Las cuatro ministras sobresalientes del Gobierno Duque

El gobierno del presidente Iván Duque no ha tenido un año fácil. El coletazo de la crisis de Hidroituango, las protestas de estudiantes y maestros, trabajadores y taxistas, el colapso de varias obras de infraestructura, el aumento del desempleo y de la migración venezolana, entre otros temas, han tenido copada la agenda de los ministros en los últimos meses.

Atender estos asuntos ha planteado grandes desafíos a un equipo de ministros con grandes capacidades técnicas, pero carentes, en algunos casos, de manejo político.

Los buenos resultados y la gestión seria que han dado a sus temas les han permitido a algunos ganar mucho respeto ante la opinión pública. Sobre todo, porque tomaron el toro por los cuernos y mostraron carácter para enfrentar situaciones muy complicadas.

En este grupo se destacan cuatro titulares de ministerios que han merecido el reconocimiento del presidente Duque y de muchos de sus interlocutores. Justamente, este grupo está integrado por cuatro mujeres: las ministras de Transporte, Minas y Energía, Trabajo y Educación.

En este abanico, dos han tenido experiencia política y dos son novatas. Alicia Arango fue mano derecha desde Palacio del Gobierno de Álvaro Uribe, y Ángela Orozco fue viceministra y ministra de Comercio en el de Andrés Pastrana. Las otras dos son nuevas en la política, pero aprenden rápido.

¿Cuáles son los principales chicharrones que han enfrentado y qué tienen para mostrar? Esta es su gestión.

Manos a la obra

En poco menos de un año, la ministra Ángela María Orozco le imprimió nuevo y potente aire de gerencia a la cartera de Transporte y se ha convertido en una de las estrellas. Una renovación necesaria teniendo en cuenta que el 8 de agosto del año pasado tenía sobre su escritorio más problemas que avances en infraestructura y transporte.

A mediados del año pasado, el programa vial de concesiones 4G estaba a punto de colapsar por la prolongada demora en los cierres financieros de los proyectos, dificultades asociadas a licencias y predios, y efectos colaterales derivados del escándalo de corrupción de Odebrecht.

Decidió, como primera medida, crear una estrategia para destrabar los contratos. Busca lograr este primer semestre del año cinco cierres financieros y tres más en el segundo, para un total de ocho en 2019. Un avance significativo si se tiene en cuenta que los primeros 13 cierres financieros tardaron cuatro años.

Consulte: Vía al llano, ¿un proyecto imposible?

Otro ejemplo de demoras, desidia y falta de planeación, el túnel de la Línea, ya está viendo la luz tras años de retrasos y varias adiciones millonarias suscritas por los Gobiernos anteriores para evitar un elefante blanco. La ministra y el Invías lograron, en mayo pasado, reactivar las obras y, si todo marcha bien, en diciembre de 2020 estarían listos los túneles y viaductos de este cruce de la cordillera Central.

También se llevó copiosos titulares este año el gigantesco derrumbe en el kilómetro 58 de la vía Bogotá-Villavicencio. El Gobierno tardó unos días para tomar medidas de fondo que contribuyeran a mitigar los impactos económicos y sociales. Pero en la actualidad hay avances como la reducción en tarifas de peajes en los dos corredores alternos, exención de cobros aeroportuarios y una política para incentivar más vuelos a la capital del Meta. Orozco también ha planteado soluciones definitivas de ingeniería para este importante corredor. Inicialmente, se habla de dos plazos y soluciones. El primero de tres meses para destaponar la vía de tierra, y el segundo de 18 meses para construir las terrazas en la montaña y un túnel falso sobre la vía.

Produjo, además, el decreto de beneficios e incentivos para renovar los viejos y contaminantes vehículos de carga. Y adoptó decisiones para mejorar la movilidad urbana, como impulsar la primera línea de metro de Bogotá, cofinanciada en un 70 por ciento por la Nación. Nada mal para una abogada que nunca había estado en cargos relacionados con infraestructura o transporte.

Aprendiendo a ser paciente

La ministra María Victoria Angulo fue quizás la funcionaria que más retos tuvo que enfrentar al inicio de su gestión. Llegó con una amplia experiencia en ese sector, pues dirigió una de las fundaciones más importantes, Empresarios por la Educación, y fue secretaria de Educación de la administración de Enrique Peñalosa. Pero no habían pasado ni dos meses desde la llegada del nuevo Gobierno cuando la sacudió la primera crisis.

Puede leer: Ministerio de Educación ordena el reemplazo del rector de la Universidad Autónoma de Colombia

En octubre, el país se paralizó por cuenta de las movilizaciones de miles de estudiantes que reclamaban más recursos para la educación superior, una deuda histórica en el sector. El Gobierno entregó una suma sin precedentes: un billón de pesos más de presupuesto, pero los protestantes no aflojaron. Al final, después de dos meses de tomarse las calles hubo humo blanco. La Casa de Nariño comprometió recursos por 4,5 billones de pesos adicionales para las instituciones de educación superior públicas. El paro terminó en buenos términos.

