta iniciativa. SUS PESQUISAS A sus 64 años, cuando lo mataron, Bravo ya había dejado huella en su tierra. Trabajó en Bogotá durante varios años, y, entre otros reconocimientos, obtuvo el Premio Simón Bolívar en 1979 por una investigación sobre la crisis cafetera, cuando trabajaba en el diario La República. Luego retornó a Neiva, donde este hombre frentero y polémico sintió que sus permanentes denuncias de corrupción no encontraban espacio en los medios locales. Decidió entonces fundar su propia revista, Eco Impacto. Desde 1985 hasta 2002 logró sacar en promedio cinco ediciones por año. Por sus publicaciones, los huilenses conocieron de las irregularidades y los sobrecostos en la construcción del edificio de Comfamiliar en Neiva. Una investigación judicial posterior llevó a la cárcel a varios funcionarios involucrados en este escándalo. También denunció deficiencias en la administración del entonces alcalde Gustavo Penagos (asesinado un tiempo después en hechos aún no esclarecidos). Así mismo, Eco Impacto dio a conocer posibles malos manejos en la prórroga en algunos contratos de exploración petrolera en ese departamento. Lo que Bravo siguió más de cerca fue el manejo de la Licorera del Huila. Como un sabueso, desde 1997 y prácticamente hasta su muerte, se sumergió en descifrar lo que él con frecuencia comentaba a sus amigos era "un atropello contra los recursos de la sociedad". Sus primeras publicaciones revelaron cómo el distribuidor de los productos de la Licorera departamental, cuya principal marca es el aguardiente Doble Anís, no estaba cumpliendo con los montos mínimos de ventas a los que lo obligaba el contrato. Por eso la gobernadora del momento, Cecilia Lara de García, lo canceló unilateralmente. Esto desembocó en un pleito contra la Licorera que fue superado ocho años después, luego de que el departamento acordó una millonaria conciliación con el ex distribuidor. Bravo también advirtió de posibles irregularidades en ese pago. Pero sus mayores denuncias señalan cómo se liquidó la Licorera en 1997. El proceso comenzó cuando el gobernador de ese momento, Jaime Lozada, propuso a la Asamblea departamental que se liquidara la Licorera. La iniciativa motivó protestas del sindicato, y el Gobernador sostuvo varias conversaciones con ellos en busca de un acuerdo para que no se cerrara la entidad. Mientras tanto, la Asamblea decidió continuar con el proceso. En las publicaciones de Bravo se denunciaron las que para él fueron varias irregularidades y atropellos tanto en la liquidación como en la posterior selección y adjudicación de la concesión para producir los licores del departamento a la firma Licorsa S.A., de propiedad de Orlando Rojas Bustos, un reconocido comerciante de la ciudad. Bravo aseguraba en sus publicaciones que para justificar la liquidación de la licorera, el gobierno departamental la había debilitado financieramente, y que se habían valorado los activos de la entidad en menor cuantía, e incluso que había habido robos de licores. También denunció que habían sido despedidos algunos trabajadores en forma irregular. En relación con la forma como se dio la concesión, Bravo aseguraba que el contrato era ventajoso a favor del concesionario, pues lo exoneraban del pago de algunos impuestos, le daban unos cupos de degustaciones muy altos que podrían ser vendidos por el distribuidor sin mayor control y que la empresa adjudicataria había sido sospechosamente creada poco antes de que se hiciera la concesión. Aunque las denuncias de Bravo no prosperaron entonces, más tarde la Fiscalía abrió una investigación por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad en documento público y evasión de impuestos en la adjudicación de la concesión a la firma Licorsa S.A. Bravo además sugirió que el entonces gobernador Lozada se podría haber favorecido con la concesión, pues le atribuyó una relación estrecha con Rojas Bustos. Incluso llegó a decir que Rojas Bustos era testaferro de Lozada, pero Rojas lo entuteló y la justicia le ordenó a Bravo rectificar. Desde