Gobernador de La Guajira quedó en libertad y podría volver a su cargo

Este viernes, en audiencia ante el Tribunal Superior de Bogotá, un magistrado ordenó la libertad inmediata del gobernador de La Guajira, Wilmer González Brito porque en su opinión ya no se cumplen los fines por los que se le impuso la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en febrero de 2017. En ese momento, la decisión se tomó con el argumento de que podía utilizar su cargo para influir en el proceso en su contra.

La Fiscalía acusó al mandatario seccional -que lo sigue siendo porque no ha renunciado- de las conductas de cohecho, falsedad en documento privado, corrupción al sufragante y fraude procesal, cargos que González nunca aceptó.

El gobernador fue elegido en noviembre de 2016 en elecciones atípicas por una coalición del Partido de la U y el Partido Conservador, luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Oneida Pinto en junio de ese mismo año.

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González Brito, según conoció SEMANA, buscará recuperar su cargo una vez recupere su libertad y sea modificado el decreto del Ministerio del Interior que lo apartó de él. En su ausencia, el entonces presidente Juan Manuel Santos encargó a Weildler Guerra Curvelo y, posteriormente, a Tania Buitrago, quien ejerce hasta ahora.

El gobernador de La Guajira es originario del municipio de Uribia, está casado con una abogada wayuu, y su acto de posesión fue en ese municipio de la zona norte extrema del departamento. Durante su proceso, fue apoyado vehementemente por miembros de las iglesias evangélicas del departamento.

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Según el escrito de acusación de la Fiscalia, el delito de falsedad en documento privado versaba sobre el supuesto ingreso de 2.000 millones de pesos en el informe de ingresos y gastos de la campaña, fundamentada en una conversación interceptada con un interlocutor desconocido, pero luego identificado como Arnold Danilo Lascarro, quien declaró que se trató de una “chanza” y luego se estableció que “no participó activamente en la campaña”. Esto también tumbaría la acusación por fraude procesal.