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Los contradictores del expresidente recriminan la relación entre Duque y el fiscal.

POLÍTICA

¿Por qué la Fiscalía de Barbosa tendrá su prueba de fuego con el caso Uribe?

Por cuenta de la llegada del proceso de Uribe a la Fiscalía, Barbosa es criticado por medio país, mientras que otro sector lo respalda. Le quedan tres años y los retos serán enormes. El fiscal dice que no está impedido y que no tiene ningún vínculo de amistad con Uribe.

7 de septiembre de 2020

Desde que el fiscal general Francisco Barbosa llegó a liderar el ente de control, las críticas en su contra por parte de los contradictores del uribismo no han cesado. A Barbosa le cobran su cercanía con el presidente Iván Duque, ya que son amigos desde hace varios años. 

El presidente Duque le dijo a SEMANA que no ha visto el primer mandatario que terne enemigos, que no postuló a Barbosa por su cercanía sino por su competencia para el cargo y que fue escogido por la Corte Suprema de Justicia por unanimidad.

Las críticas aumentaron con la llegada del caso del expresidente Uribe a la Fiscalía. Para muchos contradictores del exmandatario la medida de aseguramiento impuesta por la Corte Suprema había sido una gran victoria y con ello pensaron que en este caso el Uribe sería hallado culpable.

Sin embargo con el paso del proceso a la Fiscalía -y la hábil jugada del expresidente y su defensa con la renuncia al Senado- sus críticos reprochan que la independencia de la investigación se puede ver afectada por la relación que existe entre Duque y Barbosa y Duque y Uribe. 

La senadora Paloma Valencia, una de las que más se ha pronunciado sobre el proceso de su mentor político, ha contradicho estas conjeturas diciendo que nada tiene que ver la relación porque el fiscal no es amigo de Uribe, sino de Duque. 

Para el uribismo el traspaso del proceso es un gran logro. En el fondo ellos saben que con Barbosa tendrán más garantías que con los magistrados de la Corte, que si bien han actuado en derecho también han despertado polémica por supuestos contratos y enfrentamientos políticos con el expresidente.

En los últimos días  trascendió que el fiscal que llevará el caso del expresidente será Gabriel Jaimes, coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema. A Jaimes le critican su cercanía con el exprocurador Alejandro Ordoñez, con quien trabajó en la Procuraduría y el Consejo de Estado.

Este hecho ha generado nuevos reparos por parte de los contradictores del uribismo quienes consideran que no habrá garantías ni independencia frente al proceso porque se sabe que Ordoñez es simpatizante del uribismo. 

Al nombrar a Jaimes, Barbosa dijo que había tomado esta decisión en aras de la independencia y la autonomía de la investigación, teniendo en cuenta el alto impacto nacional que tiene el proceso para el ente de control y para el país.

Jaimes  tendrá el reto más importante de su trayectoria profesional y las decisiones que tome en derecho afectarán su gestión, la de la Fiscalía y por supuesto las de Barbosa. Cuales sean las determinaciones que tome, en un caso tan polarizante, por un lado será recriminado y por el otro alabado.

Iván Cepeda, quien ha sido la contraparte del expresidente en estos hechos, ha movido sus fichas para ganar el pulso político y jurídico del caso. Al conocerse que la investigación pasaba a manos de la Fiscalía de Barbosa dijo que presentaría una recusación para que el fiscal general se aparte del caso.Barbosa dijo que no está impedido y que no tiene ningún vínculo de amistad con Uribe.

Cepeda dice que hay un claro impedimento por las relaciones que ya se han mencionado y que debe ser la propia Corte Suprema quien designe el funcionario investigador en aras de la transparencia en el proceso.

A pesar de lo lógico del argumento a priori, el proceso ya se encuentra en manos de Jaimes y será muy difícil que este panorama pueda tener un giro. No parece probable que Barbosa llegue a ser recusado, al igual que Jaimes.

Algunos incluso han propuesto que se implemente la figura del fiscal ad-hoc, como sucedió con Néstor Humberto Martínez. Sin embargo, el escenario es distinto por tratarse de contextos distintos.

Martínez tenía un claro conflicto de interés para investigar lo relacionado al Grupo Aval por haber sido asesor directo de Luis Carlos Sarmiento y haber tenido una relación laboral directa durante años con la entidad.

En el caso de Barbosa por más que se aten cabos entre las relaciones que puedan haber entre Uribe, Duque y Barbosa, no se evidencia un conflicto de interés directo entre el expresidente y el fiscal. Hasta donde se sabe la relación entre Uribe y Barbosa ha sido poca.

El fiscal general tiene por delante la gestión de tres años que le quedan en el cargo. Su liderazgo estará marcado por enormes retos en los que ahora se le suma uno de los procesos más importantes, como es el caso del expresidente Uribe.

Además del proceso, los colombianos le piden al fiscal claridad en las investigaciones por diferentes hechos que pueden llegar a tener mayor trascendencia. Por ejemplo, exigen respuestas concretas y completas frente a las masacres que se han registrado en diferentes zonas del país y en las que la labor de la Fiscalía resulta fundamental para esclarecer los hechos. En ese sentido, a la fecha, el fiscal general ha logrado el esclarecimiento de seis masacres, que dejaron 32 víctimas en los departamentos de Norte de Santander, Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Arauca y Nariño. En las últimas dos semanas, 16 personas han sido capturadas por estos hechos.