¿Peor que el 8000?

La orden de captura promulgada por la Corte Suprema contra tres congresistas tiene sabor a crisis política. No sólo porque cobija a la mitad de la dirigencia de un departamento, Sucre, sino porque la noticia fue recibida como una señal de que el destape de situaciones similares en otras regiones continuará. También por la gravedad de los delitos imputados a los congresistas: asesinatos, masacres y creación de grupos paramilitares.

El propio fiscal general, Mario Iguarán, alimentó la expectativa. Afirmó que el proceso de los congresistas sucreños es peor que el 8.000 de los años 90 porque involucra delitos de lesa humanidad y el robo continuado de los recursos del Estado, de lo cual están sindicados también ex gobernadores y diputados del mismo departamento. La sola mención en boca del Fiscal de la crisis política más grave de la historia reciente, en la que llegó a tambalear el gobierno del presidente Ernesto Samper, resulta alarmante.

'El 8.000 de la Costa' tendrá implicaciones de largo alcance. La decisión de la Corte contra los senadores Álvaro García y Jairo Enrique Merlano, y contra el representante Eric Morris Taboada, se sustenta en una demanda presentada por Clara López Obregón en junio del año pasado. Desde entonces se han conocido datos -la mayor parte de ellos en el 'computador de Jorge 40'- que involucran a otros políticos con el paramilitarismo en diferentes lugares de la Costa. La Corte, hasta el momento, no se ha ocupado de ellos. (Ver artículo " Las pruebas hablan...")

También es elocuente que la justicia se haya demorado tanto tiempo para tomar decisiones. La información sobre los congresistas sucreños se conoce desde hace años. El Partido Liberal y el Polo Democrático los han denunciado en varias ocasiones y hasta Salvatore Mancuso y Vicente Castaño afirmaron que los paras controlaban el 30 por ciento del Congreso. Y no había pasado nada. La demora, en teoría, se debía a que las entidades judiciales tenían que estudiar con rigor el material probatorio, pero se habla de una posible obstrucción a la justicia. También pudo haber falta de credibilidad hacia algunos de los denunciantes, sobre todo de la oposición, cuya voz tenía un tono politizado.

Pero también ha habido una especie de escapismo colectivo. Eludir la reedición de la crisis de los 90, que llegó a frenar el crecimiento de la economía y a poner en la cuerda floja la estabilidad institucional. Y evitar el conocimiento de una verdad que puede llegar a ser muy amarga. La de muchos años de relaciones estrechas entre las jefaturas políticas regionales y los grupos paramilitares, convergentes en el interés de defenderse frente a una guerrilla activa y poderosa. Tampoco es cómodo plantear la hipótesis de que el paramilitarismo le abrió al narcotráfico puertas que, al costo de un gran derramamiento de sangre, la sociedad colombiana les había cerrado a los carteles de Medellín y Cali.

Puede ser prematuro sugerir que la situación tiene tan graves connotaciones. La investigación apenas comienza. Los congresistas afectados por órdenes de captura no están condenados y tendrán amplios espacios para alegar sus defensas. La tarea de escudriñamiento será difícil y concentrará una gran diferencia entre el 8.000 de los 90 y la situación actual. Hace 10 años había pruebas muy concretas. Miles de cheques girados por las empresas de fachada del cartel de Cali. Evidencias comprometedoras de que los narcos financiaron la política. El panorama de ahora es diferente. Hay variadas modalidades de relación entre los políticos y los paras. Desde aliados descarados hasta viejos caciques intimidados por el creciente poder local de los paras. Entre los dos extremos hay otros niveles de conducta pecaminosa, desde corrupción en las contrataciones públicas hasta la participación activa en la planeación de asesinatos.

El agitado panorama político es incómodo para el gobierno del presidente Uribe. Tendrá que lidiar con un Congreso prevenido y eventualmente con síntomas de parálisis. Y enfrentará desafíos políticos. Los congresistas con orden de captura apoyaron la reelección: Merlano desde el partido de La U, y Morris y García desde Colombia Democrática, el partido de Mario Uribe, primo del Presidente. Nada de esto significa que la figura presidencial esté salpicada, como estuvo hace 12 años. Pero queda la sensación de que no ha habido muchos controles para los apoyos políticos. Las célebres purgas en las listas uribistas un mes antes de las elecciones al Congreso no frenaron la llegada de ninguno de los que hoy tienen orden de captura. El Presidente ha sido parco en sus declaraciones, para resaltar el hecho de que nada tiene que ver con él, y el Ministro del Interior le ha bajado el tono a la situación. Pero hasta el momento no habían tenido que lidiar un lío político tan complejo.

En el Congreso también hay expectativa. Se percibe temor desde el debate promovido por Gustavo Petro, en el que sacó argumentos sobre vínculos entre algunos de sus colegas, hoy vinculados a la investigación, y grupos paramilitares. Existe la sensación de que la bola de nieve crecerá. Desde hace años, la actividad proselitista en varias regiones de Colombia ha tenido que llevarse a cabo en entornos totalmente contaminados por el paramilitarismo. La autoridad de los viejos caciques fue puesta en duda por el creciente poder de los poderosos comandantes. En algunos lugares perdieron la batalla. En otros, terminaron de socios. La pérdida de la dimensión nacional de los partidos tradicionales, al menos en parte, está relacionada con el surgimiento de estas organizaciones mafiosas en los niveles locales. Muchos políticos regionales quedaron con rabo de paja.

Finalmente, el poder judicial también será un gran protagonista. El sistema acusatorio, recientemente adoptado, se enfrentará a su bautizo de fuego. La Fiscalía acaba de recibir los expedientes de la ex congresista Muriel Benito Revollo, la del ex embajador Salvador Arana, la del ex gobernador de Bolívar Miguel Nule Amín, la del ganadero Joaquín García y más información sobre los cuatro diputados de Sucre detenidos hace un mes. Y para nadie es un secreto que Iguarán necesita reivindicarse después del escabroso incidente del 'brujo' Armando Martí.

No son muy distintas las circunstancias de la Corte Suprema. Le corresponde juzgar a los congresistas en ejercicio, pero más allá de su función normal, enfrenta un momento crucial desde el punto de vista de su peso institucional. El célebre choque de trenes con la Corte Constitucional ha opacado su brillo y la ha acorralado ante una opinión pública que se inclina a favor de esta última, porque la asocia con la tutela.

En una competencia que puede llegar a ser sana pero que necesita coordinación, la Corte y la Fiscalía tratarán los casos de los congresistas en forma paralela a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz para los ex jefes de las AUC. Un congresista culpable puede recibir una condena de más de 12 años. Los paras, según dicha ley, recibirán penas entre cinco y ocho años, reducibles. Los congresistas en La Picota, y los comandantes en una finca. ¿Es sostenible esa paradoja? ¿Podría conducir a escenarios tan insólitos como que los congresistas se desmovilicen, para lograr los mismos beneficios? Son preguntas de difícil respuesta, pero elocuentes sobre la complejidad de lo que se viene.

Lo cierto es que el panorama está muy agitado para los tres poderes. Y eso que sólo ha salido a flote la punta del iceberg.