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Lo que se conoce como la Oficina de Envigado ejerce un control sobre gran parte de los barrios de Medellín. La extorsión y el manejo de los negocios ilícitos financian a unos 7.000 delincuentes.

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Oficina de Envigado insiste en negociar

La estructura delincuencial más antigua del país le pide al Gobierno sentarse a buscar una salida negociada del conflicto urbano.

11 de noviembre de 2016

El mundo criminal de Medellín ha tenido un año convulso, mientras la alcaldía de Federico Gutiérrez se ha metido frontal en territorios en los que ésta ha campeado libremente, como el centro, la llamada Oficina de Envigado ha manifestado sus intenciones de negociación de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, como ya lo publicó Semana hace unas meses.

Además, después de los movimientos en la Fiscalía que llevaron a la fiscal Alexandra Vélez a dejar una negociación con Julián Andrey González Vásquez, alias ‘Barny’; Edinson Rodolfo Rojas, alias ‘Pichi’; y Juan Camilo Rendón Castro, alias ‘Peluco’, quienes entregaron información para la desarticulación de algunas bandas y el desmantelamiento de caletas en las que se encontraron hasta setenta armas, parecía que cualquier acercamiento se había echado a perder.

Semana.com conoció que, pese a que ‘Barny‘, ‘Pichi‘ y ‘Peluco‘ se habían negado a continuar colaborando con la justicia tras la salida de la fiscal Alexandra de la Unidad de Vida, su presión desde las cárceles ha ayudado a que algunos de los criminales más buscados de Medellín se hayan entregado a las autoridades en los últimos meses.

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Estas intenciones de paz, o de sometimiento para adquirir beneficios con la entrega de información y otras materias que le interesarían a la justicia, quedan claros en una carta que “la dirección colegiada de los grupos armados agremiados en torno a la organización denominada ‘La oficina’” le envió al presidente Santos.

En uno de los párrafos, la carta dice: “Peticionamos ser incluidos en un proceso exploratorio que tenga como fin general la consolidación de una paz urbana como complemento necesario al esfuerzo por la paz rural; mediante la aplicación de la justicia transicional que nos facilite una disolución política, legal y social de nuestras estructuras armadas”.

Hay varias claves en la nota que muestran el avance de una propuesta por parte de la organización criminal. Semana.com supo que desde hace varios meses el Clan del Golfo se acercó a la Oficina para unirse de cara a un sometimiento a la justicia, lo que está expresado en la misiva: “Invitamos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) a sumarse a nuestra petición, pues conocemos su voluntad para construir paz con todos y para todos”.

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Además aparecen figuras clave, que darían confianza a una posible negociación: monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía; el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y su gerente de Paz, Tatiana Gutiérrez; el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y su secretario de Seguridad, Gustavo Villegas; y el CICR.

Desde hace varios meses, algunos abogados de la ciudad están trabajando en el marco jurídico en el que se pudiera dar una rendición en la que la organización criminal tenga algunos beneficios jurídicos. Además, ya hay organizaciones de base formadas, como Sinergia, que estarían dispuestas a hacer un puente para que los jóvenes que estarían inmersos en los grupos criminales que están al servicio de la “Oficina”, pueden reintegrarse.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le dijo a Semana.com sobre esta propuesta, que su administración, en caso de que el presidente Santos decida empezar una negociación, estaría dispuesta a acompañar y a respaldar, “sin embargo ahora estamos para enfrentar esas estructuras criminales, y lo hemos hecho con vehemencia”.

Uno de los bemoles que se ve en la propuesta, es que la organización criminal no tiene un estatus político, por lo que más que hablar de una negociación, los expertos creen que se debería tratar de una rendición con beneficios pagados con información que va desde entrega de rutas de narcotráfico hasta la desarticulación de bandas.

Por ahora, la pelota está del lado del Gobierno. Un posible desarme de la estructura delincuencial, con origen narcotraficante, más antigua del país, le daría un respiro a Medellín. Además, sobre la mesa queda un tema pendiente en la negociación con la guerrilla: el conflicto urbano.