En ese tiempo, la ministra demostró su conocimiento del sector y su talante conciliador. Luego vino el Plan Nacional de Desarrollo. Mientras el Gobierno se apretaba el cinturón, esa cartera logró incluir puntos fundamentales: destinar recursos de regalías para ciencia y tecnología, reformar el Sistema General de Participaciones para que los colegios públicos reciban más recursos, financiar la educación preescolar para ampliar la cobertura, y crear una unidad administrativa que se encargue del Plan de Alimentación Escolar que no existía en el Ministerio de Educación.

En la era Duque, la educación ha sido uno de los principales temas de la agenda política, por lo general, siempre en medio de controversias. El cambio del programa Ser Pilo Paga por Generación E provocó enormes críticas en un sector, pero alivió la tensión entre las instituciones públicas y las privadas.

La gestión de las ministras de Transporte, Minas, Educación y Trabajo se destaca dentro del gabinete del presidente Iván Duque.

Con mucha energía

Durante los recientes ‘retiros espirituales’ del gabinete, la ministra de Minas, María Fernanda Suárez, se destacó por promover e incorporar fuentes renovables dentro de la matriz energética del país. Pero no solo tiene ese logro para mostrar.

Su cartera avanza en un plan para incluir 100.000 nuevos usuarios de energía eléctrica, reactivar proyectos del sector minero-energético que permanecían estancados, sacar adelante la reforma a la Ley de Regalías para mejorar los giros a las regiones productoras y abrir el debate público sobre el uso de fuentes no convencionales –fracking– para garantizar la autosuficiencia petrolera del país.

Consulte: Crear una superintendencia de asuntos energéticos sería una herramienta frente al fracking

Pero otros dos potros muy complicados la han puesto en los ojos de la opinión pública: Hidroituango y Electricaribe. En el primer caso, la crisis que ocasionó el colapso en la construcción de Hidroituango tuvo en vilo y bajo amenaza la vida y bienes de miles de habitantes ubicados aguas abajo del sitio donde se construye la represa. Y también motivó alarmas frente al desabastecimiento de energía.

En contexto: Reforma a las regalías, aprobada en primera vuelta

Ya pasaron los meses más críticos y todo indica que EPM retomó el control. Frente a las dudas por el abastecimiento de la energía que debería aportar en 2020 y 2021 esta central, su ministerio decidió convocar una subasta nueva cuyos resultados garantizarán el suministro.

La ministra de Minas también tiene el chicharrón de Electricaribe. Luego de estudiar muchas fórmulas, decidieron iniciar la búsqueda de nuevos operadores idóneos del servicio para los 2,7 millones de usuarios en la costa Caribe. Por eso, el ministerio abrió una convocatoria para buscar operadores que manejen las dos zonas en que quedaron repartidos los siete departamentos de la costa. El nuevo operador tendrá que invertir unos 8 billones de pesos para garantizar la idoneidad del servicio.

La dura lucha por el empleo

El desempleo, uno de los temas sensibles de la agenda económica, viene mostrando indicadores críticos, y hasta mayo pasado registró 10,5 por ciento, uno de los más altos de los últimos años. Los especialistas ya coinciden en que, desde hace tres años, la economía ha destruido puestos de trabajo en lugar de crearlos.

En ese contexto se mueve Alicia Arango, la jefa de la cartera de Trabajo. Por eso, a la hora de hablar de logros hay que explicar que el desempleo es estructural. Y que lo originan las grandes barreras de la normativa colombiana que, por ejemplo, condena a la informalidad al 44 por ciento de la fuerza laboral del país.

Arango ha enfrentado el problema con una estrategia integral que mezcla programas de formación para el trabajo, medidas para aumentar la formalización e impulsar la creación de nuevos puestos. Todo ello mediante el impulso del emprendimiento y el fortalecimiento empresarial.

En ese esfuerzo ha logrado procesos de concertación importantes, que comienzan por el diálogo social, para tomar decisiones tras escuchar a todas las partes. Producto de ese esfuerzo hubo acuerdo para un aumento salarial aceptado por las centrales obreras, que representó el mayor incremento de sueldos para el sector público en 14 años. Además, el incremento salarial para el mínimo de este año, también concertado, fue el mayor en 25 años.

Puede leer: "Colombia necesita un sistema de trabajo por horas”: Alicia Arango

En el Plan de Desarrollo logró incorporar el famoso piso de protección social. Este permitirá a las personas que ganan menos de un salario mínimo acceder a prestaciones como los Beneficios Económicos Periódicos, programa que se verá fortalecido.

Pero los problemas siguen siendo enormes. Están en su agenda la pertinencia del trabajo, el servicio público de empleo que facilite el encuentro entre la oferta y la demanda laboral, y el fortalecimiento del emprendimiento y la actividad empresarial.

Arango lo tiene claro, y más cuando debe lidiar con otras situaciones críticas; por ejemplo, las nuevas tecnologías que producen inconformidades, como las protestas contra Rappi de quienes usan la aplicación como fuente de trabajo. La ministra tiene claro que no es posible impedir esta clase de emprendimientos, pero también que, ante el éxito avasallador de la revolución tecnológica, los empleados no deben correr con el mayor costo. Por eso, el Gobierno impulsará un proyecto de ley para abordar esta situación con las plataformas tecnológicas.