Una liberal, un uribista y un opositor investigan campaña Santos Presidente en el CNE

Una compulsa de copias de la Fiscalía radicada el pasado mes de marzo volvió a desacomodar a los magistrados del Consejo Nacional Electoral en torno de uno de los casos más polémicos de su historia. En el documento se adjuntan nuevas evidencias de la supuesta financiación de Odebrecht a la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos.

Parecía caso cerrado. El año pasado, la caducidad le ganó la carrera a la magistrada Ángela Hernández (del partido Conservador) que pedía sancionar a la campaña de reelección de Santos por la entrada de dineros de Odebrecht. Esta vez, con los mismos hechos sobre la mesa pero más pruebas, la historia se repite y el gran interrogante es si conseguirá un desenlace diferente.

En este capítulo, los magistrados por mayoría decidieron comenzar de un modo distinto. Apelaron a una figura del reglamento para casos de extrema "importancia y complejidad" y designaron a una comisión de tres magistrados para estudiar el expediente. La selección se hizo por sorteo y los tres delegados que se ganaron la balota resultaron ser de polos opuestos: Renato Rafael Contreras del Centro Democrático, Doris Méndez Cubillos del Partido Liberal y Luis Guillermo Pérez de la oposición.

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La selección de la magistrada Cubillos ya desató comentarios. Como representante del liberalismo en el órgano electoral hay quienes creen que debería hacerse a un lado, teniendo en cuenta que su partido salió salpicado en recientes declaraciones dentro del proceso. En caso de que tenga que declararse impedida o le acepten una eventual recusación, la comisión quedaría conformada por dos investigadores. 

Fuentes del órgano electoral señalan que en el caso de Cubillos no se configura ninguna causal de impedimento solo por el hecho de pertenecer al partido Liberal. "Si bien es cierto los miembros del Consejo Nacional Electoral son elegidos por el Congreso de la República, previa postulación de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, también lo es que en las decisiones que adopten no escapan del mandato constitucional de estar sometidas sus providencias al imperio de la ley, cómo lo ordena el artículo 230 superior", señalan.

Los otros dos investigadores tienen posturas irreconciliables. De un lado está el magistrado Contreras, afín al uribismo. Y hoy definirse uribista real es jurarse antisantista. Contreras llegó al tribunal electoral por recomendación del exmagistrado Felipe García, quien hasta hace un año era el representante del Centro Democrático en el CNE. En la otra esquina está Luis Guillermo Pérez, el único magistrado de oposición en el tribunal electoral. Fue miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y ha tenido una larga historia de desencuentros con el uribismo.

Estos nombres tendrán que tomar una nueva decisión alrededor del espinoso caso, que sufrió una primera derrota después de que los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Patrana denunciaran a través de una carta los nombres de tres firmas a través de las cuales se habrían hecho los giros a la campaña. Los representantes de Inversiones Torrosa, RGQ Logistics y Gistic Soluciones están llamados a imputación de cargos después de varios años de investigaciones. 

Sin embargo, lo que parece haber removido el ajedrez político fueron las declaraciones que en junio de hace un año entregó a la Fiscalía Andrés Sanmiguel y que permanecieron en el completo hermetismo en el despacho del fiscal Daniel Hernández, hasta marzo pasado cuando fueron trasladadas al CNE. En estas, el representante legal de la firma Gistic Soluciones cómo supuestamente entraron 3.800 millones de pesos de Odebrecht a la campaña de Santos.

Se prevé que en agosto sean imputados Esteban Moreno, nombrado como gerente de la campaña al Congreso de Simón Gaviria por el Partido Liberal; David Portilla representante de Fagar Servicios, una constructora española; y Andrés Sanmiguel. También está citado el empresario barranquillero Javier Torres, representante legal de Torrosa.

“Yo tenía que ir como representante de Gistic y ahí fue cuando realmente hablé con Esteban Moreno, porque él llegó lleno de escoltas y entraron y recibieron la plata con esa gente. David Portilla, era el que estaba coordinando todo”, aseguró Sanmiguel a la Fiscalía. De encontrar asidero en esta hipótesis, y en las declaraciones de Sanmiguel, el CNE –en teoría– podría haber duras sanciones para los partidos involucrados, incluso, la pérdida de la personería jurídica. Por su parte, el Partido Liberal asegura que “todos sus libros de contabilidad son transparentes”.

El presidente del CNE, Heriberto Sanabria, asegura que habrá celeridad en el caso y que la comisión presentará el informe en dos semanas. Esto frente a las reiteradas críticas al CNE por la dilación en los procesos que estudia. 

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