Primera condena por 'falsos positivos' de Soacha

El proceso que cursa por las muertes de Andrés Pesca Olaya y Eduardo Garzón Páez, víctimas de ejecuciones extrajudiciales, llegó este viernes a un importante capítulo. Una juez de Bucaramanga halló culpables a ocho uniformados.
 
Luego de que un fiscal de Derechos Humanos y DIH en 27 sesiones de juicio oral presentara testimonios, análisis de llamadas, y estudios de técnica balística, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, con funciones de conocimiento, condenó los militares por la desaparición y la muerte de Eduardo Garzón Páez y de Daniel Andrés Pesca Olaya.

Según lo establecido, Garzón Páez desapareció de Bogotá el 4 de marzo de 2008 y Pesca Olaya, residente el barrio Santa Lucía de la capital, desapareció de Soacha (Cundinamarca) el 2 de marzo del mismo año.

Esas dos personas fueron reportadas el 5 de marzo como muertas en combate librado por efectivos del Batallón Caldas, Quinta Brigada del Ejército, en la vereda El Brasil, municipio de Cimitarra (Santander).

A lo largo de la investigación la Fiscalía obtuvo los elementos materiales probatorios suficientes para desestimar la ocurrencia de un enfrentamiento entre las tropas regulares y los supuestos miembros de grupos armados ilegales.

El juzgador al sopesar los elementos materiales probatorios, fundamentalmente prueba pericial, allegados por la Fiscalía encontró méritos suficientes para condenar a: Wilson Javier Castro Pinto, coronel (r) comandante del Caldas, por homicidio agravado, desaparición forzada agravada y peculado por apropiación.

Por esos punibles también fue hallado responsable el teniente (r) Eduard Antonio Villany Realpe.

Así mismo, los procesados Jesús Eduardo Niampira, sargento viceprimero ( r), y Guillermo Pacheco Anzola, soldado profesional, fueron condenados por homicidio agravado, desaparición forzada agravada, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

Igualmente, los soldados profesionales Germán Augusto Oliveros Tabares, Juan Carlos Álvarez, Nelson Ospina Tabares y Benancio Puentes Guapacha fueron hallados responsables por homicidio agravado y desaparición forzada agravada.

El fiscal del caso solicitó al juzgador imponer a los condenados la máxima pena contemplada en el sistema penal acusatorio que es de 60 años.

La audiencia de individualización de pena será el 28 de junio a las dos de la tarde, mientras tanto los condenados permanecerán en la Quinta Brigada en Bucaramanga.