La Procuraduría delegada para la Vigilancia Administrativa ordenó abrir una indagación previa a funcionarios por determinar de Ecopetrol y de la Unidad de Información y Análisis Financiero, por las irregularidades que se habrían presentado en el rastreo de información a empleados vinculados a la estatal petrolera.
La procuradora primera delegada para la Vigilancia Administrativa, Sonia Patricia Téllez, confirmó en su decisión: “Iniciar indagación previa en contra de funcionarios por determinar de Ecopetrol y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en los términos del artículo 208 de la Ley 1952 de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído”.
La Procuraduría anunció que esta decisión se da después de las revelaciones de varios medios de comunicación que denunciaron la supuesta solicitud que le habría hecho Ecopetrol a la UIAF para que revisara información de algunos integrantes de su junta directiva y otras personas vinculadas a la sociedad de economía mixta.
El ente de control detalló que en las denuncias se fijó que dichas consultas habrían sido tramitadas sin orden judicial y sin algún tipo de notificación previa a las personas que les fue solicitada la información, entre ellos, al ministro de Minas y Energías, Edwin Palma.
Los funcionarios de Ecopetrol serán investigados por solicitar la información financiera y los de la Unidad de Información y Análisis Financiero por suministrar dicha información, al parecer, sin cumplir requisitos legales y los protocolos establecidos.
La Procuraduría aclaró en el auto de apertura: “El artículo 208 de la Ley 1952 de 2019, establece que, la indagación previa procede en caso de duda sobre la identificación o individualización del posible autor o autores de una falta disciplinaria”.
Apenas los presuntos autores sean identificados, la Procuraduría deberá abrir de inmediato una investigación formal por estos hechos que salpican a la empresa más importante de Colombia y a la entidad a cargo de prevenir y detectar operaciones de lavado de activos, financiación de terrorismo, entre otras actividades.
La procuradora Téllez le ordenó a Ecopetrol entregar información de los servidores que tomaron la decisión de solicitar el rastreo de algunos de sus compañeros a la UIAF, quienes deberán explicar las razones y fundamentos jurídicos que los llevó a tramitar esa petición.