Minhacienda aprueba gastos para continuar descongestión

Las alertas de paro judicial parecen silenciarse. El Ministerio de Hacienda aprobó el uso de los recursos que estaban pendientes para poder seguir dando marcha al plan nacional de descongestión. Este mismo lunes, cuando Asonal estaba ad portas de convocar a sus bases a un nuevo cese de actividades, la cartera le dio su visto bueno al uso de los dineros hacía falta para financiar la continuación del plan nacional de descongestión.
 
Cuando decenas de funcionarios judiciales discutían si decretaban el paro o no, el Ministerio de Hacienda le informó a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que podía hacer uso de los 28.000 millones que costaría la renovación del plan. Esto permite dar continuidad a los 2.000 funcionarios que veían su continuidad en vilo.
 
Las tensiones entre los trabajadores, la rama y el Gobierno resurgieron el jueves pasado, cuando la Sala Administrativa emitió un acuerdo en el que dispuso convertir en permanentes cerca 6.000 cargos de descongestión que durante años fueron ejercidos en provisionalidad. Si bien esa noticia ponía fin al padecimiento de la mayor parte de los jueces, escribientes, notificadrtes y otros servidores responsables de la ejecución del plan nacional de descongestión judicial, también dejaba en el limbo a la cuarta parte de ellos.
 
Unos 2.000 funcionarios quedarían excluidos de sus puestos de trabajo si el Consejo no renovaba el plan. Por eso los temores y los anuncios de voceros de Asonal Judicial que se declaraban en asamblea para discutir la posibilidad de entrar en paro. Según la Sala Administrativa, el Gobierno era responsable de dar el visto bueno al uso de los recursos necesarios para financiar la continuación del plan.
 
Ese visto bueno llegó. Alrededor de las 5:30 p. m. llegó al Palacio de Justicia una comunicación del Ministerio de Hacienda. En ella se informaba de la liberación de 28.000 millones de pesos para costear la plataforma. Ahora todo depende de que la Sala emita el acuerdo que permita que el plan a cargo de los 2.000 servidores que ya se consideraban cesantes puedan seguir ejecutando el programa de descongestión judicial.
 
Con esta decisión, no sólo tiene lugar una medida efectiva para evitar el paro. También se establece una medida que impedirá que la respuesta de los operadores judiciales al ciudadano sea más demorada de lo que ya es. No en vano el Tribunal Superior de Bogotá advirtió sobre el cuarto de millón de procesos que están a cargo de juzgados de descongestión, en primera instancia, lo que refleja el peso que tiene este plan en la evacuación de la muy elevada conflictividad jurídica que vive el país.