entonces hasta hoy tanto el ex gobernador como Rojas han desmentido las denuncias de Bravo. "El periodista adelantó una investigación que yo siempre respeté, pero con el debido respeto de su memoria sigo creyendo que no tenía razón, dijo el gobernador Lozada al Proyecto Manizales. Yo tengo la frente en alto, pero cuando alguien coge con sevicia un micrófono, en ciertas esferas quedan dudas que le dañan a uno la moral". Dijo además que " detrás de la licorera había muchos intereses, y para el sindicato se había convertido en la gallina de los huevos de oro". El dueño de la concesionaria Licorsa S.A., Rojas Bustos, cuyo contrato con el departamento vence en 2007, dijo que su negocio ha sido investigado y hasta ahora nadie ha fallado en su contra. Afirma que tras las denuncias de Bravo también había intereses políticos, pues en una oportunidad que fue su contendor político en las elecciones por la alcaldía de Neiva, insistió en sus denuncias. Pero quienes fueron más cercanos a Bravo aseguran que su participación en esa contienda electoral sólo fue motivada para interponerse en las aspiraciones políticas de Rojas Bustos. Algunos de los entrevistados por el Proyecto Manizales en Neiva comparten, sin embargo, ciertas sospechas de Bravo sobre la concesión de la Licorera, como por ejemplo el hecho de que el ex gobernador y el concesionario fueran amigos. No obstante, Lozada y Rojas argumentan que si bien hoy son amigos, no lo eran en el momento de la concesión. Hoy Lozada es presidente del equipo Atlético Huila, del que Rojas Bustos es su mayor accionista. Guillermo Bravo dijo a varios colegas que sentía que su trabajo "era como sembrar en tierra árida". Por eso en los últimos años de su vida se había dedicado más al periodismo de análisis -con un programa de radio y otro de televisión- que al de denuncia. Sin embargo continuó observando de cerca la evolución del caso de la Licorera pues estuvo en permanente contacto con los trabajadores que alegaban que se les habían vulnerado sus derechos. Para los críticos de su trabajo, esta relación le restaba independencia. De ahí que con estos antecedentes, luego de la advertencia del sicario arrepentido, Bravo les dijera a familiares y a algunos de sus amigos más cercanos que creía que la amenaza podría venir de sus denuncias contra la liquidación de esta empresa. Al respecto, Rojas Bustos dijo: "Nadie me puede señalar siquiera de tener una riña pública o haber cometido un acto violento. Dirimí las diferencias que tuve con Bravo por medios legales". Lozada coincide con él en que no cree que estas publicaciones de Bravo tengan que ver con su muerte, y más bien opina que el crimen pudo estar relacionado con que "Bravo había cosechado muchos enemigos", o con el hecho de que tuviera una ideología de izquierda. Por ahora la muerte de Bravo sigue en la impunidad. (Ver recuadro). Y en cuanto a sus denuncias, la justicia falló a favor de varios trabajadores y les reconoció millonarias demandas por haber sido despedidos en forma irregular. Las discusiones sobre el manejo de la Licorera aún siguen vigentes en Huila. La Fiscalía aún no cierra su investigación . Y como la concesión se vence en 2007, la Asamblea ha realizado dos debates este año para evaluar cuál es la mejor opción para el departamento: retomar el manejo de la Licorera, abrir una nueva licitación o continuar con el mismo concesionario. La única manera para evitar que se cumplan los temores de Guillermo Bravo de que sus denuncias cayeran en tierra árida, es lograr que la justicia por fin llegue y esclarezca este caso. No sólo para honrar su trabajo valeroso, sino también para que no haya dudas sobre el buen nombre de personas que pueden haber quedado injustamente en entredicho. Sería también una señal alentadora para la libertad de prensa en Colombia, pues se sabría que aun en el peor de los casos, cuando pueden asesinar a un periodista, no logran callarlo. Porque tarde o temprano sus denuncias conducen a que la verdad aflore.

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